Diputados de Oposición presentaron este jueves a las 09.30 horas, la anunciada acusación constitucional en contra del intendente metropolitano Felipe Guevara, basada en su supuesta responsabilidad en los hechos de violencia en el marco de las manifestaciones. En tanto, el Gobierno hizo una fuerte defensa de la autoridad regional haciendo énfasis en no debilitar el ejercicio de las funciones públicas en materia de orden público.
Los firmantes critican la orden de restricción de acceso a Plaza Baquedano, principal punto de encuentro de manifestantes desde el pasado 18 de octubre, al desplegar -desde el 20 de diciembre- una estrategia de “copamiento” para evitar las manifestaciones no autorizadas en el sector de Plaza Italia.
Los parlamentarios aseguran que la autoridad regional violó lo estipulado en el capítulo tercero, artículo 19 numeral 13 de la Constitución, donde se explicita el derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas.
El libelo fue firmado por Karol Cariola, Claudia Mix, Catalina Pérez, Gael Yeomans, Gabriel Ascencio, Ricardo Celis, Tomás Hirch, Amaro Labra, Manuel Monsalve y Luis Rocafull.
La acusación cuenta con 58 páginas y con la firma mínima requerida de 10 parlamentarios.
A su vez, se sortearon los integrantes de la comisión encargada de revisar la acusación constitucional, instancia que quedó integrada por los diputados José Miguel Castro (RN), los DC Pablo Lorenzini y José Miguel Ortiz, Alejandra Sepúlveda (FRVS) y Diego Ibáñez (Convergencia Social).
Desde la oposición confían en lograr los 78 votos que requieren para aprobar la acusación en la Cámara, donde nuevamente serán clave los respaldos de la DC y del PR. Más aún, dicha confianza se ha visto incrementada por las críticas transversales surgidas desde la Falange en contra de la autoridad regional.
Férrea defensa del gobierno
Conocida la formalización del libelo en el Congreso, el gobierno salió a respaldar la gestión del intendente Guevara, haciendo un llamado a no debilitar el resguardo de la seguridad y orden público.
En ese sentido, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, afirmó que “el intendente, lo único que ha hecho desde que asumió es cumplir con sus obligaciones legales y, por lo tanto, acusar a un intendente por cumplir la ley es muy irresponsable. Llamamos al Parlamento a actuar con seriedad y responsabilidad”, mientras hacía mención a la letra b del artículo 2° de la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, en relación a las facultades de un intendente regional: “Velar por que en el territorio de su jurisdicción se respete la tranquilidad, orden público y resguardo de las personas y bienes”.
Aún más, subrayó que “lo que están haciendo al acusarlo es debilitar el buen funcionamiento de nuestra democracia, el estado de derecho y el ejercicio de las facultades y atribuciones que tienen los intendentes por ley. Por lo tanto, yo llamo a la responsabilidad, a entender que el resguardo de la seguridad pública, el orden público, es una tarea de todos, y la acusación constitucional que se presentó no contribuye en nada, primero para resguardar el orden público y en segundo lugar para resolver los problemas más urgentes que tiene nuestro país”.
Agregó también que “estos conflictos (no sólo) debilitan las capacidades de las autoridades para ejercer su cargo como lo mandata la ley, sino que también no contribuyen en nada a superar los problemas que tiene nuestro país”, finalizando su intervención recalcando que “acusar a un intendente es hacer imposible a futuro el ejercicio de las funciones públicas en materia de orden público”.
