La <b>Cámara de Diputados</b> aprobó, por <b>82 votos a favor, 20 en contra y 3 abstenciones</b>, el proyecto que autoriza a <b>Carabineros</b> el <b>porte permanente de armas de servicio</b>.

El texto establece que Carabineros deberá proporcionar a cada uno de sus funcionarios un arma de cargo, la que será de propiedad fiscal y se entregará para su <b>tenencia y porte permanente, dentro y fuera de las reparticiones de la institución.</b>

Dicho armamento será de uso exclusivo e intransferible de cada integrante de la institución y sobre ellos recaerá la responsabilidad de su cuidado y custodia.

Las <b>características de estas armas</b>, los requisitos para su uso y los protocolos de su manejo, custodia y eventual devolución, <b>serán regulados por un reglamento</b>.

La iniciativa retornó a la <b>Comisión de Defensa</b> para su discusión particular, debido a la presentación de indicaciones.
<h2><b>Debate parlamentario</b></h2>
En el debate se señaló que debido a los niveles de <b>criminalidad resulta necesario adoptar medidas que eviten que el funcionario policial quede desarmado</b>.

El objetivo es que el funcionario pueda hacer <b>uso de su arma durante todo el día</b>, producto de la característica exclusiva de su función.

En ese plano, agregaron que el proyecto evita la <b>militarización de los ciudadanos</b>, pues pone las armas permanentemente en manos del personal institucional y no en poder de la gente.

Por último, precisaron que la norma también es coherente con la necesidad de fortalecer la institución, a través del <b>aumento de la dotación policial</b>.
<h2><b>Porte de armas de cargo</b></h2>
Actualmente, la ley limita el porte de armas de servicio a situaciones oficiales y dentro del horario laboral.

Los autores del proyecto afirman que se deja un vacío significativo en la <b>protección personal </b>del funcionario fuera de servicio.

En esa línea, la iniciativa señala que, si bien existen disposiciones reglamentarias en la institución, para posibilitar el porte de armas de servicio en horario “<b>de franco</b>”, es necesario que dicha autorización se radique en una norma de mayor jerarquía.

El objeto es entregar certeza jurídica respecto de las acciones de funcionarios a los que el Estado mandata, expresamente, ejercer el <b>uso de la fuerza legítima</b> como garantes del deber de mantener el orden y la seguridad de la comunidad en general.