Ministerio Público designa nuevos fiscales tras polémica renuncia de Gajardo y Norambuena

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El Ministerio Público anunció hoy que procedió a reemplazar a los renunciados fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, quienes dejaron de ser persecutores la semana pasada en medio de fuertes discrepancia con la decisión del organismo de justicia que busca una salida alternativa para el desaforado senador UDI, Iván Moreira, en el marco del caso Penta.

De esta forma, el fiscal Manuel Guerra dio a conocer que Felipe Sepúlveda será a partir del 1 de marzo próximo, el nuevo fiscal jefe de Alta Complejidad Oriente, mientras que Carlos Ramírez fue también designado a esa unidad judicial.

Actualmente, Sepúlveda desempeña labores como fiscal jefe de Ñuñoa y en su trayectoria judicial destacan distintos delitos económicos donde “obtuvo condena efectiva contra el químico Winston Michelson por estafa de 2.500 millones de pesos e indagó al Concejo de Las Américas por la denuncia de apropiarse de fondos destinados a campañas de prevención del VIH.

Por su parte, Ramírez labora como fiscal adjunto de Las Condes y en sus trabajos destaca la causa que concluyó en 2014 con la condena de un juez por delitos de abuso sexual, como también una sentencia condenatoria de presidio perpetuo calificado contra un violador serial en Maipú.

Son fiscales con 15 años de experiencia en la persecución penal, que han obtenido importantes condenas y que se han destacado por su profesionalismo”, explicó el fiscal Guerra.

Y agregó que “los objetivos de esta unidad serán el trabajo en las causas de delitos económicos, corrupción y el desafío de enfrentar los delitos de tráfico de migrantes y trata de personas“.

Hay que recordar que Carlos Gajardo y Pablo Norambuena renunciaron la semana pasada al Ministerio Público, explicando por medio de una carta dirigida al fiscal nacional Jorge Abbott, que su salida se debía al rechazo a la decisión de solicitar la suspensión condicional del procedimiento en contra del senador Moreira, en el marco del caso Penta, el cual consistía en la fijación de un domicilio conocido y el pago de 35 millones de pesos.

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