Por: Gonzalo Cordero, abogado**

La civilización requiere que la fuerza sea ejercida de manera exclusiva por el Estado y bajo un sistema de reglas legítimo y coactivo, que llamamos Derecho. En la ley se recogen valores indispensables, protegidos con una fuerza tal que su trasgresión hace caer sobre el infractor ese martillo gigantesco que llamamos el poder punitivo del estado.

Estas reglas y los valores que custodian son esenciales para la libertad y la seguridad individual, a veces cuesta comprender que el policía que nos impone el respeto a las normas no está constriñendo nuestra libertad, sino que la está asegurando, pues si no existieran las leyes y los policías, viviríamos entregados al arbitrio de la fuerza. Es decir, viviríamos fuera de la civilización.

El sentido común de las personas más sencillas lo comprende: esta semana circuló en redes sociales un video en el que un grupo de personas acude en ayuda de dos carabineros que estaban siendo golpeados por unos delincuentes que se resistían a su detención. Lamentablemente, hemos perdido ese sentido común, crecientemente vemos la ley como reglas que nos oprimen y a la fuerza pública como represores ilegítimos.

Nos hemos acostumbrado a una cierta percepción absurda que equipara al policía y al civil que lo enfrenta, al punto que hemos invertido eso que los abogados llaman la carga de la prueba; cada vez que una persona resulta lesionada en una refriega con la fuerza pública recae sobre los agentes del Estado la presunción de culpabilidad. En el caso del malabarista de Panguipulli, que lamentablemente falleció luego de atacar a un carabinero con un machete, a pesar de estar las imágenes que mostraban el ataque al policía, el Ministerio Público persiguió al agente de la ley hasta que los Tribunales Superiores lo absolvieron.

Ahora dos infantes de marina también son perseguidos por haber acudido en defensa de carabineros que eran atacados a balazos, en el contexto de un estado de emergencia que la mayoría del país, no solo justifica, sino demanda. Claro, los marinos repelieron a los agresores; pero ¡por favor! para eso estaban ahí, para eso el Estado Democrático de Derecho los sacó de su cuartel y les encomendó reforzar la seguridad de las personas. ¿Tiene el Ministerio Público antecedentes graves, fundados y creíbles de que esto no ocurrió así y hubo un abuso de poder? Tal parece que no, porque no se han dado a conocer; pero, me temo, que perseguirlos tiene buena prensa.

El Presidente Boric acaba de anunciar un proyecto de ley que prohibirá absolutamente que los civiles tengamos armas. Una decisión de este tipo supone, al menos, que quienes cuentan con el monopolio jurídico de las armas podrán actuar con el respaldo de la ciudadanía y de las instituciones del Estado y, la verdad, eso no ocurre hoy.

No me interesa tener armas, pero si policías y militares no pueden usarlas legítimamente, porque son perseguidos por los fiscales y linchados en los medios de comunicación, entonces necesitaré tenerlas. Ahí se acabó la civilización.

**Columna publicada en La Tercera de este domingo 5 de junio.