«Es posible que en varios casos no haya cárcel«, dijo el fiscal nacional Sabas Chahuán, al ser consultado por los casos Penta-SQM. En entrevista con revista Capital de Estados Unidos, explica que los delitos que se están investigando no tienen una pena muy alta. Sumado a ello, advierte, «la mayoría de los imputados tienen una atenuante: irreprochable conducta anterior».
«Puede que varios imputados no queden en la cárcel en definitiva, pero sí van a ser condenados, y eso es importantísimo», resaltó el jefe del Ministerio Público.
Chahuán asumió a comienzos de año la investigación del caso Penta. Esta semana anunció su separación en tres: Penta, SQM y Corpesca.
En la investigación, impulsada por los persecutores, aparecen políticos de la Alianza y de la Nueva Mayoría.
Aquí te recordamos sus nombres.
Caso Penta
«El dinero recolectado por esta persona ilegalmente al parecer iba a su bolsillo, iba a otra parte (…) Esta persona recolectaba y ese dinero lo pudo haber gastado en lo que él quisiera». Esta es parte de la presentación del fiscal Emiliano Arias durante la audiencia de formalización que enfrentó el ex presidente de la UDI Jovino Novoa.
El Ministerio Público le imputa la facilitación de 5 boletas y 6 facturas «ideológicamente falsas» a las empresas Penta y SQM, por un total de $43 millones de pesos entre los años 2012 y 2013.
De igual modo, le imputa la presentación de declaraciones de impuestos maliciosamente falsas a través de su sociedad Inversiones y Mandatos, en las que Fiscalía objetó la presentación de 17 boletas por $42 millones de pesos entre los años 2008 y 20013; Y la evasión de impuestos a la Ley de Donaciones por “contratos ficticios” con Penta y SQM por un total de $43 millones, en el mismo periodo del delito anterior.
La fiscalía cifró el perjuicio fiscal por parte de Inversiones y Mantos en $15.318.298.
En la investigación, se acusa al ex senador por su rol de “financista” de la UDI, además, por presuntamente haber recibido $85 millones para ayudar a políticos como la senadora Ena Von Baer.
Otra figura del gremialismo involucrada con el caso Penta es Alberto Cardemil (RN) quien cumple arraigo nacional y firma quincenal, tras ser formalizado por delitos tributarios.
Cardemil emitió una serie de boletas de honorarios a SQM por $1 millón 600 mil mensuales entre mayo de 2014 y mayo de 2015 por un total de $13 millones.
Además recibió dos boletas por parte de dos personas cercanas a él. Una, de parte del abogado Luis León por $6.999.999 (23 de septiembre de 2013); y la segunda de parte del abogado Saúl Quiroz Beyoda de $3 millones.
El vicepresidente de Renovación Nacional (RN) Claudio Eguiluz también aparece involucrado en el caso Penta. Específicamente en la segunda denuncia por delitos tributarios interpuesta el 2 de abril de 2015 por el Servicio de Impuestos Internos (SII) contra SQM.
Eguiluz figura con 25 boletas «presumiblemente falsas» por un total de $112.500.000. La fiscalía lo vincula en calidad de autor de delitos tributarios consumados y reiterados, cometidos entre los años 2011 y 2013.
En tanto, Pablo Zalaquett (UDI) es acusado de cometer delito tributario, en carácter de consumado. El ex alcalde de Santiago cobró boletas por un total de $71 millones por servicios inexistentes. Además de Penta y Soquimich, las aludidas boletas fueron pagadas por otras firmas como Eurocorp S.A, Inversiones El Bosque S.A., Inversiones Alsacia y Corpbanca.
Por su parte, el Ministerio Público se encuentra preparando la formalización en contra de Laurence Golborne por presuntos delitos tributarios. El ex ministro del gobierno de Sebastián Piñera declaró en noviembre del año pasado haber recibido de Penta $120 millones, a través de facturas de una empresa de comunicaciones.
La fiscalía también indaga la recepción, supuestamente irregular, de $47 millones por parte de Aguas Andinas.
En la indagatoria del caso Penta además figuran otros tres políticos: la senadora UDI Ena von Baer, el ex precandidato Andrés Velasco y el abanderado del gremialismo Laurence Golborne. A este último se le acusa por presuntos delitos tributarios.
