De La Conspiración del Silencio (Im Labyrinth des Schweigens, Giulio Ricciarelli, Alemania, 2014), la crítica ha opinado que es una película inteligente, honrada, pulcra, alejada de todo maniqueísmo, valiente y sin falsedad ni subterfugios. Pero acaso el valor didáctico de la cinta esté en demostrar que el paso del tiempo no otorga amnistía a los crímenes de lesa humanidad. Que para la verdad nunca pasa la ocasión. Que la memoria se encarga de recordar y de actualizar nuestro compromiso con ella. Que aunque el poder se empeñe en usar a las instituciones para ocultar los horrores del pasado, aún al precio de prolongar la impunidad, más temprano que tarde la conciencia moral de las personas y comunidades actúa sobre aquellas instituciones con el propósito de restablecer el imperio de la verdad.

Alemania, como se confirma en el film, tardó catorce años en iniciar procesos judiciales contra criminales de guerra que operaron en los campos de concentración. Una espera larga, pero no mayor que la de Hitler y del Partido Nacional Socialista en su afán por conquistar el poder, acabar con el entramado institucional del régimen democrático, desatar la guerra y perpetrar el Holocausto.

Aquí en Chile Augusto Pinochet y la dictadura civil y militar demoraron dieciséis años en desmontar el constitucionalismo democrático y el modelo de desarrollo prevaleciente hasta el golpe de Estado, pero, ya en 1993, Manuel Contreras, el hoy agónico ex director de la DINA, empezaba a purgar una condena que llegaría a sumar 529 años de cárcel, le seguiría Sergio Arellano Stark en 2000, y, en 2006, Pinochet que muere bajo arresto domiciliario.

Gracias a que la memoria fue capaz de vencer al olvido y a la indiferencia, todas estas esperas pudieron ver una luz de justicia. En todas la memoria triunfó sobre la violencia porque mantuvo latente el recuerdo de los horrores e injusticias y salvó a lo humano y civilizado de caer en la barbarie. En todas, la memoria reivindicó el derecho a la verdad por el que claman las víctimas aún después de muertas, por el que nos exhortan sus familiares, y por el que la sociedad refuerza el valor de la paz ahí donde el olvido alimenta la violencia.

Porque la memoria es presencia de Eduardo Frei Montalva, Rodrigo Rojas Denegri y Víctor Jara que, por estos días, con la actualización de sus tragedias, fisuran el pacto de silencio y de impunidad de sus victimarios. Una mímesis que ha trascendido a su siglo. Cómo ignorar la perseverante voluntad de Carmen Frei, Verónica Denegri y Joan Jara. Cómo no ver el vivo registro que acompaña los pensamientos de Carmen Gloria Quintana.

La memoria es derecho imprescriptible e inalienable por cuyo reconocimiento universal nos obligamos como sociedad a descubrir la verdad, administrar justicia y reparar el daño ocasionado. Y los Archivos Reservados de la Comisión Valech son patrimonio inmanente de aquella memoria y clave de bóveda del laberinto del silencio.

Por eso, si es cierto que el poder ha manipulado las instituciones hasta conseguir ocultar la verdad, es errónea la consecuencia moral que se extrae de esta apreciación, a saber, que, como no corren tiempos favorables a la verdad, toda lucha debe ser abandonada por vana y extemporánea. Deliberada o no, esta motivación ideológica y normativa constituye una forma de negacionismo tributaria de la impunidad.

Entiendo que la denominación “normal” que se dice sobre algunas cosas, trae aparejada una connotación a priori de que son algo “bueno”, de que son buenas cosas, porque es normal que ocurra tal cosa u otra. Pero si somos un poquito estrictos, “lo normal”, aparte de traernos el problema de establecer qué es normal o sobre qué parámetros entendemos que algo es o no normal, no hace más que describir lo que hay, lo que sucede, enuncia, en definitiva, los hechos que ocurren en la realidad normalmente, por lo tanto, dicha expresión no debería pretender decirnos lo que necesariamente deberíamos hacer. Ya Hume decía que de un hecho no es posible derivar lógicamente un deber ser, pero igual lo hacemos cuando usamos la palabra “normal” entendiendo que lo descrito es algo bueno que debe seguir manteniéndose.

