Frente al alarmante aumento de redes de narcotráfico y delitos graves en el país, y con miras al inicio de un nuevo proceso eleccionario, el diputado Álvaro Carter (Ind.-UDI), presentó este miércoles un proyecto de ley que busca prohibir que abogados de narcotraficantes o criminales imputados por otros delitos vinculados al crimen organizado, como porte ilegal de armas, sicariato, secuestro, extorsión, asociación ilícita, trata de personas, robo con violencia, y otros contemplados en la ley 20.000, puedan desempeñarse posteriormente en la administración del Estado o postular a cargos de elección popular.
“El narcotráfico constituye una amenaza grave para la independencia de los Estados, la democracia, la estabilidad de las naciones, la seguridad nacional y el Estado de Derecho (…) La industria de la droga compra funcionarios, elecciones y partidos. En una palabra, compra poder. Por eso, representa una amenaza para la seguridad y el desarrollo de los países, especialmente de aquellos ya golpeados por la pobreza, el desempleo y la urgente necesidad de responder a los graves desafíos planteados por los vínculos cada vez más estrechos entre el tráfico ilícito de drogas, la corrupción y otras formas de delincuencia organizada”, establece el proyecto de ley.
La moción perfecciona las normas establecidas en 1995 y 2005 para impedir que quienes se desempeñan en el Estado durante el ejercicio de sus funciones representen a personas imputadas por estos ilícitos. Así, con este proyecto se establece que tampoco podrán incorporarse o reincorporarse al servicio público en el futuro quienes previamente hayan ejercido como defensores de este tipo de criminales, con la expresa excepción de la Defensoría Penal Pública, y la Corporación de Asistencia Judicial.
“La guerra contra el narco se da en todos los niveles: su poder se sustenta en los narcotraficantes, pero también en quienes soportan sus actividades y permiten que su cadena productiva siga funcionando. Por supuesto, esto no es un proyecto contra el ejercicio de la profesión, pues el derecho a un abogado defensor es pilar de la democracia. Lo que buscamos simplemente es evitar que las redes de narcotráfico y crimen organizado, que poseen enormes recursos económicos y otras herramientas de persuasión o intimidación, puedan permear en el aparato estatal, lo que nos parece un deber mínimo para proteger a nuestros ciudadanos y nuestra democracia”, explicó el diputado Carter.
En tanto, Sulantay, quien también impulsa el proyecto, coincidió en que “el narcotráfico y la drogadicción están matando nuestra sociedad, por eso debemos atacar este flagelo por todos los flancos, y uno de esos por supuesto es erradicar a las personas que eventualmente pueden cumplir funciones públicas y que estén relacionadas en alguna forma, aunque sea por servicios profesionales, con este mundo. Es fundamental para eso sacar del camino a todos estos abogados que defienden a los narcotraficantes y que después en forma muy suelta de cuerpo se presentan a un cargo o postulan a un cargo público. Creo que ahí hay una delgada línea de ética entre el ejercicio libre de la profesión y lo que realmente debe parecer un profesional, y en este sentido no podemos darle espacio al narcotráfico y a la drogadicción en nuestro país”.
En la misma línea, el diputado Martínez indicó que “una de las principales labores que tenemos como país es impedir, a todo evento, que el narcotráfico y el crimen organizado se apodere del Estado. Ya hemos visto cómo ha ocurrido en otros países, y una vez que sucede se vuelve prácticamente imposible dar una lucha exitosa contra todas estas organizaciones. Por eso es que parece del todo razonable que cualquier persona que tenga o haya tenido algún tipo de vínculo profesional o contractual con este tipo de bandas, se le impida ingresar a la administración del Estado. En ningún caso queremos limitar el ejercicio profesional de alguien, sino que simplemente estamos tomando las precauciones necesarias dadas la grave crisis que seguridad que vivimos en nuestro país”.