Golborne habría usado mecanismos supuestamente irregulares para que Penta realizara pagos a Vox Comunicaciones, firma que él mismo fundó en 2009 y de la que desligó en 2010.
Se evalúa asimismo imputar al ex secretario de Estado por recepción de dineros, a través de la misma empresa, que recibió de Aguas Andinas en 2013, por un total de $ 47.600.000. Durante esa época, Golborne fue candidato al Senado.
Declaró ante la fiscalía sobre los pagos que recibió de Penta. En la ocasión, aclaró que se trató de seis facturas por $ 20 millones cada una, emitidas por su ex empresa.
«Debía buscar la forma de financiar», dijo entonces en alusión a su precandidatura presidencial. Para ello, le pidió apoyo a uno de los dueños de Penta: Carlos Alberto Délano. «Él me dijo que sí me podía ayudar. Le hablé específicamente de $20 millones por seis meses y esos pagos se hicieron de manera completa, pues el trabajo se completó a pesar de que la candidatura se había bajado».
Aparecen también el diputado de la UDI Felipe de Mussy y el senador de ese mismo partido Iván Moreira. De Mussy emitió dos boletas ideológicamente falsas por 8 millones de pesos, en tanto Moreira recibió cerca de 39 millones de pesos por parte de los dueños del holding. Ambos actualmente bajo arresto domiciliario total.
El ex Presidente Sebastián Piñera también aparece involucrado. Efectuó negocios a través de Bancard, su empresa. Suscribió forwards con la firma de uno de sus asesores y amigo Fabio Valdés con la empresa CB Consultorías y Proyectos S.A. Y recibió dineros mediante su Fundación Futuro desde Penta, pese a que desde el holding declararon que jamás se hicieron.
«Administradora Bancorp emitió facturas por $344 millones a Soquimich por trabajos no realizados, denunció un ex gerente de esa empresa. Es más, igualmente se pagó cientos de millones de pesos desde una sociedad del ex Presidente, Chilevisión, a ejecutivos utilizando dineros que provenían de dudosas donaciones con fines políticos y que esta desvió para pagar sueldos y bonos», describe un artículo de Cambio21.cl.
Caso SQM
Todos los focos están puestos en Giorgio Martelli. El geógrafo y recaudador de campañas de las candidaturas presidenciales de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Michelle Bachelet, aparece en la mayoría de las notas de prensa que tratan sobre esta arista del caso Penta, que surgió de un listado entregado por la empresa Soquimich (SQM) al Servicio de Impuestos Internos (SII).
En mayo de 2015, en el marco de la investigación por el financiamiento ilegal de campañas políticas, se revelaron los registros contables que tiene en su poder la Fiscalía, que dan cuenta que Martelli, a través de su empresa Asesorías y Negocios Spa (AyN), habría recibido pagos por cerca de $480 millones de parte de SQM y de las firmas pertenecientes al grupo Angelini, Celulosa Arauco y Empresas Copec.
Los pagos, según los libros de venta de la empresa AyN, se realizaron entre el 11 de enero de 2012 y el 8 de octubre de 2013, en plena campaña presidencial de Bachelet (Poderopedia.cl).
Uno de los nombres mencionados en este caso es Marco Enríquez-Ominami. Katherine Bischof Sepúlveda, secretaria del ex gerente general de SQM, Patricio Contesse, vio pasar por la empresa a mucha gente, entre ellos, a MEO.
«En el período en que yo he trabajado en SQM, han ido al piso 6 Pablo Longueira, Marco Enríquez-Ominami, Carlos Ominami, Marcelo Rozas, Pablo Zalaquett, Jovino Novoa, quienes se reunían con Patricio Contesse”, declaró la mujer ante los fiscales Pablo Norambuena y Emiliano Arias.
Desde SQM Salar salieron pagos millonarios a uno de los asesores más relevantes de Enríquez-Ominami: Cristián Warner Villagrán. El hombre de confianza de MEO creó en 2007 la empresa «Cristián Warner Comunicaciones Publicidad y Marketing EIRL».
En total, el reporte lista 34 boletas emitidas por la empresa de Cristián Warner a SQM Salar, por un monto total de $362 millones en tres años.
Hace poco se supo que la alcaldesa de Santiago, Carolina Tohá, también estaría involucrada en el llamado caso SQM.
