La siguiente es la entrevista que el ministro de Justicia de Chile, Luis Cordero dio a la agencia oficial de noticias de Argentina Telam, la cual reproducímos íntegramete:
Cordero: «Si el Estado fue el que cometió esos crímenes, tiene que hacerse cargo»
El ministro de Justicia y Derechos Humanos de Chile, Luis Cordero, destacó el «cambio de enfoque» que implica que desde el Gobierno se haya lanzado un Plan Nacional de Búsqueda de desaparecidos durante la dictadura, una tarea que hasta ahora había «recaído sobre los hombros de los familiares», y consideró que en el país hay una «conciencia muy clara de que la democracia es frágil».
Cordero, que asistió esta semana en Buenos Aires a la inauguración de un memorial por los chilenos desaparecidos durante la dictadura en Argentina, lidera el plan lanzado por el presidente Gabriel Boric en el marco de los 50 años del golpe de Estado y, en diálogo con Télam, explicó también por qué cree que este proyecto puede transformarse en una «política pública permanente» y cuáles son sus principales objetivos.
– La semana pasada, Boric oficializó el Plan Nacional de Búsqueda de desaparecidos, en el marco de los 50 años del golpe, ¿por qué cree que se tardó tanto en instrumentar un plan de este tipo desde el Gobierno?
– Probablemente se explica por la trayectoria que el país ha tenido desde la vuelta a la democracia. Desde el retorno a la democracia, Chile abordó el problema de violación de derechos humanos a través de comisiones de verdad, en un contexto en que además (Augusto) Pinochet estaba en la Comandancia en jefe del Ejército. O sea, abordar comisiones de verdad en un contexto de esas características también fue un gran desafío para el país, pero, así y todo, tuvimos un informe que es muy relevante hasta el día de hoy, como el informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, el Informe Rettig, que además desnudó de un modo muy descarnado lo que había sido la represión política. Y a veces uno se le olvida, pero las reacciones institucionales tras ese informe eran de negación, de las Fuerzas Armadas, de una parte de la política en Chile, del propio Poder Judicial. Y luego tuvimos una comisión de verdad para los temas de tortura y prisión política, el Informe Valech.
Desde que el sistema legal chileno toma la decisión de abordar los casos, los temas de justicia habían descansado esencialmente en las acciones de los familiares, hasta que la Corte Suprema decide el año 2000 nombrar a jueces de dedicación exclusiva. Eso fue en el contexto de que Pinochet había sido detenido en Londres, había vuelto, se había conformado la Comisión de Diálogo en Chile. El proceso chileno, luego de las comisiones de verdad, se volcó muy intensamente a lo que podríamos denominar la búsqueda judicial. Y durante los últimos más de 20 años el país ha avanzado sustancialmente en esas investigaciones judiciales, acumula una abrumadora cantidad de información. A la vez, seguimos teniendo un número importante de personas desaparecidas y hasta ahora eso ha sido una responsabilidad que ha recaído sobre los hombros de los familiares. Si el Estado y sus funcionarios cometieron los crímenes y lo hicieron en función de una política represiva contra sus opositores, entonces es al Estado al que le corresponde hacerse cargo de la búsqueda. Y esto, que algunos podrán considerar menor, es un cambio muy significativo de enfoque y sí, ha pasado mucho tiempo, pero en buena parte quizás hemos podido hacer esto por todos los pasos previos también.
– A raíz del anuncio de la semana pasada, la diputada Lorena Pizarro habló de la importancia de que esta política de Estado se convierta en algo permanente, que trascienda a este Gobierno, ¿qué opina al respecto y cómo cree que se puede lograr?
– Hay dos fórmulas: una que es formal y es la manera en cómo está diseñado este instrumento, que es un acto formal del presidente, que cumple con todos esos requisitos. O sea, no es simplemente un texto declarativo, es un texto que como política tiene un propósito, que tiene un diagnóstico, que tiene objetivos, que tiene acciones y que, en consecuencia, es mensurable para su rendición de cuentas. Descansa además en un programa que ya tiene estabilidad hace un tiempo, que es el Programa de Derechos Humanos. Enfrentamos el proceso de elaboración de Plan Nacional de Búsqueda tratando de generar consensos de distintos mundos. Por cierto, hay que mirar esto en la perspectiva de cómo los familiares volvían a mirar al Estado con algún nivel de confianza, entre otras cosas, por la forma y modo en que había actuado en los últimos años. Entonces se les hace partícipe a ellas, porque la mayoría son mujeres, y hay un diálogo también con otros actores, como la oposición. Durante todo ese proceso con quienes dialogué había un elemento de consenso, que es que en Chile existieron violaciones a los derechos humanos y que estas no pueden volver a ocurrir. Los miembros de la oposición con los cuales dialogué siempre han considerado que esto es un avance y es un acto de mínima dignidad. Entonces no es solo lo formal, sino que también que el punto de vista sustantivo del Plan Nacional de Búsqueda tiene una legitimidad en sí misma por la obligación esencial que el Estado cumple a través de ella.
– ¿Qué expectativas hay de que se pueda lograr algo en el corto o mediano plazo?
– Hay varias cosas que se deberían abordar: la primera tiene que ver con la información, dado que el país ha concentrado buena parte de sus esfuerzos después de las comisiones de verdad en las indagaciones judiciales, tiene una abrumadora cantidad de información en expedientes judiciales. De hecho, lo que ha pasado es que son miles y miles de fojas que están ahí, que nadie ha tratado, ordenado, sistematizado y que el Plan Nacional de Búsqueda pretende hacerlo. Lo segundo es tratar de mirar las cosas con un enfoque distinto, no solo que el Estado se hace responsable y acompañe el proceso de búsqueda, sino la pregunta es qué es la búsqueda. El objetivo es conocer las condiciones y circunstancias en que una persona detenida fue hecha desaparecer, y conocer sus trayectorias, quiénes eran, dónde estaban, por dónde pasaron y ojalá saber el destino final. Y eso es un cambio de enfoque, no solo en la de que esto sea política pública permanente, sino que también cómo observamos la tragedia de la desaparición forzada.
– Chile llega a los 50 años del golpe con un gobierno que está planteando revisar las políticas de derechos humanos, pero a la vez con una sociedad que también ha apoyado en forma importante a la derecha, ¿cómo evalúa esta situación?
– Hace pocos días apareció una encuesta, que realizó en junio y julio la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, que dice que aproximadamente el 58% de los chilenos está de acuerdo en que el Estado tiene que hacer esfuerzos por indagar sobre la situación de los detenidos desaparecidos. Nosotros hemos estado viviendo momentos muy álgidos, pero si hay algo que he aprendido en este proceso del desarrollo de Plan Nacional de Búsqueda, sobre todo en las conversaciones con la oposición, incluyendo la que apoyó a la dictadura, es que consideran que hay una mínima obligación que el Estado tiene que cumplir. Si el Estado fue el que cometió esos crímenes, es el Estado el que tiene que hacerse cargo de ellos. Nosotros tenemos años febriles de tanto en tanto y nuestros septiembres siempre tienen esta paradoja, en que de repente hay discusión, pero también con la conciencia muy clara de que la democracia es frágil, de que por esas disputas se puede quebrar y que al amparo de eso se puede producir una violación masiva de derechos humanos. Y nadie quiere que una cosa como esa vuelva a suceder.
