El anuncio del fiscal nacional, Jorge Abbott, de ordenar revisar las causas archivadas de presuntas violaciones de derechos humanos durante la última de sus reuniones semanales con los fiscales regionales, provocó una positiva reacción desde el Gobierno, donde el ministro de Justicia, Hernán Larraín, señaló que le alegraba «que el Ministerio Público y el fiscal nacional estén procurando ver cómo ser más eficientes«.

Abbott ya había anticipado la medida en la cuenta pública del Ministerio Público a fines del pasado mes de abril, planteando que la Unidad Especializada en Derechos Humanos sería la encargada de elaborar un plan de contingencia para examinar los criterios de actuación en la persecución de dichos casos, y evaluar su reapertura si lo ameritan.

Sin embargo, el pasado lunes, durante su reunión semanal habitual con los fiscales regionales, precisó que se creará un equipo especializado para analizar la reapertura de aquellas causas, en paralelo a un documento que pretende actualizar el proceder frente a estos ilícitos, que se dará a conocer en los próximos días.

Dicha actualización incluiría la persecución de la responsabilidad del mando de las instituciones relacionadas con los denunciados delitos de lesa humanidad.

El anuncio, en todo caso, no obtuvo aprobación unánime al interior del Ministerio Público, donde varios fiscales han señalado que Abbott habría cedido ante las presiones por abrir las investigaciones que involucran a víctimas de delitos relacionados con una violación de los derechos humanos, tras la crisis de octubre de 2019.

Según informes de Ciper Chile, en marzo el Ministerio Público “cerró sin formalizados el 46% de las causas por violaciones de derechos humanos ocurridas durante la crisis social”.

De acuerdo a las últimas cifras registradas por la Fiscalía hasta ahora, se han formalizado 57 causas por violaciones a los derechos humanos, que involucran a 118 imputados pertenecientes a Carabineros (113), el Ejército (4) y la Armada (1).

Gobierno valora iniciativa que busca mayor eficiencia

Al respecto, el ministro Larraín comentó que «hemos advertido que el sistema no ha funcionado con la velocidad y la respuesta eficaz que uno quisiera en temas como los producidos por el estallido social, pero también en otras materias», como por ejemplo, «muchos casos de abusos que se cometen en algunas residencias de menores y se denuncian, pero no tienen respuesta eficaz».

El secretario de Estado recordó entonces que la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal fue creada «para poder ver cómo mejorar este sistema de manera que las instituciones respondan, y yo me alegro de que el Ministerio Público y el fiscal nacional estén procurando ver cómo ser más eficientes«.

En tanto, el ministro vocero del Gobierno, Jaime Bellolio, coincidió con las palabras del titular de Justicia, añadiendo que «somos los principales interesados en que todas las causas de eventuales violaciones a los derechos humanos sean investigadas por la Fiscalía, sean tratadas por la Justicia y nunca jamás queden en la impunidad; eso es lo que a nosotros (como Gobierno) nos interesa, y por tanto esta noticia de que se van a reabrir algunas causas es una buena noticia, porque queremos que se investiguen absolutamente todas esas causas y ninguna de ellas quede en la impunidad».