La <b>Corte de Apelaciones de Santiago</b> acogió hoy la querella de capítulos en contra del exfiscal regional metropolitano oriente <b>Manuel Antonio Guerra</b>, indagado por <b>cohecho agravado, violación de secreto y prevaricación administrativa.</b>

En fallo unánime, la <b>Séptima Sala </b>del tribunal de alzada consideró que se cumplen todos los requisitos para acceder a la petición del <b>Ministerio Público </b>y los querellantes particulares.

La sala estuvo integrada por las ministras <b>Maritza Villadangos, Sandra Araya y el ministro Mauricio Rettig. </b>

El fallo indica que “<b>como fiscal regional del Ministerio Público, tenía el ejercicio de potestades decisorias relevantes en la conducción de investigaciones penales y en la adopción de decisiones procesales con efectos jurídicos externos</b>”.

La resolución agrega que “<b>en este contexto se atribuye al exfiscal Guerra la dictación de actos propios de la función administrativa, consistente en decisiones adoptadas en el marco de investigaciones penales de alta connotación pública</b>”.

La resolución explica que dichas indagatorias son “<b>la solicitud de salidas alternativas, la reformalización de imputaciones, la exclusión de hechos previamente formalizados, la conducción personal y exclusiva de determinadas causas y la adopción de decisiones estratégicas que incidieron directamente en la posición procesal de imputados y querellantes</b>”.

“<b>Tales actuaciones fueron presentadas como manifestaciones concretas del ejercicio de potestades decisorias propias del cargo de fiscal regional</b>”, apunta.

“<b>En cuanto al elemento central del tipo, esto es, el carácter manifiestamente injusto de la actuación, la querella y las alegaciones sostenidas en la vista de la causa, atribuyen determinadas decisiones del querellado apartadas ostensiblemente tanto de los antecedentes fácticos disponibles como de los criterios técnicos y jurídicos aplicables</b>”, indica.

Agrega que “<b>se hizo referencia a actuaciones desplegadas en causas tales como la llamadas: ‘Caso Iván Moreira’, ‘Caso Penta’, ‘Caso Santiago Valdés’, ‘Caso Exalmar-Dominga’ y otras, en las que se atribuye al querellado haber optado por salidas procesales o reformulaciones de imputaciones contrarias a la evidencia recabada, a la opinión técnica de unidades especializadas de la Fiscalía Nacional y, en algunos casos, a la posición institucional del fiscal nacional, generando efectos jurídicos relevantes, como la exclusión de querellantes institucionales o la disminución sustancial del resultado penológico</b>”.

Para el tribunal de alzada, “<b>el carácter manifiestamente injusto de tales decisiones que se imputa se fundamenta en la ausencia de una justificación razonable, en la omisión de hechos relevantes previamente acreditados y en la adopción de criterios inconciliables con los principios de legalidad, objetividad y probidad que rigen el actuar del Ministerio Público. Aun reconociendo márgenes de discrecionalidad en la función persecutoria, dichos márgenes encuentran límites en los hechos del caso y en el derecho aplicable, los que, con los antecedentes que obran en esta etapa preliminar, fueron sobrepasados</b>”.

“<b>La querella de capítulos fundamenta la atribución de los hechos y de la participación que en ellos le habría correspondió al querellado, en antecedentes probatorios tales como: a) resoluciones judiciales y actuaciones procesales dictadas en las causas respectivas; b) correos electrónicos e informes internos de la Fiscalía Nacional y de sus unidades especializadas; c) declaraciones de fiscales y funcionarios que participaron en las investigaciones; y d) comunicaciones electrónicas que dan cuenta del contexto en que se adoptaron las decisiones cuestionadas</b>”, detalla la resolución.

“<b>Dichos antecedentes constituyen elementos de juicio que, apreciados de manera individual y conjunta, provisionalmente, son plausibles para atribuir la comisión de las conductas imputadas al querellado y que, en este estadio procesal, revisten el carácter de providencias o resoluciones manifiestamente injustas</b>”, concluye

Por tanto, el tribunal de alzada resolvió:

“<b>I. Que se declaran admisibles todos los capítulos de la querella interpuesta por el Ministerio Público, en contra del ex fiscal regional del Ministerio Público Manuel Guerra Fuenzalida.</b>

<b>II. Que, en consecuencia, se habilita al Ministerio Público para continuar con el proceso penal conforme a las reglas generales que lo regulan.</b>

<b>III. Que se hacen extensivos los efectos de la presente declaración a las querellas adherentes interpuestas por el Consejo de Defensa del Estado, por doña María Inés Horvitz Lennon y don Mauricio Daza Carrasco, y por la Ilustre Municipalidad de Vitacura, en cuanto resultan compatibles con los capítulos de la querella deducida por el Ministerio Público declarados admisibles</b>”.