La <b>Corte Suprema</b> acogió un recurso de amparo y dejó sin efecto el arresto domiciliario total de <b>Camila Polizzi</b>.

Polizzi está imputada por el <b>Ministerio Público</b> como autora del delito de fraude al fisco, en el marco de la arista “<b>Lencería</b>” del “<b>caso Fundaciones</b>”.

En fallo dividido, la <b>Segunda Sala </b>del máximo tribunal estableció que la resolución impugnada, que modificó el arresto domiciliario nocturno de la imputada, se adoptó sin fundamentación.

“<b>La falta de fundamentación de cualquiera de dichos extremos, aún referidos a la necesidad de cautela, vuelve ilegal la privación de libertad del amparado y necesariamente conduce a dar lugar a la acción constitucional deducida</b>”, plantea el fallo.

La resolución agrega que la “<b>fundamentación no se satisface con referencias formales de compartir o adherir a la tesis de alguno de los intervinientes (...) si no se dota de contenido a la decisión en términos de indicar (...) cuáles son las razones de hecho y de derecho que fundan las resoluciones adoptadas</b>”.

“<b>La decisión de la Corte de Apelaciones de Concepción fue emitida sin que se diera cumplimiento a las exigencias de fundamentación mínima que debe contener una resolución que mantiene la privación de libertad</b>”, precisa.

Por tanto, se resuelve que “<b>se revoca la sentencia (...) y en su lugar se declara que se acoge la acción constitucional intentada en favor de Camila Alondra Polizzi Fonceca</b>”.

“<b>Se deja sin efecto la medida cautelar de arresto total que le fue reestablecida por la recurrida, en decisión que recae (…) del Juzgado de Garantía de Concepción</b>”.

La decisión fue tomada por los ministros <b>Manuel Antonio Valderrama Rebolledo, Leopoldo Llanos Sagristá, las ministras María Teresa Letelier Ramírez, María Cristina Gajardo Harboe y la abogada (i) Pía Tavolari Goycoolea</b>.

Decisión acordada con los votos en contra de las ministras <b>Letelier Ramírez y Gajardo Harboe</b>, quienes estuvieron por rechazar la acción constitucional de amparo, al considerar que una corte de apelaciones no puede erigirse en revisora de resoluciones adoptadas por otro tribunal de igual jerarquía.