La <b>Cámara</b> aprobó por <b>132 votos</b> declarar ha lugar la <b>acusación constitucional</b> presentada en contra del ministro de la <b>Corte Suprema, Diego Simpertigue</b>, por <b>notable abandono de deberes</b>.

Se informará al Senado y al afectado, dentro de las 24 horas siguientes de concluida la sesión.

Asimismo, en representación de la Cámara, la diputada <b>Carolina Tello</b> y los diputados Daniel Manouchehri y Jorge Ratgheb formalizarán y proseguirán la acusación en el Senado, en la sesión que este cite para tal efecto.

En el libelo ingresado por once diputadas y diputados, se acusó al magistrado (hoy suspendido de su cargo) de faltar a sus deberes de probidad, abstención e imparcialidad.

Esto por participar en causas donde “<b>mantenía vínculos personales relevantes</b>” con los abogados <b>Eduardo Lagos y Mario Vargas</b>, que eran parte en esos procesos.
<h2><b>Acusación</b></h2>
La acusación la expuso el diputado Manouchehri, apuntando que Chile vive una crisis de confianza en la justicia, “<b>brutal y con justa razón</b>”, debido a que no puede operar con lógicas de amistad, favores o redes.

Agregó que los chilenos merecen ser juzgados por jueces probos, independientes, imparciales y lejanos a redes de corrupción, todo lo contrario a lo demostrado por Simpertigue.

El diputado enfatizó que la acusación constitucional está sustentada en sólidos argumentos jurídicos y políticos.

Añadió como condicionante adicional las dudas sobre el pago de pasajes de viajes y cruceros realizados por el ministro <b>Simpertigue</b> con los abogados <b>Vargas y Lagos</b>.

Al respecto, dijo que, si bien la defensa sostuvo que existía el comprobante de la devolución del monto, esto no fue acreditado.

Enfatizó que la sola compra ya prueba la cercanía y familiaridad que había entre el ministro y los abogados; lo que podría tener ribetes penales y/o estar en presencia de una coima o cohecho.
<h2><b>Defensa de Simpertigue</b></h2>
Durante la jornada, el abogado de Simpertigue, <b>Felipe Lizama</b>, inició la presentación de la denominada cuestión previa (fue rechazada también por la unanimidad de 110 votos).

En ella, criticó la motivación que existió de tratar de resolver esta acusación antes de la segunda vuelta presidencial.

Además, acusó un conjunto de actuaciones “<b>sorprendentes</b>” por parte de quienes participaron como invitados en la comisión; donde se habrían pronunciado sobre el fondo de la acusación previo a la exposición de la defensa, lo que pasaría por sobre el Reglamento de la Cámara.

Junto a esto, también criticó que algunos parlamentarios plantearan su posición sobre la acusación antes de los descargos de la defensa.

Al pasar al fondo de la acusación, Lizama <b>desestimó los tres capítulos</b> porque “<b>no parece que los hechos en los que hay controversia, como ha sido reconocido, deban ser pábulo para una acusación constitucional</b>”.

De tal modo, recalcó que, en el caso <b>Belaz Movitec</b>, el ministro solo intervino en una causa de aclaración posterior, respecto de una sentencia ya pronunciada, sin presencia de alegatos.

Luego participó como ministro en un recurso de queja, entre los mismos incumbentes.

En este caso, no habrían participado ninguno de los abogados supuestamente relacionados al juez.

También negó que un eventual vínculo con los abogados pudiese haber influido en el juicio de reclamación ambiental en el caso Fundamenta.

Finalmente, sobre el cuestionamiento referido a nombramientos notariales, precisó que Simpertigue no tiene ningún vínculo de parentesco en el Poder Judicial.

Aclaró que <b>César Maturana</b>, nombrado com notario interino en <b>San Miguel</b>, tendría vínculos con la hija de su pareja.

Resaltó que Simpertigue no era ministro de la Corte Suprema al momento de concretarse dicho nombramiento, ni era ministro visitante, como se habría acusado.