La <b>Contraloría</b> detectó un débil control de la <b>Dirección de Crédito Prendario</b> (conocida como <b>Tía Rica</b>), constatando que <b>personas con antecedentes penales empeñaron bienes</b> o algunas que concurrieron <b>230 veces en el año</b>.

El servicio hizo auditoría sobre créditos con garantía prendaria otorgados a empeñantes, a su <b>administración, custodia, liquidación, renovación y pago de excedentes</b> por remates entre 2023 y 2024.
<h2><b>Lo que se detectó</b></h2>
El informe detalla que en 2023 hubo<b> 4.769 usuarios con transacciones recurrentes</b>, entre 10 y 229 operaciones por persona, por un total de<b> $7.139 millones</b>.

En 2024, la cifra subió a <b>4.895 usuarios</b>, con operaciones que alcanzaron los <b>$7.290 millones</b>, y una frecuencia de hasta 230 empeños por persona.

Además, se detectó que <b>1.681 personas con antecedentes penales</b> realizaron operaciones por <b>$1.507 millones</b> y no recuperaron las especies empeñadas.

Pese a ello, el servicio no presentó denuncias ni entregó antecedentes a las autoridades competentes.
<h2><b>Falta de control y coordinación</b></h2>
La auditoría también evidenció la <b>ausencia de procedimientos básicos</b> para verificar datos personales, la <b>procedencia lícita de los bienes</b> y la <b>identidad de los usuarios</b>.

También se determinó que <b>no existe un sistema de alertas para operaciones</b> reiteradas ni coordinación con organismos policiales, aun cuando las especies empeñadas incluyen características útiles para investigaciones, como <b>número de serie, modelo y estado.</b>

Ante estos hechos, la Contraloría instruirá un <b>procedimiento disciplinario para determinar responsabilidades administrativas</b> y remitió el <b>informe al Ministerio Público</b>.

Además, ordenó a la <b>DICREP</b> <b>fortalecer sus controles</b>, lo que será revisado en un próximo seguimiento.