Según el Diccionario, la seguridad social es el “sistema público de prestaciones de carácter económico o asistencial, que atiende necesidades determinadas de la población, como las derivadas de la enfermedad, el desempleo, la ancianidad, etc.”
Que este sistema sea público no quiere decir otra cosa que sea organizado y administrado por el Estado. Y que atienda las necesidades básicas de la población, con los medios que cada Estado cuente o pueda recaudar para ello, que efectivamente las atienda. Así, por ejemplo, en materia de enfermedad, como se expresa en el editorial de El Mercurio del 1 de octubre, en los países de la OCDE se entiende por seguridad social, en materia de enfermedades, un sistema en que “los precios de los medicamentos no son pagados por el bolsillo de los pacientes, sino que, una vez que se ha hecho una receta por un médico del sistema de salud previsional, es el propio sistema el que se encarga de cubrir su costo”. Y, como el editorialista agrega, “parece natural que así sea, puesto que un sistema que se hace cargo de la salud de la persona, debe hacerse cargo también de los métodos curativos que se emplean, sean médicos o quirúrgicos”. Este sistema no existe en Chile.
Un sistema de seguridad social también atiende a las personas desempleadas. No encarece los costos del despido ni de la contratación. Atiende a los desempleados. Y para ello debiera considerar su renta al momento del despido y el tiempo promedio en que puede volver a encontrar empleo, las necesidades de capacitación para ello y los servicios que se requieren para ponerlo en contacto con futuros empleadores. Algo así no existe en Chile.
Un sistema de seguridad social atiende a la ancianidad, y provee de pensiones que aseguren que la jubilación no suponga caer en la pobreza ni en la dependencia de terceros, lo que implica un ingreso equivalente a un porcentaje significativo del promedio de sus últimos años de trabajo, con seguridad, un poco más de la mitad. Y atención de salud, servicios de transporte, educación y recreación apropiados a su edad. Nada de esto existe en Chile.
Estos sistemas se financian, en la mayor parte de los países OCDE, a través del presupuesto nacional, al que los trabajadores contribuyen con el llamado “impuesto a los salarios” (el nombre técnico de nuestras cotizaciones previsionales), el impuesto progresivo a las rentas y patrimonios, el impuesto al valor agregado (del que, por regla general, están exentos alimentos básicos y medicinas y que puede llegar a ser la mitad o menos del que se cobra en Chile, para evitar su carácter regresivo) y los ingresos que generan empresas estatales.
En Chile, quienes pagamos nuestro impuesto salarial a una AFP y a una ISAPRE no contribuimos a un sistema de seguridad social, que en propiedad no existe. Contribuimos a sistemas privados que tienen objetivos diferentes: las AFP, mantener un ahorro forzado para financiar la inversión, sin obligación de proveer pensiones que eviten a los jubilados caer en la pobreza; y las ISAPRES, un sistema de seguros privado que no está obligado a proveer prestaciones de salud completas y, como sus directivos han expresado públicamente, que funciona bien mientras no tengan que atender a enfermos o ancianos. Tampoco existe un sistema de seguridad social que contribuya a aliviar el drama del desempleo, sino otro mercado de seguros privado que, por ser tal, se basa en la premisa de que no todos los asegurados cobren la reducida prestación debida, quedando la diferencia no para el pago a otros asegurados, sino para ganancia del administrador.
Por eso la gente tiene miedo a enfermar, jubilar o quedar sin trabajo.
Ello podría explicar por qué profesionales aparentemente bien remunerados y personas de todas las edades participan en las manifestaciones actuales. Y también por qué las respuestas del sistema político parecen insuficientes o extraviadas.
Y aunque es probable que las manifestaciones decaigan en intensidad en el futuro inmediato, lo que no va a decaer va a ser el temor a la vejez en la pobreza, al desempleo y a la enfermedad que arruinan. Tarde o temprano, ese temor volverá a aflorar, teniendo quienes lo padecen cada vez menos que perder. Por eso debemos discutir sobre seguridad social ahora.
