Nueva Política Pública: ¿Quién paga los platos rotos?

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26 de Junio de 2013/SANTIAGO Un encapuchado quema una bandera chilena, en un barricada en el sector de Manuel Rodriguez con Alameda, tras los incidentes ocurridos al finalizar la marcha convocada por distintas organizaciones sociales por una educación de calidad. FOTO:MARIO DAVILA/AGENCIAUNO

De ahora en adelante, los padres de los menores de edad que sean condenados por dañar bienes de carácter público, como señaléticas, vehículos estatales y municipales, semáforos, paraderos, etc., deberán pagar por los daños provocados por sus hijos.

Así lo informó el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, quien indicó que la medida comenzará a ser aplicada “inmediatamente” mediante demandas que serán interpuestas por el Consejo de Defensa del Estado.

La acción responde a los altos costos que deben asumir las distintas municipalidades y reparticiones estatales tras las marchas o incidentes relacionados con fechas emblemáticas como el 11 de Septiembre o el Día del Joven Combatiente. Basados en el Artículo 2320 del Código Civil que señala que “Toda persona es responsable no sólo de sus propias acciones, sino del hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado…”, se pretende generar mayor conciencia social frente a los desmanes que causan algunos niños y jóvenes.

“La medida tendrá efecto sólo si se cumplen las causales de daño a bienes públicos, que exista la documentación que acredite el monto del perjuicio, que el caso no haya prescrito, que existan bienes por parte de los demandados que hagan permisible ejercer las medidas precautorias en caso de condena y que los menores residan en la casa de sus padres”, explica Susana Arancibia, docente del Magíster de Familia, Infancia y Adolescencia de la Universidad del Pacífico

Pero, ¿de dónde surge la ley y qué persigue el Estado? “En la última década, sin duda hemos asistido a una revolución social, en la cual los jóvenes han sido capaces de presentar sus demandas, de hacerse escuchar y propiciar los cambios que hoy transitamos a nivel país. Sin embargo, junto con este gran movimiento, se ha incorporado una forma de manifestación de carácter residual pero muy dañina: los conocidos disturbios, desmanes y destrozos, tanto a la propiedad pública como privada”, comenta la psicóloga y asistente social.

Para la experta, si bien  los niños y jóvenes que se manifiestan violentamente corresponden a una mínima expresión si se compara con la cantidad de adolescentes que asisten a las marchas, su presencia es tan nociva que termina en ocasiones por contaminar el acto principal. “Lo interesante de esta forma de participación es la conducta rabiosa que evidencian, emoción y conducta que dentro de un grupo de adolescentes puede llegar a contagiarse con facilidad. En este contexto, es importante poder diferenciar los actos vandálicos orientados a la oportunidad y robo, donde adultos utilizan a ciertos niños para infringir la ley”, advierte.

La docente de la Universidad del Pacífico, quien es especialista en resolución de conflictos y mediación familiar, señala que la medida del Estado, en una primera instancia, busca detener los destrozos de los bienes públicos que son de todos los ciudadanos, sobre lo cual tenemos escasa conciencia. “Intenta lograrlo a través del pago individual de la deuda. En otras palabras, cada padre es responsable de los destrozos que realiza su hijo cuando este es pequeño, situación que no varía en la medida que el hijo es adolescente y está aún bajo su resguardo”, aclara.

Para Susana Arancibia, la medida de seguridad pública también apunta a los roles parentales que se espera que padre y madre cumplan. “Sucede que hay casos, como por ejemplo de algunos padres separados, donde la parentalidad se limita a entregar dinero. En otros casos, hay padres que al observar la altura de sus  hijos, más no su desarrollo integral, asumen que éstos ya deberían responder como adultos y, por tanto, tienden a despreocuparse”, indica.

La docente reconoce que uno de los grandes problemas que enfrentan los padres de hijos adolescentes es que deben establecer una nueva forma de relacionarse. “Debemos, por una parte, constituir un nuevo contrato entre padres e hijos, que implica la presencia de una forma distinta a la que se estábamos acostumbrado cuando ellos eran niños; negociar el uso del poder. Por otra parte, son los propios hijos los encargados de señalar a sus padres que no quieren y no necesitan ser cuidados. Surge ahí la paradoja, ya que independiente de los valores que les hemos entregado en casa, los padres debemos cuidar a los adolescentes a su pesar, ya que su psiquis aún está en desarrollo y esto los convierte en blanco fácil de cualquier grupo o movimiento”, enfatiza.

Entonces, ¿cómo lograr el equilibrio sin faltarles el respeto? ¿Cómo cuidarlos sin cercenar sus ansias de libertad?“Principalmente en la sociedad que transitamos, la comunicación directa con nuestros seres queridos se está transformando en un lujo, sin embargo la mejor forma de estar con ellos es a través de la conversación cercana, amorosa, sincera, preocupada y ocupada en sus personas, donde los padres nos mostramos con virtudes y defectos, pero a pesar de estos, nuestra capacidad de protegerlos está siempre presente”, dice Arancibia.

Finalmente, la especialista señala que una tercera intención de la política podría apuntar directamente a la protección de los niños, niñas y adolescentes. “Ello, porque se hace un llamado explícito a los padres para pasar del locus de control externo, donde se transforman en espectadores de las situaciones que enfrentan sus hijos, a un locus de control interno, donde deberán construir junto a ellos una realidad en la cual los niños, niñas y jóvenes sean capaces de canalizar sus demandas, pero también sus emociones de manera asertiva, no solo frente al gobierno, sino frente a la vida”, precisa.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta nueva política pública tendrá efectos no solo en los padres, sino en toda la familia. “Si los padres tienen que asumir responsablemente la deuda de sus  hijos, esto puede traducirse en una injusticia para el resto del grupo familiar, ya que la ley no exime la vivienda como bien transable, o cuando el pago afecte la calidad de vida de otros niños menores que también son responsabilidad de esos padres”, comenta la docente de la Universidad del Pacífico.

Asimismo, agrega que surgen otras dos interrogantes. “La primera es en aquellos casos en que la familia no posea bienes. ¿Cómo se aplicará la ley? Y la segunda, que pareciera resultar curiosa, se señala a los padres como responsables, pero de alguna forma se exime civilmente al hijo, en circunstancias que lo esperable sería que el padre fuese co-responsable. De forma contraria, se vuelve a desresponsabilizar al adolescente de su accionar, consecuencia que a todas luces  los adultos debemos evitar”, finaliza Arancibia.

 

 

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