La Convención Constitucional aprobó por mayoría total (105 votos a favor) declaración sobre indulto a las y los presos de la revuelta y la desmilitarización de La Araucanía/Wallmapu, entregando una potente señal de este organismo a los Poderes Legislativo y Judicial y que le abre una brecha al Ejecutivo que sigue debilitándose ante una desconfiada ciudadanía justamente en los poderes tradicionales de la Nación.
«La Convención Constitucional a los órganos del poder constituido sobre la prisión política en chile y la militarización del wallmapu señala que la revuelta social costó decenas de vidas, violaciones a los DD.HH. cometidas por agentes del Estado (…) que no podemos invisibilizar. Miles de personas fueron detenidas y sometidas a condiciones ilegales, acusadas de manera injusta, arbitraria e inhumana, mientras que otro gran número nunca tuvo un debido proceso ni la aplicación de la presunción de inocencia (…) hoy resulta fundamental para un proceso democrático y una verdadera paz social para los pueblos, que los órganos del poder constituido allanen los caminos ofreciendo garantías democráticas y de equidad para que el proceso histórico que atravesamos funcione adecuadamente y sea reconocido como legítimo por los pueblos y naciones de Chile», señal la declaración.
«La Convención, sin pretender interferir ni arrogarse las competencias o atribuciones de otros poderes del Estado, tiene la responsabilidad política de pronunciarse frente al país en relación con estas situaciones contingentes que, claramente, contravienen el espíritu que guía su trabajo: asentar un camino de paz y justicia social para todas y todos los habitantes de nuestra comunidad política», añade la instancia.
«Respecto del Proyecto de Ley de Indulto General en la Comisión de Constitución del Senado, su tramitación con la máxima celeridad y al Poder Ejecutivo dar suma urgencia a la misma iniciativa, y al Proyecto de Ley de Reparación a Víctimas de DD.HH.», señala el pronunciamiento.
