Este jueves, el diputado PPD, Guillermo Ceroni, acompañado por el abogado, Gabriel Zaliasnik, presentó, ante el Tribunal de Garantía de Valparaíso, una querella criminal por la divulgación de una conversación privadas por WhatsApp.
La acción penal, dirigida contra los medios Agencia Uno y El Dínamo, además de todos quienes resulten responsables, se refiere a los delitos de: “captación y reproducción de comunicaciones de carácter privado”, “difusión de comunicaciones de carácter privado”, “revelación o difusión maliciosa de datos contenidos en un sistema de información” y “difusión pública o privada de comunicaciones obtenidas mediante su captación maliciosa y no autorizada”.
Ceroni comentó que “esta acción tiene por objeto proteger la intimidad de todos los chilenos, para que se fije una línea clara y nadie pueda entrometerse en la vida privada del otro”. Además, agregó que “aquí no se trata de coartar la libertad de prensa, sin embargo, bajo ese pretexto no se puede invadir la esfera íntima de la gente”.
El abogado Gabriel Zaliasnik explicó que “es inaceptable una conducta de este tipo, por lo cual creemos que no puede quedar impune. Así, confiamos en que la acción de la Fiscalía, la cual ya ha iniciado su investigación tras la denuncia interpuesta por la Cámara de Diputados, se vea reforzada con una acción efectiva de nuestra parte”.
“Creo que en Chile se han sobrepasado los límites de la privacidad y la justicia deberá volver a señalar dónde está el ámbito de la intimidad de las personas. No porque alguien ejerza un cargo público puede verse expuesto a una situación de esta gravedad. Para nosotros, quienes realizaron estos actos delictivos deben ser sancionados penalmente”, añadió Zaliasnik.
Por último, el diputado Guillermo Ceroni recordó que “el perjuicio que me han causado es enorme y ya está hecho, así que no valen las disculpas públicas. Junto con mi abogado llegaremos hasta las últimas consecuencias en este caso. Los medios que captaron o difundieron esas fotografías tienen que responder, porque creemos que esto es un delito”.
Cabe recordar que la filtración de la conversación que sostenía el parlamentario, ocurrió cuando el lente de un fotógrafo de la Agencia Uno, apostado en el área de prensa de la Sala de la Cámara captó la “encendida” conversación que sostenía el diputado en una sesión, es decir en horas de trabajo y en un espacio semi público, ya que es de ingreso restringido.
Nuestra observación
Seguramente la contienda legal se dará en este aspecto que alega el honorable, que se ha vulnerado la intimidad, pero lo cierto es que el propio afectado cometió un error garrafal como es mantener ese tipo de conversaciones en un espacio en que no está la privacidad que alega. Distinto sería si las fotografías hubiesen sido tomadas a la “mala” en la oficina privada o en un espacio cerrado en que solo tiene acceso el afectado, como ocurrió en el caso del juez Calvo, que fue grabado con cámaras ocultas.
Ahora bien ¿qué habría pasado si la conversación hubiese sido captada por un simple mortal y divulgada en redes sociales?