Otro escándalo salpica a la causa que investiga el presunto espionaje ilegal a dirigentes políticos, empresarios y gremialistas durante la gestión del ex Presidente argentino Mauricio Macri, al salir a la luz unas 3.850 resoluciones de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que contienen los datos personales de más de un centenar de espías y exagentes, sin ningún tipo de recaudos para preservar las identidades.
En un documento que envió a la Justicia sin tomar ningún recaudo por la información sensible y de impacto internacional que contenía, la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, generó así la mayor filtración de datos de la inteligencia argentina en democracia.
Entro otros datos, figuran allí doce espías argentinos en diferentes países, con sus nombres y destinos, uno de los cuales trabaja en el Líbano y está activo desde hace 15 años, insertado en la comunidad local, donde opera Hezbollah, la organización acusada de los atentados contra la embajada de Israel en Argentina y la AMIA, hechos ocurridos en Buenos Aires en 1992 y 1994, respectivamente y que dejaron más de 100 víctimas fatales y sobre 500 heridos.
Además, se difundieron seis convenios internacionales secretos con Estados Unidos, España, Bolivia y Paraguay, sin consulta con esos países. También está la estructura orgánica del organismo de inteligencia, con el nombre y la identificación de cada uno de los mandos jerárquicos de los últimos años, así como los nombres de más de 2.000 espías y ex agentes, de los cuales 181 figuran incluso con su número de DNI.
Lo anterior pone en peligro no solo a agentes operativos, sino a analistas y las “relaciones de confianza” con servicios de inteligencia de otros países.
La filtración de las actas secretas de la AFI entre el 2016-2018 provocó, de acuerdo al diario bonaerense Clarín, que delegados de inteligencia asignados a países como Líbano, pidieran urgente ser repatriados juntos con sus familias. Tienen miedo de sufrir ataques, entre otras graves consecuencias.
En este difícil contexto están las designaciones de una agente en Francia; otra en Gran Bretaña; un hombre en Rusia; otro en España; dos en Bolivia; otro en Alemania; un hombre en Perú; otro en Venezuela y Colombia; y uno más en Paraguay, entre otros «funcionarios en el exterior». Diario Clarín pudo ver los nombres de esos agentes, pero no los publicó para resguardar su identidad según la Ley de Inteligencia. Muchos siguen en el terreno.
Con los datos enviados por Caamaño se pueden identificar la mayoría de los espías que fueron enviados en misiones a otros países, porque en las Resoluciones están los nombres de cada uno de esos agentes y a qué país fue enviado por la AFI.
El escándalo
Se trata de la primera vez que quedan expuestas todas las designaciones, renuncias, jubilaciones y transferencias de agentes ocurridas entre el 28 de diciembre de 2015 y el 22 de enero de 2019, asentadas en 268 páginas del Libro de Protocolo de Resoluciones de la AFI que fueron remitidas al Juzgado Federal de Lomas de Zamora, que interviene en la causa de espionaje ilegal.
Entre la información que figura aparecen las “licencias por maternidad” de agentes mujeres, así como las bonificaciones por “actividad riesgosa” y los espías enviados al exterior, junto con sus datos personales, aumentando el riesgo de quedar expuestos ante organizaciones criminales y servicios secretos de otros países. Esta situación «podría afectar intereses de la Nación«, plantearon los fiscales federales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, alarmados por la filtración de los documentos.
Según publicó Clarín, todas las miradas apuntan a la propia interventora, Cristina Caamaño, presidenta de Justicia Legítima y muy ligada a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, dado que fue quien levantó el secreto de esas actas para enviarlas al juzgado de Lomas de Zamor. Incardona y Eyherabide también quedaron en el ojo de la tormenta porque fueron quienes subieron las resoluciones al sistema informático donde tenían acceso todos los abogados de la causa judicial, sin tomar los debidos recaudos de protección de los datos personales de los agentes y exagentes de la AFI.
