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El aumento en las clonaciones de tarjetas bancarias hace que las instituciones financieras del mundo entero busquen nuevas alternativas que les permitan entregar mayor seguridad a los usuarios y así evitar los tan comunes robos.

El entonces ministro Larraín dio a conocer un innovador cambio "de clase mundial" que permitió a la banca privada ofrecer servicios de administración de cuentas corrientes a municipalidades y otras instituciones públicas. A cinco años de su implementación, las cifras son muy buenas para la banca -cerca de US$3 mil millones- y para los alcaldes, quienes recibieron “aportes” para eventos culturales.

En 2003 se promulgó una Ley de Compras Públicas que a todas luces beneficia a la banca, perjudica a las pymes y no reporta mayores ingresos para el Fisco. Llama la atención que el administrador de la plataforma que contiene el Registro Electrónico de Proveedores del Estado sea la Cámara de Comercio de Santiago y que, esta, a su vez, tenga como miembro a tres de las principales instituciones financieras del país, encargadas de cobrar el "peaje de entrada" en cada licitación pública.

La acción legal busca beneficiar a cerca de 80 mil cuentacorrentistas de la entidad finnaciera que llevan años pagando altas comisiones por: líneas de crédito de sobregiro en cuenta corriente y líneas de crédito de emergencia.