Así, es posible decir que todo lo normal no es necesariamente bueno, aunque puede serlo, pero no es una consecuencia necesaria, al menos lógicamente.

Teniendo presente lo anterior, y en el caso de la corrupción, como en muchas otras situaciones que forman parte de la evolución de nuestra cultura, con el tiempo lo “normal” pasa a considerarse digno de no se mantenido o repetido en el tiempo, no solo “no ser fomentado” sino abierta y derechamente atacado de frente y mediante fuertes sanciones económicas, civiles y penales. En algún momento se produce el fenómeno social donde la normalidad se transforma en negativa, que la respuesta sobre ésta o aquella conducta sea “normal”, que todos lo hacen o que es parte de la cultura, etc., no es suficiente para aceptarla y tolerarla, sino más bien se transforma en algo que debe ser rechazado y castigado de plano.

¿Por qué? ¿Por qué lo que en un momento fue normal y aceptado, después pasó a ser negativo, repudiado, en este caso, tildándolo de “corrupto”? ¿Qué hace, en definitiva, la normalidad corrupta que motiva tan drástica respuesta?

Pareciera ser que en Chile el tema de la corrupción tienen un tratamiento sólo desde la perspectiva ética, axiología o moral. Como si ésta fuera sólo el resultado de lo que hace un hombre o mujer de bien en oposición a lo que hace un hombre o mujer de mal, moralmente reprochable, sin Dios ni Ley, de un bandido. La anterior perspectiva no es inocente ya que conlleva que la corrupción se asocie una mera sanción social o moral, que como veremos, es a todas luces insuficiente.

Si bien es cierto que la corrupción tiene esa dimensión ética o cultural como llaman algunos, lo que realmente ha movilizado todos los esfuerzos que han puesto los países del primer mundo al momento de enfrentarla, ha sido al hecho que la corrupción, además de los efectos culturales señalados, trajo graves efectos en la estructura económica y social sobre la cual se monta el sistema de vida de sus pueblos. Se dieron cuenta que la corrupción: “… entre otros impactos, distorsiona los precios y las condiciones del mercado, reduce la confianza en las autoridades, afecta el desarrollo económico de los países y las empresas, desincentiva la inversión, aumenta la incertidumbre para realizar transacciones comerciales, e incrementa los costos de operación de las empresas.”, “Produce ineficacia e injusticia en la distribución de los beneficios y de los costes públicos. Es un síntoma de que el sistema político está funcionando con muy poca preocupación por el interés público en general e indica que la estructura del gobierno no canaliza eficazmente los intereses privados.” “La legitimidad política se halla debilitada si el gobierno permite a algunos obtener ganancias privadas desproporcionadas a expensa de otros, e “impide el desarrollo de un país” debido a que incrementa el gasto público, reduce la calidad de las infraestructuras existentes, disminuye las riquezas de gobiernos o actúa como un “impuesto arbitrario” que distorsiona los incentivos y el papel del Estado.”¹

Como ven, todo mal con la corrupción. Destruye la democracia, pocos deciden políticas públicas de muchos; la economía de un pueblo, precariedad económica para sus ciudadanos, una vida más cara y de baja calidad en productos y servicios; y una baja legitimidad política. En definitiva impide el desarrollo de cualquier país.

¿No les parece familiar lo anterior?

Entonces, la corrupción, entendida internacionalmente, es concebida como una conducta o conjunto de conductas de personas jurídicas o naturales que destruyen la institucionalidad imperante, socavando fácticamente los objetivos o metas estructurales de las instituciones. La corrupción, así entendida, es un acto de vandalismo contra instituciones, un atentado explosivo puesto en las torres que las sostienen. En definitiva, los corruptos sí que son una verdadera “manga de inútiles y subversivos” que no sirven y corroen el sistema. Pero sigamos un poco más sobre el concepto de corrupción.

