Hay algo admirable en la columna del canciller argentino Pablo Quirno publicada en El Mostrador: su consistencia. Durante miles de palabras desarrolla con disciplina una tesis que Argentina ha sostenido durante décadas. El problema es que la solidez de una narrativa no la convierte automáticamente en una verdad jurídica ni política. Y precisamente ahí radica la principal debilidad del argumento argentino: confunde perseverancia con razón.
Quirno insiste en que las Falklands/Malvinas constituyen una cuestión pendiente de descolonización y que la libre determinación de los habitantes de las islas no resulta aplicable. Repite que la ONU reconoce una disputa de soberanía y que Londres tiene la obligación de negociar. Todo eso es correcto hasta cierto punto.
Lo que la columna evita mencionar es que sesenta años después de la Resolución 2065 el mundo ha cambiado, la población de las islas existe, se gobierna democráticamente, posee instituciones propias y ha manifestado de manera abrumadora su voluntad de seguir vinculada al Reino Unido.
La paradoja argentina es extraordinaria: proclama defender el derecho internacional mientras intenta ignorar a la única comunidad humana que vive efectivamente en el territorio cuya soberanía reclama.
Resulta llamativo que Buenos Aires sostenga que los isleños poseen “intereses”, pero no “deseos” políticos legítimos sobre su futuro. La diferencia puede parecer elegante en un seminario jurídico de los años sesenta. En 2026 resulta cada vez más difícil de sostener ante una comunidad internacional que, para bien o para mal, ha convertido la autodeterminación en uno de los principios políticos dominantes del sistema internacional.
Porque la pregunta incómoda sigue sin respuesta:
¿Qué ocurriría si mañana Londres aceptara negociar la soberanía y los habitantes de las Falklands rechazaran categóricamente cualquier transferencia a Argentina?
La diplomacia argentina nunca responde esa pregunta porque la respuesta destruiría la narrativa central del reclamo.
La columna también insiste en que el referéndum de 2013 carece de valor jurídico. Puede discutirse su efecto legal. Lo que no puede discutirse es su efecto político. Más del 99% de los votantes manifestó su voluntad de permanecer como territorio británico. Ignorar ese hecho puede ser jurídicamente cómodo en Buenos Aires, pero es estratégicamente desastroso en cualquier negociación real.
Ningún gobierno democrático del Reino Unido sobreviviría políticamente entregando a más de tres mil ciudadanos que no desean cambiar de soberanía.
Esa realidad explica por qué el conflicto permanece congelado.
No porque Londres ignore a la ONU.
No porque Argentina carezca de apoyo diplomático.
Sino porque la fórmula argentina exige que una población existente sea tratada como un elemento secundario de una discusión territorial.
Y eso es algo que cada vez menos actores internacionales están dispuestos a aceptar.
Más aún, la tesis argentina enfrenta una contradicción que merece ser examinada desde Chile.
Mientras Buenos Aires sostiene que los habitantes de las Falklands son una “población implantada”, respalda simultáneamente procesos de autodeterminación en otros territorios insulares cuando estos favorecen sus intereses diplomáticos. El principio parece variar según convenga a la causa nacional.
La autodeterminación, sin embargo, no es una herramienta de uso selectivo.
O vale para todos.
O termina perdiendo legitimidad para cualquier caso.
La propia experiencia de la Polinesia Francesa demuestra que la ONU contemporánea está mucho más abierta a escuchar a las poblaciones locales que a reproducir esquemas heredados de la Guerra Fría. La tendencia internacional va exactamente en la dirección opuesta a la que imagina Buenos Aires.
Pero existe un aspecto aún más relevante para Chile.
La columna de Quirno describe a las Falklands como un enclave militar británico destinado a preservar intereses geopolíticos en el Atlántico Sur. Sin embargo, omite un dato fundamental: la estabilidad del Atlántico Sur durante las últimas cuatro décadas ha descansado precisamente en la ausencia de cualquier amenaza militar contra las islas. La guerra terminó en 1982. Desde entonces no ha existido un solo escenario creíble en que una modificación unilateral de la situación haya contribuido a la paz regional.
Lo que sí ha contribuido a la estabilidad es el desarrollo de vínculos económicos, científicos, logísticos y humanos entre Chile y las Falklands.
Punta Arenas abastece las islas.
Las islas generan actividad económica para Magallanes.
Los vuelos, la pesca, el turismo y la cooperación antártica han creado una relación pragmática que beneficia a ambas partes.
Pretender que Chile ignore esa realidad en nombre de una solidaridad automática con Argentina es desconocer los intereses nacionales chilenos.
Y aquí aparece la gran transformación estratégica que Buenos Aires parece no advertir.
Cada vez que Argentina intenta involucrar a Chile en la controversia —como ocurrió recientemente con la polémica del HMS Medway— no fortalece su posición diplomática.
La debilita.
Porque obliga a Santiago a recordar que su política exterior no se define en Buenos Aires.
Se define en Santiago.
Y los intereses de Chile en el Atlántico Sur pasan por la estabilidad, la conectividad, el comercio y la cooperación, no por convertirse en parte de una disputa bilateral que lleva casi dos siglos sin resolverse.
Quizás el verdadero problema de la estrategia argentina es que continúa planteando las Falklands/Malvinas como un asunto del siglo XIX mientras el mundo opera bajo las reglas del siglo XXI.
La comunidad internacional escucha cada vez más a las personas y cada vez menos a los mapas históricos.
Escucha más a los habitantes y menos a las líneas trazadas en antiguos atlas imperiales.
Escucha más a la realidad que a la nostalgia.
Por eso la pregunta central ya no es si Argentina considera que las Falklands/Malvinas son argentinas.
Esa posición es conocida.
La pregunta relevante es otra:
¿Está Argentina dispuesta a aceptar una solución que incorpore la voluntad de quienes viven en las islas?
Porque mientras la respuesta siga siendo negativa, la distancia entre la diplomacia argentina y la realidad política seguirá ampliándose.
Y ningún número de resoluciones podrá cerrar esa brecha.
