Diputados RN pidieron a la <b>Contraloría</b> determinar si es legal la <b>expropiación</b> que quiere llevar el Gobierno de la megatoma de <b>San Antonio</b>, pese a una orden judicial que ordena el desalojo.

El requerimiento fue hecho por <i>Frank Sauerbaum, Carla Morales, Andrés Celis y Andrés Longton</i>.

Los parlamentarios recordaron que la mega toma -donde viven cerca de 10 mil personas- fue objeto de una <b>acción judicial presentada por sus propietarios, Inmobiliaria y Constructora San Antonio S.A</b>.

La <b>Corte de Apelaciones de Valparaíso</b> acogió el recurso en 2023 y ordenó el lanzamiento de los ocupantes, resolución que fue confirmada por la <b>Corte Suprema</b>.

Sin embargo, apuntan a que más de dos años después, el desalojo no se ha ejecutado.
<h2><b>Oficio a la CGR</b></h2>
El oficio surge luego de que el <b>Ministerio de Vivienda</b> anunciara la expropiación de alrededor de 100 hectáreas del predio para levantar un proyecto habitacional.

RN advierte que una decisión así podría <b>vulnerar principios esenciales del ordenamiento jurídico</b>, sustituir la ejecución de una <b>sentencia judicial</b> y terminar legitimando una ocupación ilegal.

“<b>El Estado tiene el deber de hacer cumplir las resoluciones de los tribunales, no de reemplazarlas por vías administrativas que además castigan al propietario y premian a quienes usurparon el terreno</b>”, señalaron.

Los parlamentarios recalcan que la figura de la expropiación es un mecanismo excepcional que, según la Constitución, solo puede utilizarse bajo motivos estrictos de utilidad pública y nunca para corregir hechos consumados derivados de una infracción a la ley.

Este precedente “<b>abriría la puerta a que futuras usurpaciones se transformen en un método de presión para obtener beneficios habitacionales</b>”, debilitando la autoridad de la justicia y afectando gravemente la seguridad jurídica.
<h2><b>Qué piden los diputados</b></h2>
Los diputados piden a la <b>CGR</b> determinar si el Gobierno tiene atribuciones para <b>expropiar terrenos</b> que cuentan con una <b>orden judicial</b> de restitución vigente y si esta actuación se ajusta a los principios de juridicidad, proporcionalidad y respeto a la función jurisdiccional.

Además, solicitan que el organismo recabe antecedentes del Minvu para evaluar el procedimiento anunciado.