La Organización de Trabajadoras y Trabajadores Judiciales (OTJ) pidió este lunes a la Corte Suprema abrir las investigaciones criminales en contra de jueces y juezas por la responsabilidad penal que tendrían en crímenes de lesa humanidad tras el Golpe de Estado, solicitando también pedir perdón por todas las “víctimas del terrorismo de Estado”.
Los trabajadores judiciales piden perdón a todas las víctimas de la dictadura cívico-militar por “la acción u omisión causada por el Poder Judicial”, en una declaración pública de siete puntos.
En esa línea, la OTJ señala que “el Poder Judicial durante la dictadura sirvió como dispositivo a través del cual, el poder fáctico civil-militar intentó disfrazar de “legal” su actuación fuera de la Constitución y las Leyes de la República, otorgándole una falsa independencia de su actuar”.
“Todos los integrantes de la Corte Suprema de la época, dieron su beneplácito e íntima complacencia tanto con el golpe, como con el orden autoritario conformado por el gobierno de facto e ilegal, siendo por tanto partícipes de lo ocurrido en dichos años, lo que se refrenda que el presidente de la Corte Suprema inviste al dictador Augusto Pinochet como Presidente de la República el 16 de diciembre de 1974”, precisan.
En otro punto de la declaración, la OTJ recuerda que en 2013 el máximo tribunal del país reconoció los atropellos durante la dictadura y que en parte se debió a la “omisión de los jueces de la época”, por lo que indican que “la Corte Suprema reconoce emisiones, pero no pide perdón a todas y todos los chilenos”.
“Solicitamos a la Corte Suprema, a 50 años del Golpe civil-militar, pida perdón institucional a todas las víctimas de terrorismo de Estado, de las desapariciones, torturas y ejecuciones no investigadas oportunamente, de los Habeas Corpus rechazados, como parte de medidas de reparación integral dde su indebida actuación”, sostienen.
“Solicitamos a la Corte Suprema, como medida de no repetición, que se abran las investigaciones criminales en contra de jueces y juezas por su responsabilidad penal en crímenes de Lesa Humanidad, que por su naturaleza son imprescriptibles y por tanto, peerseguibles de oficio”, agrega.
Finalmente, los funcionarios del Poder Judicial solicitan que la Suprema “establecer a la brevedad y con carácter de urgente un programa de apoyo decidido a las causas que violaciones a los derechos humanos de la dictadura, estableciendo recursos, apoyo y destinando las y los jueces necesarios para realizar, con la debida diligencia, las investigaciones y juicios pendientes que apremian la conciencia nacional”.
