La nueva Ley de Desalación, promulgada en mayo de este año y con entrada en vigencia para noviembre de 2027, establece un marco regulatorio integral para proyectos de desalación y representa un paso fundamental para fortalecer la seguridad hídrica del país, ya que permite agilizar el desarrollo de proyectos, otorgando mayor certeza a las inversiones y fomentando soluciones sostenibles frente al creciente déficit hídrico que enfrenta Chile.
Esta normativa no solo busca acelerar la implementación de nuevas plantas desaladoras, sino también promover una gestión más eficiente de los recursos hídricos, reduciendo la presión sobre fuentes continentales cada vez más escasas.
“La desalación con el método de Ósmosis Inversa se ha consolidado como solución clave frente a la escasez hídrica, especialmente en minería, donde ya existen más de 20 plantas desaladoras en operación y una cartera de proyectos que supera los US$24 mil millones. El desafío actual no es solo expandir la capacidad de desalación, sino optimizar su eficiencia energética y su integración en sistemas hídricos más amplios”, advierte Bárbara Soto, Project Manager de Recursos Hídricos de GHD en Chile.
La nueva Ley de Desalación incorpora por primera vez un beneficio directo para las comunidades, permitiendo exigir que hasta un 5% de la capacidad de producción de agua desalada se destine a consumo humano y/o saneamiento, a proyectos cuya finalidad principal no sea este fin. Esta medida fomenta el desarrollo de proyectos multipropósito de mayor escala, aprovechando una demanda base industrial para expandir el acceso al agua en territorios con estrés hídrico.
Asimismo, la ley establece un régimen especial de servidumbres para la conducción de agua de mar, agua desalinizada y salmueras, permitiendo a los titulares de proyectos obtener derechos de paso necesarios para construir y operar la infraestructura asociada. Este mecanismo entrega mayor certeza jurídica, reduce una de las principales barreras para el desarrollo de estas iniciativas y facilita la conexión entre las zonas costeras, donde se ubican las plantas, y los principales centros de consumo situados tierra adentro.
Otras tendencias y su aplicación en minería
De forma adicional a la Ósmosis Inversa, la ejecutiva de GHD explica que también existen otras prácticas de hacer conversar esta tecnología con la nueva legislación, que ya se están implementando en otros lugares del mundo, y que podrían aplicarse también en Chile.
Entre ellas, destaca por ejemplo la “optimización energética del proceso, ya que hay que considerar que la desalación consume entre 3 y 4 kWh por metro cúbico, por lo que la integración con energías renovables es clave para reducir costos y emisiones”.
No obstante, también aclara que es necesario implementar una economía circular del agua, con reutilización dentro de procesos como los mineros, reduciendo con esto la demanda total, junto con una óptima gestión de la salmuera, para reducir los impactos ambientales de su descarga.
“Aunque la Ósmosis Inversa seguirá liderando la desalación en el corto y mediano plazo, es importante continuar explorando tecnologías emergentes como la Ósmosis Directa, la Destilación por Membranas y la Electrodiálisis. Estas alternativas muestran potencial para reducir consumos energéticos, aprovechar energías renovables y mejorar la sostenibilidad de los proyectos”, comenta Bárbara Soto.
Para Chile, avanzar en investigación y proyectos piloto será clave para asegurar que las mejores tecnologías estén disponibles para enfrentar los desafíos hídricos del futuro.
¿Qué ocurre en sectores no mineros?
Si bien es minería la industria que más está impulsando la desalación, otras actividades económicas también pueden verse beneficiadas con esta práctica. Desde GHD apuntan a que el desarrollo de desalación debe evolucionar hacia un enfoque multipropósito y de integración territorial, ampliando su uso para consumo humano, agricultura, industria y polos productivos emergentes.
“El mayor potencial se encuentra en zonas centro-norte y, crecientemente, en el centro-sur, donde la variabilidad climática está afectando la disponibilidad de agua para agricultura y consumo humano”, aclara la ejecutiva de GHD.
Las proyecciones de COCHILCO muestran una continua expansión del uso de agua de mar en la minería del cobre durante la próxima década, mientras que estimaciones del sector indican que cerca del 70% del agua utilizada por la minería chilena provendrá del mar en los próximos años. “En este contexto, la nueva ley genera una oportunidad única para impulsar infraestructura compartida y escalable, donde una demanda base industrial pueda facilitar el acceso al agua para comunidades cercanas, mejorando la rentabilidad de los proyectos y contribuyendo a la seguridad hídrica del país”, finaliza Bárbara Soto.