<strong>Cancilleres de diversos gobiernos de centro-izquierda de los últimos 25 años</strong> dieron a conocer una carta por medio de la cual expresaron su "<strong>profunda preocupación por las recientes declaraciones del candidato presidencial José Antonio Kast en materia migratoria,</strong> por sus eventuales efectos en la dignidad de las personas migrantes y en las <strong>relaciones de Chile con los países vecinos, en particular Perú y Bolivia</strong>".

En la misiva, <strong>firmada por los ex ministros Soledad Alvear; Mariano Fernández; José Miguel Insulza; Heraldo Muñoz; Antonia Urrejola e Ignacio Walker</strong>, se señala que "l<strong>a política migratoria de Chile debe enmarcarse estrictamente en el Estado de</strong>
<strong>Derecho y en las obligaciones internacionales</strong> asumidas por el país en materia de
derechos humanos, refugio y protección de personas en situación de especial
vulnerabilidad".
<h2><strong>Respeto a dignidad humana y derecho internacional</strong></h2>
En ese contexto, recalcan que "las<strong> propuestas que se basan en la amenaza de expulsiones masivas</strong>, la posibilidad de separación de familias o el confinamiento de personas en recintos de carácter cuasi carcelario<strong> resultan incompatibles con el respeto irrestricto a la dignidad humana y con los estándares del sistema internacional</strong> y regional de protección de derechos humanos".

Enfatizan luego que "<strong>Chile tiene un interés esencial en preservar relaciones de respeto, cooperación y buena vecindad con Perú y Bolivia</strong>, especialmente en la gestión de fenómenos transfronterizos como la migración irregular, el crimen organizado y el narcotráfico", haciendo hincapié en que <strong>"la idea de “empujar” o derivar a miles de personas hacia las fronteras de Estados vecinos, sin mecanismos de coordinación ni acuerdos bilaterales claros, constituye un gesto inamistoso</strong> que puede ser percibido como una forma de presión política, afectando la confianza mutua y debilitando los espacios de diálogo construidos con esfuerzo a lo largo de décadas".
<h2><strong>Críticas a Kast</strong></h2>
Si bien <strong>reconocen que "la inmigración irregular es inaceptable,</strong> vulnera la legislación vigente y tensiona gravemente la convivencia nacional, especialmente en las regiones de frontera", recalcan que nuestro país "tiene el deber de reforzar de manera efectiva el control de sus fronteras y de ordenar los flujos migratorios, pero <strong>las respuestas del candidato José Antonio Kast, que apuntan a la expulsión de alrededor de 350.000 personas de manera prácticamente indiscriminada, carecen de sustento logístico y financiero</strong> y <strong>no tienen viabilidad diplomática</strong>, considerando el rechazo del régimen de Nicolás Maduro a recibir repatriados desde Chile; se trata de planteamientos que no ofrecen soluciones reales ni sustentables a la situación que enfrenta el país".

En este contexto, insisten en que "<strong>la actual situación migratoria en el norte de Chile exige respuestas firmes pero viables, acordadas con los países vecinos y consistentes con el derecho internacional</strong>, no planteamientos retóricos que prometen soluciones simples a problemas complejos. Corresponde fortalecer los canales diplomáticos, activar los comités de frontera, perfeccionar los acuerdos de reconducción y retorno, y avanzar en mecanismos de regularización y control<strong> que se diseñen conjuntamente con Perú y Bolivia</strong> sobre la base de la corresponsabilidad y el respeto mutuo".

También, las exautoridades subrayaron que "<strong>la gestión de la migración y de la seguridad en la frontera debe compatibilizar el control efectivo del territorio con la protección de la vida e integridad de las personas,</strong> evitando la generación de crisis humanitarias en pasos fronterizos por acumulación de familias sin salida ni asistencia adecuada".
<h2><strong>Debate serio</strong></h2>
Finalmente, dejaron de manifiesto que "<strong>quienes aspiran a la más alta magistratura del país tienen el deber de contribuir a un debate serio, responsable y fundado en evidencia sobre la migración y la seguridad,</strong> que no se apoye en el temor ni en la desinformación. Resulta inaceptable que, con fines electorales, se tensionen innecesariamente las relaciones bilaterales o se formulen propuestas que desconocen las limitaciones prácticas y jurídicas de eventuales procesos masivos de expulsión, así como su costo humano y financiero".