Los diputados UDI, Natalia Romero y Mario Olavarría, buscarán establecer una Comisión Especial Investigadora para esclarecer las irregularidades detectadas por la Contraloría en el proceso de reunificación familiar de menores haitianos durante 2025.
Los legisladores advirtieron que los antecedentes podrían constituir la punta del iceberg de una eventual red de trata de niños y adolescentes que operó bajo graves fallas de control del Estado.
La acción parlamentaria surge a raíz del oficio presentado originalmente por la diputada Romero junto al entonces diputado Juan Manuel Fuenzalida, quienes solicitaron revisar el funcionamiento de este programa ante las dudas existentes sobre los mecanismos de control aplicados por los organismos públicos involucrados.
Según los antecedentes entregados por Contraloría, entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2025 ingresaron a Chile 3.235 ciudadanos haitianos con permisos de residencia temporal, de los cuales 2.792 lo hicieron bajo la categoría de reunificación familiar.
Además, el organismo fiscalizador detectó que el Servicio Nacional de Migraciones no verificó antecedentes básicos proporcionados por los solicitantes, como domicilios o la identidad de los tutores responsables de los menores.
Asimismo, el informe reveló que 98 niños y adolescentes no fueron informados oportunamente a la Subsecretaría de la Niñez, mientras que durante fiscalizaciones realizadas entre el 13 y el 28 de enero de 2026 se constató que decenas de menores no residían en las direcciones registradas o no se encontraban junto a los adultos responsables declarados.
"Estamos frente a una situación nunca antes vista en Chile. El informe de Contraloría da cuenta de antecedentes extremadamente graves que podrían configurar eventuales delitos vinculados a la trata de menores. Lo primero que necesitamos esclarecer es dónde están estos niños, quiénes son las personas responsables de ellos y cómo fue posible que ingresaran al país en medio de tantas falencias de control", señaló Romero.
Por su parte, el diputado Olavarría sostuvo que "los antecedentes son suficientemente graves para que el Congreso ejerza plenamente su facultad fiscalizadora. Necesitamos conocer el rol que cumplieron el Servicio Nacional de Migraciones, la PDI, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), la Subsecretaría de la Niñez, la Defensoría de la Niñez y todos los organismos que participaron en este proceso".
Los parlamentarios recordaron que el informe también advierte casos en que no existía documentación suficiente para acreditar vínculos familiares, situaciones de personas que ingresaron reiteradamente con menores de edad y la existencia de vuelos chárter que actualmente forman parte de las indagaciones abiertas por el Ministerio Público.
"Esto puede ser la punta del iceberg de una eventual red de trata de menores que necesitamos esclarecer con urgencia. El Estado tiene la obligación de determinar responsabilidades administrativas, políticas y penales, además de garantizar la protección efectiva de cada niño y adolescente involucrado", agregaron.
Finalmente, los diputados anunciaron que iniciarán conversaciones con parlamentarios de distintos sectores para reunir las firmas necesarias y constituir una Comisión Investigadora que permita establecer cómo ocurrieron estos hechos, identificar las fallas institucionales y proponer medidas para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse en Chile.