Las dos primeras resoluciones que figuran en el Libro de la AFI refieren a la aceptación de la renuncia del director de Contrainteligencia, Esteban Orestes Carella y su reemplazo por Martín Coste, el 28 de diciembre de 2015. De hecho, Carella es un polémico dirigente de La Cámpora que reasumió el mismo cargo con la actual gestión. Luego se suceden una serie de designaciones, jubilaciones y renuncias aceptadas de numerosos agentes identificados con su nombre y número de DNI, desde espías de menor rango hasta los cargos de la mayor parte de la planta directiva.
Además están los espías que fueron relevados del secreto para prestar declaraciones judiciales y los nombres de los agentes designados en comisión a otros países. Por ejemplo, figuran los datos de los tres espías enviados a la ciudad de Montevideo, Uruguay, en la Resolución N°178/16, así como otros dos agentes enviados a Bogotá, Colombia, con sus respectivos números de DNI, en la Resolución N°195/16, entre otros que ya circulan por la web.
Varios portales digitales de noticias publicaron las actas, algunas tachando los nombres y DNI de los agentes. “Pero hubo un portal que puso todos los datos íntegramente a disposición de los lectores, con lo cual se produjo una fuga de información imposible de controlar, que podría afectar la seguridad nacional”, dijo una fuente judicial, haciendo referencia al diario online de tendencia kirchnerista RealPolitik que anoche publicó todas las actas.
Fuentes judiciales señalaron a la actual conducción de la AFI como principal responsable de la difusión de los datos de sus agentes y exagentes: “Es que hubo una total desprolijidad, porque la AFI mandó todos los datos, sin tachaduras, y el juzgado escaneó todo el libro de actas y lo puso a disposición de todos los abogados que participan en la causa, sin proteger los nombres ni los números de documento de todos los agentes que figuran en esas actas”.
Denuncias en la Justicia
Cuatro exagentes de la AFI denunciaron a la interventora Cristina Caamaño por la filtración de todas estas Resoluciones. La acusan por incumplimiento de los deberes de funcionario público y “divulgación de secreto”. La causa quedó radicada en el juzgado de María Romilda Servini de Cubría, con la intervención del fiscal Jorge Taiano. Las penas por esos delitos llegan hasta los seis años de prisión e inhabilitación para ser funcionario público.
Los jubilados de la AFI, que trabajaron en áreas operativas y de análisis de información, señalaron en su denuncia que la Ley de Inteligencia Nacional asigna el “carácter de secreto” a la “identidad del personal que integra o integró las filas de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) o su continuadora Agencia Federal de Inteligencia (AFI)”. Pese a ello, la interventora del organismo oficial envió el Libro de Protocolo de Resoluciones “sin el más mínimo resguardo de seguridad. Los denunciantes hemos pertenecido al organismo y nuestras identidades fueron expuestas”, dijeron en su denuncia judicial.
Los diputados Cristian Ritondo, José Cano y Sebastián Garcia De Luca señalaron que “no se resguardó la identidad de los agentes, por lo que se habría violado la Ley de Inteligencia Nacional y el Código Penal en cuanto a la confidencialidad de la documentación, banco de datos y personal de los organismos de Inteligencia”.
Los legisladores destacaron que, mientras la AFI y la fiscalía de Lomas de Zamora, donde se sustancia “la causa del denominado Espionaje M, se reparten acusaciones, el origen cierto de la filtración todavía no es claro”. Y advirtieron sobre “la situación en la que se encuentran los agentes cuya identidad fue violada y sobre el grave riesgo en el que se encuentra el Sistema de Inteligencia Nacional, así como las relaciones con agencias extranjeras cuya cooperación es necesaria”.
De hecho, este domingo se conoció otra filtración en el juzgado de Lomas de Zamora, ya que los fiscales también subieron al sistema informático las planilla de un teléfono celular del secretario privado de Mauricio Macri, Darío Nieto, con datos personales y sensibles del expresidente de la Nación, como sus números de teléfonos celulares, contraseñas, domicilios, números de tarjetas de crédito y hasta del carnet de socio de Boca Juniors. Pero eso es parte de otra historia.
