Prometía ser una semana ajetreada pero con perspectivas positivas para el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, quien quedaba al mando «en terreno» tras el inicio de las vacaciones del Presidente Sebastián Piñera.

Pero todo se torció pronto. Colchane entró en crisis en medio de la avalancha de migrantes ilegales; la provincia de Arauco y la Región de La Araucanía vivieron una nueva escalada de violencia, y la guinda de la torta fue la muerte del malabarista Francisco Martínez, en Panguipulli a manos de carabineros ayer viernes que culminó con gravísimos desórdenes en la ciudad, incluido el ataque incendiario y destrucción de la municipalidad local.

De hecho, este último caso significó para el secretario de Estado constituir un centro de monitoreo permanente desde ayer, además de disponer el envío urgente a la zona al subsecretario del Interior Juan Francisco Galli (quien también se encontraba de vacaciones), para intentar contener en terreno el desastre, en medio de las críticas abiertas del alcalde contra el actuar policial y su nula protección de la sede municipal, como también las evidencias confusas frente al procedimiento policial que terminó en la muerte del artista callejero.

En este escenario de emergencia, el ministro Delgado convocó a un Comité político extraordinario en La Moneda para abordar la crisis de Panguipulli, que contó con la participación del propio Presidente vía telemática. Urgencia no menor, tratando de atajar críticas por la demora en reaccionar ante la crisis de Panguipulli y las inoportunas vacaciones de varias autoridades claves (como aconteció con los casos de Araucanía y Colchane).

Al término del encuentro en La Moneda, el titular de Interior señaló que «como Gobierno queremos garantizar que se extremarán todas las medidas para que toda la información disponible con respecto a lo ocurrido ayer en Panguipulli sea puesto a disposición de la justicia, para que se pueda investigar exactamente lo que ocurrió en ese procedimiento«.

Afirmó que «durante un año se ejecutan más de 16 millones de operativos policiales de distintas índoles, y por supuesto que siempre vamos a lamentar que un operativo de estas características culmine con la vida de una persona». 

Añadió que «le he pedido y solicitado a Carabineros que entregue prontamente toda la información disponible y así poder investigar de manera transparente y en el menor tiempo posible lo que ahí ocurrió en el procedimiento y protocolos».

Asimismo, explicó que «un carabinero puede utilizar su arma de servicio como último recurso, cuando ve su vida amenazada o la de terceros. Esos protocolos están establecidos y los que nos interesa saber es que si este accionar se ajustó a la normativa vigente».

También se refirió específicamente a las manifestaciones que ocurrieron en Panguipulli tras la muerte del malabarista, sobre lo cual dijo «lamentar y condenar la violencia con la cual se quemó infraestructura que es muy importante para la comunidad«.

En ese sentido informó que «le solicité al subsecretario Galli que se desplazara a la zona y a otras autoridades regionales para hacer un levantamiento acabado de cuáles son los servicios afectados para la comunidad y a partir del lunes vamos a tener móviles disponibles y oficinas para seguir atendiendo a la comunidad».