Este domingo, ha reflotado con fuerza la información -no oficial, ni confirmada por autoridad alguna- que se cerraría el Penal de Punta Peuco. En esta línea el senador de Renovación Nacional, Baldo Prokurica, en una dura carta dirigida al Gobierno y publicada en El Mercurio señala que sería una acción electoral: «El gobierno de la Nueva Mayoría utiliza los derechos humanos de personas que están hoy día en las cárceles chilenas en búsqueda de un «eventual beneficio electoral», cuando estamos ad portas de las elecciones presidenciales de noviembre», sostiene el parlamentario que pertenece de la Comisión Defensa del Senado y cuyo nombre han hecho sonar algunos medios como eventual carta para ser el ministro de Defensa si llegar a ganar la presidencial Piñera.

A continuación el texto de la carta de Prokurica:

«Frente a las declaraciones de la Presidenta Michelle Bachelet de cumplir con un supuesto compromiso de cerrar el penal de Punta Peuco, es indispensable que los chilenos, en base a una serie de informes técnicos y de documentos hechos por instituciones del Estado, realicemos una reflexión respecto de la situación de las cárceles en nuestro país.

Quiero hacer mención, en primer lugar, al informe realizado por la ex fiscal de la Corte Suprema Mónica Maldonado, el que concluyó que «el hacinamiento en las cárceles chilenas afecta la integridad física de los internos, a la vez que constituyen condiciones de vida degradantes».

En segundo lugar, quiero hacer referencia a un informe que solicité al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) sobre establecimientos penitenciarios como el de Copiapó el año 2014, donde entre otras conclusiones se recomienda, en el caso de esta cárcel, «redistribuir el penal para disminuir el hacinamiento», incluso porque Chile arriesga ser sancionado por organismos de Derechos Humanos, por el trato degradante contra quienes están privados de libertad.

Por tanto, anunciar el cierre de cualquiera de las cárceles de nuestro país, en este caso de Punta Peuco -donde además parte importante de su población penal son adultos mayores, que en algunos casos sufren enfermedades terminales o que afectan sus facultades mentales, como el alzhéimer-, constituye sin lugar a dudas un menosprecio total de los derechos humanos y la violación flagrante de las disposiciones legales que rigen en Chile, como, por ejemplo, la Declaración Interamericana de Derechos Humanos -Pacto de San José-, o resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Creo que la administración de la Presidenta Bachelet cae en el juego de los regímenes latinoamericanos, como el de Evo Morales en Bolivia, que reflota los temas limítrofes con Chile cada vez que se acerca una elección en su país.

En el caso nuestro, el gobierno de la Nueva Mayoría utiliza los derechos humanos de personas que están hoy día en las cárceles chilenas en búsqueda de un «eventual beneficio electoral», cuando estamos ad portas de las elecciones presidenciales de noviembre», termina señalando el senador Baldo Prokurica.