A segundo trámite legislativo pasó el proyecto impulsado por el Gobierno en el marco del plan “Escuelas Protegidas”, el cual modifica diversos cuerpos legales y orientado a erradicar la violencia en contextos escolares, luego que esta jornada fuera aprobado en la Cámara.
De esta forma, se considera como agravante de responsabilidad penal el cometer delitos en contra de personas que integran la comunidad educativa.
La norma obtuvo 104 votos a favor, 16 en contra y 22 abstenciones, en su votación general. Posteriormente, se respaldó con 81 votos a favor, 49 en contra y 12 abstenciones el numeral 1 del proyecto.
Este numeral dispone que:
La agravante penal se aplicará a delitos cometidos contra personas de la comunidad educativa en el ejercicio o con ocasión de sus funciones o participación en dicho ámbito, al interior de establecimientos e instituciones educacionales de todo nivel
Ya sea en sus dependencias, inmediaciones o lugares a los que acudan a realizar actividades educativas, incluido el transporte escolar
Se precisa que los integrantes de la comunidad educativa son los alumnos, padres, apoderados, profesionales y asistentes de la educación, equipos docentes directivos y los sostenedores.
Se añade a este catalogo de agravantes cometer un delito contra la propiedad, en que se haya empleado violencia, intimidación o fuerza en las cosas, o cometer el delito de daños o incendio, en el interior o dependencias de un establecimiento o institución educacional.
Igualmente, el proyecto aprobado dispone una sanción agravada -en un grado- a los delitos de lesiones, amenazas, maltrato de obra o agresiones físicas, en contra de profesionales o funcionarios de los establecimientos educacionales, si estas las realizan los padres, apoderados, tutores o quienes tengan el cuidado personal de los estudiantes.
Debate
Desde las posiciones a favor del proyecto, destacaron que este apunta a resguardar espacios seguros para el aprendizaje.
Además, que no es posible normalizar la violencia en los establecimientos educacionales y, por lo tanto, reforzar las agravantes permitirá enfrentar con mayor eficacia situaciones de amenazas, agresiones y destrucción.
Además, advirtieron que existe un aumento sostenido de hechos de violencia en contextos escolares. Estos, agregaron, impactan directamente en la salud mental de estudiantes, docentes y equipos educativos.
En ese sentido, afirmaron que la comunidad educativa requiere mayor protección y respaldo institucional para ejercer sus funciones.
En contraste, las posiciones más críticas a la iniciativa impulsada por el gobierno, cuestionaron el énfasis en aumentar las penas frente a un fenómeno complejo que no se resuelve solo desde la perspectiva del derecho penal.
Esto, implicaría riesgos para los derechos de niños, niñas y adolescentes, especialmente en contextos de vulnerabilidad, e inisitieron que estos cambios podrían acercar las sanciones a estándares del sistema penal adulto.
Adicionalmente, plantearon que la propuesta normativa podría ser difícil de aplicar y recordaron que actualmente ya existen normas que regulan la convivencia escolar.
De este modo, enfatizaron que la respuesta debería centrarse en la prevención y en políticas de salud mental más robustas.
Desde el gobierno, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, relevó la importancia de establecer un tratamiento diferenciado para los delitos que afectan a la comunidad educativa, a la luz del aumento de las agresiones contra docentes y estudiantes.