Este jueves se dio a conocer formalmente el fallo de 80 páginas del Tribunal Constitucional respecto a los requerimientos presentados por parlamentarios de Chile Vamos y Republicanos contra Isabel Allende, en el que reconocen que vulneró la prohibición de los parlamentarios de no suscribir contratos con el Estado, y que determinó su destitución del Senado.
Lo anterior, en este caso específico, tras la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende, iniciativa impulsada por el propio Presidente Gabriel Boric, con el fin de convertirla en una casa museo, y que hasta ahora a implicado además la salida de dos ministras de Estado además de asesores del Ministerio de Bienes Nacionales y del Segundo Piso de La Moneda.
En el documento, se acusa que la senadora «infringió gravemente» la prohibición de celebrar contratos con el Estado, según describe el artículo 60, exponiendo además los argumentos de la senadora Allende en respuesta al requerimiento, quien expresó que «no puede entenderse esta adquisición como una mera compraventa de un inmueble entre particulares, sino como un procedimiento administrativo de adquisición, una contratación administrativa autorizada por la ley».
Fallo no invalida voluntad popular
«La regla que establece la causal de cesación en cargo parlamentario que hemos examinado, no busca entonces invalidar la voluntad popular, sino que garantizar que quienes ejerzan tal función pública lo hagan dentro del marco constitucional. El incumplimiento de una inhabilidad expresa es una causa legítima de pérdida del mandato popular, porque se trata de una condición constitucionalmente establecida para la permanencia en el mismo, y su aplicación no vulnera la democracia, sino que la resguarda«, sostiene también en su resolución el TC.
«La democracia en un Estado Constitucional de Derecho como el nuestro exige juridicidad, responsabilidad y sujeción a la Carta Fundamental por quienes han recibido el mandato popular. Al sancionar con la cesación en el respectivo cargo parlamentario como consecuencia de la celebración de contratos con el Estado, se protegen esos principios, reforzando así un alto estándar ético y jurídico en el desempeño de la función parlamentaria, velando con ello por la autonomía con que debe ejercerse», se detalló.