La verdad es que hay muchos conceptos. Hay uno que usa la OCDE y otras instituciones, y que es el siguiente: “todo abuso de poder público para un beneficio privado”. Si bien no es el más completo, pero sirve para estas líneas.

Fue Estados Unidos quien impulsó en la OCDE la Convención anticorrupción y fue también el primer país que penalizó el soborno a funcionarios públicos de otros países con la sanción, en 1977, de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés), a saber: “La infracción a esta Ley implica el pago de multas de hasta dos millones de dólares en el caso de empresa y hasta 100.000 dólares y prisión de hasta cinco años a sus funcionarios, directores, accionistas o empleados. Además de sanciones civiles con multas adicionales y alternativas, incluyendo la suspensión de participar en las compras, contrataciones y todo tipo de actividad de carácter gubernamental en los Estados Unidos. La FCPA fue el resultado de un gran debate después de salir a la luz una serie de escándalos de empresas multinacionales que habían sobornado a funcionarios públicos dentro de su propio país y en el extranjero. Dentro de dichos escándalos esta el caso del ex presidente NIXON, que recibió grandes críticas por recibir fondos blanqueados a través de bancos extranjeros para la campaña presidencial, y el caso en el que se involucraban políticos japoneses y la multinacional Lockheed Corporation por un pago de 25 millones de dólares para asegurar la compra de aviones. Tras la publicación de dicha Ley toda aquella empresa o persona estadounidense que realice ofrecimientos, promesas o emita algún pago a servidores públicos, partidos políticos o candidatos extranjeros, con el fin de beneficiarse económicamente de esta acción, está sujeto a fuertes sanciones económicas y hasta encarcelamiento.”²

¿También les suena conocido?

Entonces para qué les voy a decir que nuestro país ha suscrito convenciones internacionales contra la corrupción, no ayer, sino hace rato. La verdad es que la corrupción es un tema que se ha trabajado internacionalmente al menos desde el año 1977, por países del primer mundo. Por eso uno de los accionistas de SQM tiene serios problemas en USA, ya que por operar dicha empresa en ese país, se les debe aplicar sus normas sobre el tema, y créanme que éstas no tienen la “consideración” de las chilenas.

No es difícil, entonces, darse cuenta que la respuesta de la “normalidad” sobre los actos corruptos, como una forma de justificar o esquivar responsabilidades (sanciones), no puede ser aceptada desde la lógica y menos desde una aparente inocua consecuencia, de una mera sanción social o moral, o entenderla como una “viveza” reprochable del chileno, que se impone frente a otros menos “vivos”, ya que, como vimos, la corrupción ataca el corazón de la estructura social sobre la cual ordenamos nuestras vidas.

Podría seguir explayándome sobre el porqué recién ahora hay un escándalo público sobre conductas que han sido “normales” por tanto tiempo en Chile, como si fueran verdaderas sorpresas, pero que ya vimos no lo son, al menos desde el año 1977, pero creo que lo importante hoy es concentrar los esfuerzos sociales e institucionales que estén a la altura, en la implementación de las soluciones o medidas que enfrenten la corrupción, y que por cierto ya han sido creadas por otras sociedades que han enfrentado el mismo problema, ¿o queremos descubrir la pólvora?.

En síntesis, las soluciones internacionales consisten en adoptar e implementar medidas drásticas, con sanciones económicas, civiles y penales de alto impacto. Si eso no sucede ahora, no sólo desaprovecharemos la oportunidad de perfeccionar nuestra forma de convivir, como lo hizo USA desde 1977, y avanzar hacia una sociedad mejor, sino que definitivamente le daríamos la razón al ex presidente de Perú, Alan García, cuando nos calificó de “Republiqueta”.

_{1 MILAGROS BORREGUERO MARTÍN ROSA GARCÍA MARTÍNEZ CARLOS VALERO SUÁREZ Tribunal Económico-Administrativo Central; “Convenio contra la corrupción de agentes públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales. Consecuencias tributarias”. Instituto de Estudios Fiscales, Ministerio de Hacienda, España.
2 Idem.}