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“Debemos repensar el rol que con fines de protección social juegan los mecanismos exclusivamente contributivos. La situación que describo obliga a replantearse la protección social en el marco de una solidaridad integral, en que se combinen mecanismos contributivos y no contributivos”, señala el ex integrante de la Comisión Bravo, Andras Uthoff.

El análisis está basado en el informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos del año 2012, tomando también las conclusiones de la Comisión Bravo, considerando además las evaluaciones hechas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) al sistema de AFP chileno.

La Presidenta Michelle Bachelet se refirió a la propuesta en la inauguración de un encuentro de ASIMET, mientras en La Moneda sus ministros de Trabajo y Hacienda profundizaron en algunos aspectos de la iniciativa.

Un 93% de las mujeres jubiladas recibe una pensión menor a $151.165. La situación no es muy distinta en el caso de los hombres: un 87,5% percibe un monto bajo esa cifra. Según la comisión Bravo, la mitad de los pensionados entre los años 2025 y 2035 tendrían una jubilación que no superará el 15% de su sueldo. Si bien tres cuartas partes del país quiere sacarlas de cuajo, el economista David Bravo coincidió con el representante de una administradora que -sea cual sea el camino que opte La Moneda- el sistema de pensiones debe salir fortalecido en su legitimidad ante la población.

Expertos agrupados en la instancia convocada por la Presidenta Bachelet realizaron una votación donde se decidió mantener el actual mecanismo de capitalización individual. Contrarios a la fórmula escogida, Fundación Sol deja en claro que el sistema previsional en Chile "básicamente no existe" por cuanto "lo que aquí tenemos es un modelo de ahorro forzado que provee de recursos frescos al capital".