El periodista Claudio Canales, responsable de la empresa Creatika, declaró al fiscal Carlos Gajardo haber emitido boletas por un total de $7 millones a la empresa Asesores en Gestión Integral (Agesin) que pertenece a la contadora DC Clara Bensan, quien enfrenta una querella del SII por delitos tributarios, asociados al presunto financiamiento irregular de la campaña de Eduardo Frei, a través de la triangulación de pagos vía Asesorías y Negocios, de Giorgio Martelli.
«Nunca hubo un servicio ni a Agesin ni tampoco a Soquimich. Como he relatado mis servicios fueron para Carolina Tohá que estuvo de candidata y ganó la presidencia del PPD. Acepté esto por ignorancia y falta de experiencia respecto al tema”, sostuvo al persecutor.
“A Carolina Tohá la conocí en el verano del año 2010 por intermedio de René Jofré, a quien conocía por hacer clases en la Universidad Diego Portales. René nos presentó y concretó un café entre nosotros, porque estaba interesado en temas digitales con Carolina Tohá. Nos juntamos y le planteé mi idea de crear sitios web con contenidos de interés”, declaró.
“Le presenté (a Tohá) una propuesta de trabajo que consistía en un sitio web ($ 1.500.000), redes sociales ($ 500.000 mensuales) y gestión de contenidos audiovisuales como streaming y otros ($ 500.000 mensuales) y ella nos aprobó el proyecto”, detalló el periodista.
La Fundación Chile 21 también aparece involucrada en el caso. Se sabe que entre 2012 y 2013 habría recibido pagos por un total por $90 millones de parte de SQM.
“La Fundación se financia sobre la base de un sistema de suscripciones que están regidas por un contrato que establece con precisión las obligaciones de las partes”, indicó la entidad en una declaración pública.
De igual modo, aparecen mencionados pagos a Libertad y Desarrollo y la consultora Imaginacción. Los primeros aseguraron a Canal 13 que su política de financiamiento está publicada en su portal web y que ella establece que «para garantizar una real independencia, LyD no recibe fondos del gobierno»
«Su política de financiamiento procura la diversificación de sus fuentes, las cuales provienen de la suscripción a nuestras publicaciones, eventos y charlas», afirmó el organismo.
Los segundos, descartaron haber efectuado pagos a políticos. «Esa materia la tiene que ver el Ministerio Público, los propios abogados, la compañía y sus gerentes cuando sean interrogados por el fiscal (…) Ya se logró lo que la Fiscalía quería, que era tener todos los antecedentes para investigar, y él es el que tiene la palabra», dijo Enrique Correa.
«Lo que distingue a Chile es que todos estos temas pueden ser investigados sin que nadie ponga cortapisas. Ése es el valor de este país», acotó el ex ministro.
Un artículo de El Mostrador reveló que el Grupo Said financió a políticos a través de boletas y facturas falsas. Rectificó ante el SII una serie de pagos efectuados entre 2009 y 2014, en los cuales se incluyen transferencias a los diputados Fuad Chahin (DC) y Gonzalo Fuenzalida (RN) y los analistas Gonzalo Cordero (UDI) y Patricio Navia.
«El analista político militante de la UDI, Gonzalo Cordero –quien es uno de los socios de la empresa de comunicaciones estratégicas Azerta, junto a Cristina Bitar y Felipe Edwards–, figura en el informe en manos de la Fiscalía percibiendo $10.025.000. Según declaró a este medio, durante 2009 estaba concentrado en su trabajo en Azerta y en sus labores como decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello. Quedó en revisar sus boletas de ese año, pero no volvió a contestar su teléfono», dice la nota.
En marzo de este año el Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó una denuncia penal que amplía la investigación por delitos tributarios en la arista SQM, donde incluye 73 boletas, que se presumen «falsas», o por servicios no prestados, por más de $1.360 millones.
En la acción aparecen mencionados: Marcelo Rozas López, militante DC y ex embajador de Chile en República Checa, quien emitió cinco boletas, y lo mismo su esposa, Michelle Reymond Larraín, y el hijo de ambos, Daniel Rozas Reymond. Se indagan documentos por un total de $670 millones de desde 2009 a 2013.
También figuran Carlos Sepúlveda Espinoza, Mónica Gajardo Córdova y José Tomás Hormazábal. Sepúlveda registra cinco retenciones por boletas que suman casi $100 millones, en cinco años. Gajardo Córdova con retenciones correspondientes a unos $76 millones en cinco años. Hormazábal contabiliza documentos por $75 millones en cuatro años.
