Un informe elaborado por el ministro de la Corte Suprema, Arturo Prado, respecto a la situación de los jueces y funcionarios judiciales de Cañete, comuna dela Región del Biobío, reveló que existe “miedo” y “temor” de concurrir a trabajar debido a los constantes episodios de violencia rural.

El ministro Prado fue encomendado para analizar la situación que viven los funcionarios en esa localidad, la cual fue catalogada como “preocupante”.

El documento, que fue publicado por diversos medios de comunicación, señala que “el denominado ‘conflicto de La Araucanía’ ha cobrado cada vez una mayor intensidad en lo referido al uso de la violencia y a las repercusiones de las manifestaciones, en la tensión y agobio que prosiguen a continuación”.

El informe apunta a que esta situación afecta la agenda diaria de los tribunales de la comuna, por lo que se pide fijar la atención en estos hechos.

En una de sus partes, el documento es lapidario: “Existe miedo y temor de jueces y funcionarios desde que salen de sus casas para concurrir a trabajar, síntoma que se repite aun cuando permanezcan con trabajo a domicilio”.

Para fundamentar sus puntos de vista, Prado da cuenta de varios hechos considerados graves como el ocurrido el viernes 24 de abril cuando fue informado un ataque incendiario a la casa de un ex juez de la zona, quien “ante la amenaza y el riesgo expuesto a su persona y su familia, decidió retirarse del lugar”.

También revela otro hecho ocurrido el 9 de julio cuando se “destruyo en su integridad” la vivienda del ex fiscal Luis Morales, luego de un violento ataque incendiario. En esa línea, Prado también da cuenta otro ocurrido el 8 de julio, cuando una turba atacó en dos ocasiones el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete durante el desarrollo de un juicio.

Ante estos hechos de violencia, el máximo tribunal del país ordenó mantener el trabajo telemático en todos los tribunales de la zona, evaluar la posible entrega de una asignación de riesgo, oficiar a las policías para que entreguen mayor resguardo, notificar a los ministerios del Interior y Justicia, como también la creación de una mesa de trabajo para buscar soluciones.