Diputado PS Soto presentó denuncia ante ministra Rutherford por presunto fraude al Fisco en la FACh

Investigación de la Contraloría General de la República detectó irregularidades en torno a US$ 1.3 millones, correspondientes a comisiones de servicios al extranjero, fletes, viáticos y pasajes aéreos entre 2017 y 2018.

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El diputado PS Leonardo Soto presentó esta martes una denuncia penal ante la ministra de la Corte Marcial Romy Rutherford, por las irregularidades detectadas en mayo por la Contraloría General de la República en la Fuerza Aérea de Chile en comisiones de servicios al extranjero, fletes, viáticos y pasajes aéreos entre 2017 y 2018, que no cuentan con respaldo y que ascienden a USD 1,3 millones.

El ente fiscalizador ordenó a la FACh restituir dichos montos.

El parlamentario, autor de la solicitud que llevó al organismo fiscalizador a iniciar esta auditoría en la FACh, acusó que “se detectó un mecanismo utilizado por la FACh para transferir recursos públicos a altos oficiales, con la finalidad de financiar sus viajes al extranjero, mediante un procedimiento institucional aún más informal, ilegal y facilitador de la corrupción que el empleado por el Ejército“.

Añadió también que “se les transfirieron dineros por más de USD 1,3 millones, en base a simples cotizaciones de pasajes aéreos de agencias de viajes, con valores inflados, por sobre los reales y sin exigir la rendición que la ley establecía para los gastos realizados, entre otras graves irregularidades reñidas con la probidad”.

Aún más, Soto detalló que “el informe advierte coincidencias entre las fechas de los viajes de algunos funcionarios con el de sus cónyuges, que no se pudo acreditar por la informalidad y el ilegal descontrol institucional, señalando el Contralor que ‘existe el riesgo de que los viajes de las cónyuges hayan sido financiados total o parcialmente con recursos públicos'”.

A juicio de legislador, “la gravedad y multiplicidad de irregularidades detectadas por la Contraloría y su similitud con delitos similares cometidos en el Ejército, constituyen antecedentes graves que pueden configurar una posible comisión de delitos de malversación de fondos públicos, fraude al fisco y otros delitos de corrupción por parte de altos oficiales, que justifican perfectamente ser investigados penalmente, para la determinación de las responsabilidades y el establecimiento de las sanciones penales de todos quienes resulten responsables”.

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