Además aparece el ex subsecretario de la Segegob, Rodolfo Baier, quien había boleteado por $6 millones a la minera SQM.
El SII señala al respecto: «Las boletas de honorarios indicadas son presuntamente falsas, considerando las circunstancias anómalas de su fecha de emisión, que cada año es la misma respecto de todos los emisores de los documentos, esto es, 10 de mayo de 2010, 23 de marzo de 2011, 23 de marzo de 2012, 24 de junio de 2013 y 11 de abril de 2014, la existencia de vínculos de parentesco en algunos casos, la pertenencia de varios emisores a una misma institución donde laboran en otros».
«El modo de operar de la empresa receptora de los documentos tributarios (SQM), respecto de otras situaciones en que se ha comprobado el uso de procedimientos dolosos sobre las que este servicio ha deducido acción penal. La irregularidad de las boletas señaladas se confirma además con la reciente presentación de borradores de declaraciones rectificatorias por parte de Soquimich, que las incluyen como parte de la base imponible del impuesto único del art.21 de la Ley sobre Impuesto a la Renta (…)».
Según la denuncia, el abogado Roberto Guzmán Lyon, cercano al controlador de SQM Julio Ponce, y sancionado en 2014 por SVS por infracción a la ley de mercado de valores en el caso Cascadas, solicitó boletas al contador Osvaldo Opazo Lira, con quien tiene vínculos comerciales, como una forma de pago de parte de sus honorarios en la minera.
Opazo le entregó nueve boletas, por un total de $18.175.150 en 2008 y 2009. Además, el contador le pidió boletas con el mismo fin a su cónyuge, Marisol Toro González, quien emitió 17 boletas por 97.926.851 pesos, entre 2005 y 2013. Los tres están denunciados.
Además aparecen:
-René Madariaga Caronna: Ex asesor comunicacional de Fulvio Rossi, con boletas de 2009 por un monto de $17.777.766.
-Mariela Molina Aguilera: Ex asesora de Rossi, por $44 millones (de los años 2009 y 2012).
-María Valentina Martínez Zaror: Ex cuñada de una hermana del senador socialista, por $22 millones (en 2009).
-Matías Hormazábal Cavieres: Figuran $4 millones del año tributario 2010. Participó en la campaña de Sebastián Piñera y fue funcionario de Subdere en 2011. Es hermano del denunciado José Tomás Hormazábal Cavieres.
-Marisol Cavieres Romero: Hay boletas, de 2010, 2011 y 2012, por $24 millones.
-Álex Cañete Valenzuela: Ex candidato a concejal en 2008 por San Pedro de La Paz, con boletas por $40 millones.
-Ninfa Gatica Espinoza: Aparece con boletas por $22 millones. Al igual que Cañete, figura en 2011 como funcionaria de la Junji en la VIII Región.
-José Rigoberto Hormazábal López : Por $20 millones.
-Luisa Figueroa Rebolledo: Por $40 millones.
-Jorge Daza Aránguiz: Por $40 millones.
-María Pilar Torres Machuca: Por $20 millones.
-Christián Fuentes Castillo: Por 40 millones en dos años.
Asimismo, figura Centro de Estudios y Gestión Ambiental para el Desarrollo (Cegades), think tank ligado a la DC, por boletas o facturas de servicios emitidas a SQM entre 2009 a 2014. La entidad es dirigida por Carolina Leitao, alcaldesa de Peñalolén y segunda vicepresidenta de la mesa nacional de la DC.
Cegades aseguró que ha «realizado y patrocinado diversos seminarios nacionales e internacionales, desarrollado distintos proyectos en temáticas de medio ambiente y descentralización con instituciones públicas, internacionales y privadas, (…) publicado variados libros sobre estos temas y (…) realizado múltiples asesorías».
«Entre otras labores, desde el año 2002 edita en forma ininterrumpida una publicación mensual, sobre materias de interés en estudios (..) la cual se financia y distribuye sólo por medio de suscripciones (…) Por cada suscripción se emite la factura correspondiente en la fecha respectiva y mensualmente se remite la publicación suscrita. La relación entre las partes se limita exactamente a lo ya expresado».
Sumando todas las boletas mencionadas en este artículo la cifra se empina en la considerable suma de $3.068 millones.
