La <b>Contraloría de La Araucanía </b>detectó una serie de deficiencias en el <b>monitoreo volcánico </b>y en la gestión de riesgos en la zona del volcán <b>Villarrica</b>, lo que pone en riesgo a la población ante un eventual desastre natural.

La auditoría se realizó al <b>Observatorio Volcanológico de Los Andes del Sur (OVDAS)</b> y forma parte de los esfuerzos por avanzar desde el Estado al correcto resguardo de la seguridad de personas y garantizar una gestión eficiente de los riesgos volcánicos.

El objetivo es asegurar que los recursos públicos se utilicen de manera adecuada y que los planes de emergencia cumplan con los estándares necesarios para proteger a la población ante contingencias.
<h2><b>Deficiencias detectadas</b></h2>
El informe reveló que <b>597 equipos de monitoreo permanecen sin uso </b>en la bodega del OVDAS en Temuco, incluyendo instrumentos clave para detectar deformaciones en la superficie del volcán.

Además, algunos de estos equipos fueron adquiridos hace más de <b>12 años para el monitoreo volcánico</b>.

Esta situación implica una débil gestión en el uso de recursos públicos, además de un riesgo de <b>pérdida patrimonial y de obsolescencia tecnológica</b>, afectando la capacidad preventiva ante emergencias.

El informe advierte que el <b>Plan Regional de Emergencia y el Plan Específico de Emergencia por Erupción del Volcán Villarrica</b> no han sido actualizados, pese a que la normativa exige que se realicen revisiones cada dos años.

Se identificaron más de <b>15 mil edificaciones emplazadas en zonas de alto riesgo volcánic</b>o fuera de los instrumentos de planificación territorial, construcciones que se han desarrollado sin sujeción a normativa urbanística ni evaluación previa del riesgo geológico.

A su vez, se constató que <b>491 edificaciones del sector rural de Chaillupén (comuna de Villarrica)</b> se encuentran en un área <b>sin cobertura de antenas </b>para la transmisión de alertas del <b>Sistema de Alerta de Emergencias (SAE). </b>

De ellas, <b>130 están emplazadas en zonas clasificadas como de alto peligro volcánico</b>, lo que impediría que una parte de la población expuesta pueda recibir oportunamente los mensajes de alerta ante una eventual erupción del volcán Villarrica.

En materia de evacuación hacia<b> Puntos de Encuentro Transitorios (PET)</b>, se detectó irregularidades en el aludido <b>Plan Específico de Emergencia Villarrica</b>: se identificó un PET ubicado en zona de alto riesgo de lavas y lahares.

También se constató <b>falta de señalización adecuada en cinco sitios inspeccionados </b>y la existencia de <b>restricciones físicas (cercos y portones) en otros cinco</b>, debilitando la eficacia de los planes de emergencia.

Adicionalmente, se constataron irregularidades en el “<b>Servicio de Monitoreo Permanente del Centro de Alerta Temprana Volcánica del OVDAS</b>”, contratado por el OVDAS.

Estas están relacionadas con la <b>falta de control de turnos y ausencia de validación de remuneraciones</b> de los profesionales técnicos, lo que genera pérdida de trazabilidad y posibles responsabilidades administrativas.

A su vez, el nuevo modelo operativo basado en<b> turnos 7x24 </b>y en el uso de herramientas de automatización supervisada -previsto para implementarse en octubre de 2025 y diseñado para reemplazar el referido servicio contratado- no se ejecutó en el plazo comprometido.

Lo anterior obligó a efectuar contrataciones directas para mantener la continuidad del monitoreo, evidenciando deficiencias de planificación.
<h2><b>Reparos de la CGR</b></h2>
La<b> CGR iniciará un reparo </b>-respecto del contrato de monitoreo permanente revisado para el período 2021 a 2024- por un monto de <b>5,55 UF y $ 42.846.991</b>, por el concepto de multas no cobradas y falta de cobro de garantías, respectivamente.

Asimismo, el <b>Sernageomin</b> deberá instruir un procedimiento disciplinario destinado a establecer las eventuales responsabilidades administrativas.

Finalmente, Contraloría instó a <b>Senapred</b>, <b>municipios de Villarrica y Pucón</b>, junto con los organismos competentes a actualizar los planes de emergencia, fiscalizar áreas rurales y coordinar acciones para garantizar la recepción de alertas y reducir la vulnerabilidad de la población.