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A través de un comunicado de prensa, los juristas del PS indican que los hechos que involucran a Carabineros afectan “gravemente” la “probidad pública de la institución y la práctica” del organismo dedicado a combatir la delincuencia.

“Si se llega a probar parte de los hechos, en el ámbito que se determine, el costo será muy alto para la institución que corresponda", advirtió el subsecretario del Interior.

"La situación planteada por el Ministerio Público no hace más que amparar a aquellas personas que se han dedicado a causar miedo y daño en las regiones del sur del país y deslegitima a dos importantes instituciones del Estado, las cuales solamente deberían estar preocupadas por la lucha de la delincuencia", precisó el jefe nacional de la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros (Dipolcar), general inspector Gonzalo Blu.

"Hubo manipulación de la evidencia y que los archivos que comprendían supuestas conversaciones que inculpaban a las personas que tenían calidad de imputados pudieron haber sido artificialmente instalados en los equipos telefónicos después de que fueron incautados, ya que no correspondían ni al formato ni a la ubicación en que se almacena la mensajería en estos aparatos", sostuvo el persecutor Cristián Paredes.

La unidad especial de la Fiscalía neuquina estableció también que está probada la participación de organizaciones de origen chileno en la fabricación de los dispositivos incendiarios, entre las que aparece la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), así como militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR).