CGR detecta 910 funcionarios con prohibición de apostar en casinos transaron cerca de $11.500 millones
Hans Hansen
•
23 de marzo de 2026
•
Hace 8 semanas
La
Contraloría detectó que
910 funcionarios públicos y municipales, de
371 entidades del Estado, transaron en casinos
$11.490.456.871, pese a encontrarse con prohibición de apostar.
Estos datos, de acuerdo a la CGR datan entre
enero 2024 y junio de 2025.
Según los datos, de los
910 funcionarios,
181 concentran el 96,8% del monto transaccionado, es decir,
$11.118.431.956.
En estos casos, las
sumas apostadas no se condicen con el nivel de sus remuneraciones.
El organismo se basó en el
cruce de información entre el registro de funcionarios que administran o custodian fondos públicos -y que por ello deben rendir caución- y los antecedentes de clientes que realizaron operaciones en casinos de juego, entregados por la
Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ).
De acuerdo con el artículo 10 letra b) de la Ley N° 19.995, estos f
uncionarios tienen prohibido efectuar cualquier tipo de apuesta en casinos.
Funcionarios y servicios con mayores montos transados
El informe identifica a diversos servicios públicos y municipalidades cuyos funcionarios concentran los mayores montos apostados y que pertenecen a instituciones como
Carabineros, Fuerza Aérea, Tesorería General de la República, PDI,
municipalidades y otros organismos del Estado, con cifras individuales que superan los
mil millones de pesos en algunos casos.
En total, los
20 mayores montos transados alcanzan más de $5.392 millones, correspondientes a funcionarios que desempeñaban cargos
directivos, fiscalizadores, profesionales y operativos.
Acciones derivadas
La CGR remitirá a la
Superintendencia de Casinos de Juego el listado de los
910 funcionarios involucrados, para que fiscalice, investigue e instruya procedimientos sancionatorios.
También enviará los antecedentes a los respectivos
servicios públicos y municipalidades, a fin de que inicien los
procedimientos disciplinarios y determinen eventuales
responsabilidades administrativas.
Adicionalmente, remitirá los antecedentes al
Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, para los fines que estimen pertinentes en el ámbito de sus atribuciones.
