La senadora Paulina Núñez (RN) y el exministro de Defensa, Mario Desbordes (RN), llegaron hasta la sede del Congreso Nacional en Santiago para valorar la incorporación de las Fuerzas Armadas al trabajo de control de la migración en la frontera norte del país y plantear una serie de temas que a su juicio se deben considerar y corregir para conseguir los fines buscados con la medida contemplada en la ley de infraestructura crítica puesta en marcha hoy.
Ambos manifestaron que la presencia de las FF.AA por sí misma no frenará el ingreso ilegal de personas y se tendrá que revisar en su momento, toda vez que el gobierno no debiera descartar un Estado de Excepción Constitucional (EEC) para el perímetro que represente las zonas más complejas. Asimismo, plantearon establecer barreras físicas que impidan o al menos compliquen el ingreso por lugares no habilitados; la reconducción a países limítrofes (y repatriación cuando corresponda); y evaluar el trabajo con el Alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR) para implementar un campamento para quienes, pese a las medidas implementadas, logren traspasar las fronteras, para evitar que queden ingresados legalmente al país. Explicaron que se trata de una medida adoptada en países enfrentados a olas migratorias y no supone un cierre de fronteras, sino procurar que los ingresos se enmarquen en la legalidad y previa solicitud de visa.
Desbordes agregó que “la ciudadanía cree que el despliegue militar va a impedir la migración ilegal y no lo va a hacer, porque hay más de 100 pasos no habilitados para ingresar y porque a las FF.AA. no se les ha asignado el rol de impedir la inmigración ilegal, sino solo recibir a las personas que ingresan ilegalmente, tomarlas y reconducirlas”. Al respecto, precisó que ellos “no van a impedir que alguien ingrese sin visa, incluso si es por un paso no habilitado y eso hay que corregirlo, o terminarán siendo un parche.”
El extitular de Defensa lamentó que “las FF.AA. se han enviado con las manos amarradas porque, pese a lo que dice la ministra Carolina Tohá, por regla general no van a poder revisar ropas, bultos, ni registrar un vehículo y la excepción será hacerlo si el vehículo o la persona hubiere cometido un delito”. A su juicio, “podemos entender esa discusión en Santiago, en Antofagasta u otras ciudades, pero en la frontera lo razonable sería que sí pudieran revisar como norma general, por cierto respetando los derechos humanos y la dignidad de la persona fiscalizada”.
En tercer lugar, cuestionó la forma en que se ha abordado la posibilidad de defenderse de quienes estarán a cargo del control en las fronteras. Al respecto, calificó como “grave que se establezcan etapas para defenderse, más aún cuando hay una agresión y considerando que las FF.AA. no cuentan ni contarán con los elementos descritos en el decreto, tales como artículos eléctricos, paintball ni gases pimienta, porque la información que tenemos hasta ahora es que no hay ninguna posibilidad de compra.” A eso, añadió que para el uso de armas se ha establecido un criterio restrictivo muy complejo, que es el de la proporcionalidad, explicando que “los Códigos Penal y de Justicia Militar hablan de racionalidad para usar los medios, lo que implica que si me están atacando con una moto yo no puedo disparar con un cañón de vuelta, pero no se puede obviar que siempre quien se defiende -la autoridad- debe estar un escalón arriba del agresor. Otra cosa podría suponer un empate y eso no puede pasar”.
La senadora Paulina Núñez, en tanto, recordó que “desde el norte llevamos años pidiendo un mayor control en las fronteras, porque ésta no es una cuestión del Gobierno de Boric, de Piñera, o de la presidenta Bachelet. El gobierno de Chile no ha sido capaz de entregar mayor protección ni adelantarse a la ola migratoria que venía.”
Más allá de las medidas anunciadas, la senadora por Antofagasta llamó al Ejecutivo a “no seguir jugando con las expectativas de las personas”, recalcando que el espíritu de la ley de infraestructura crítica no era enviar a las FF.AA. con las manos amarradas ni a revisar solo en casos excepcionales”. Por lo mismo, reiteró la importancia de que, previo balance a los 90 días, si esto no da resultado, el gobierno sea capaz de darse cuenta y no descarte un estado de excepción constitucional de emergencia.
