Nací en la comuna de Maipú en 1965 y crecí en sus barrios. Y desde que tengo registros de memoria, el Cerro Primo de Rivera era referencia fundamental para la comunidad. Hubo un momento de la historia en que marcaba el fin de la zona urbana, pues el pueblo de Maipú se extendía hasta ese lugar por Avenida Pajaritos, en el Paradero 15, y luego comenzaba el mundo de la ruralidad. También era punto de encuentro para las familias y, sobre todo, los niños, que por las Fiestas Patrias, llegaban al Cerro para hacer volar sus volantines.

Por lo general, se le llamaba informalmente cerro Los Pajaritos, cerro 15 o cerro Blanco, denominaciones que aún hoy ocupan los antiguos habitantes de Maipú. Pero, por sobre todo, existía cuidado y respeto general por esos parajes, porque se sabía que había sido uno de los escenarios de la histórica Batalla de Maipú, la que permitió resolver en forma definitiva y en los campos de batalla la Independencia de Chile. En mi caso, me lo contó en mi colegio básico maipucino mi recordado profesor Eric Rojas.

El 5 de abril de 1984 fue inaugurado como parque. Era el período del alcalde Gonzalo Pérez Llona, quien por más tiempo permaneció en el sillón edilicio durante la dictadura, entre 1975 y 1986, llegando ese último año a ser el edil más antiguo en ejercicio. Previo al golpe de Estado, era regidor del Partido Nacional y en 1971 había intentado sin éxito llegar a primera autoridad local.

El nuevo parque fue bautizado “cerro Primo de Rivera”, en honor al coronel del ejército español Joaquín Primo de Rivera y Ortiz de Pinedo, que había ocupado este lugar como puesto de mando del ejército realista en la Batalla de Maipú.

Por Decreto Supremo Nº 66 fechado el 22 de febrero de 1991 fue declarado Monumento Nacional en la categoría “Monumento Histórico”. Fue un reconocimiento a su condición patrimonial y, por tanto, al imperativo de la autoridad de generar todas las condiciones para su preservación. En consistencia con lo dispuesto por la Ley Nº 17.288, el Decreto dispuso la necesidad de “su preservación (del cerro), pues constituye un testimonio relevante de nuestro patrimonio histórico”.

Como se sabe, los “Monumentos Históricos” son los bienes muebles e inmuebles de propiedad fiscal, municipal o particular, que por su valor histórico (o artístico o por su antigüedad) deben ser conservados para el conocimiento y disfrute de las generaciones presentes y futuras. Son declarados como tales por Decreto Supremo del Ministerio de Educación, previo acuerdo del Consejo de Monumentos Nacionales.

Posteriormente, durante el actual Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet se dio un nuevo y significativo paso en procura de la conservación del cerro como monumento histórico.

A través del Decreto Nº 515 del 22 de diciembre de 2014 se resolvió ampliar el territorio bajo protección patrimonial. El documento manifiesta que “la Comisión de Patrimonio Histórico del Consejo de Monumentos Nacionales, en atención a que los valores del monumento histórico hacen referencia a la totalidad del cerro y que los limites descritos en el decreto vigente (el emitido en 1991), excluyen un sector de la parte norponiente del mismo, solicita que se efectúe la adecuación pertinente en el acto administrativo, de manera que en la actualidad coincidan los limites prediales con el límite del polígono protegido, incluyendo la totalidad del predio del monumento”. Añade que “la definición del polígono de protección propuesto, permitirá la adecuada puesta en valor del bien protegido”.

Nuestro país ha llegado a la conclusión, en consistencia con la comunidad internacional, que la preservación del patrimonio histórico es una responsabilidad irrenunciable, pues representa la memoria colectiva de la nación y sus comunidades, es la herencia de la historia (el origen latino, patrimonium, significa “lo que viene de los padres”); permite el desarrollo de las identidades nacionales y locales, necesarias para la cohesión social; tiene carácter limitado, no renovable y vulnerable, por lo que requiere especial atención del Estado y la sociedad civil; y es patrimonio colectivo y común: es propiedad de todas y todos.

Durante nuestra gestión en el Ministerio de Bienes Nacionales procuramos emprender una línea de acción en torno a la dimensión patrimonial de la propiedad fiscal, tomando en cuenta su la importancia para el desarrollo presente y futuro del país.

Por todo ello, hemos recibido con consternación la información de que la Municipalidad de Maipú prepara en el Cerro Primo de Rivera un evento dieciochero, al que denominan “Maipeluza”, que se desarrollaría entre el 15 y 19 de septiembre, y que implicaría una intervención sobre el espacio que bien pudiera llegar a amenazar su conservación. La situación parece grave, considerando que organizaciones de sociedad civil de Maipú han indicado que el lugar no cuenta con baños públicos, y por la cantidad de concurrencia que asistiría tendrán que poner baños transitorios; que se está exponiendo el cerro a una enorme sobrecarga de tránsito de personas; que el municipio ha cortado árboles y dispuesto maquinaria pesada para aplanar el suelo.

Que el Consejo de Monumentos Nacionales no se ha pronunciado previamente respecto de la pertinencia de todas esas acciones.

En caso de ser efectivo, enfrentaríamos la paradoja de que una celebración organizada invocando las Fiestas Patrias, cuando conmemoramos nuestra Independencia patria, se ejecute poniendo en riesgo un monumento histórico que remite a la batalla de Maipú, clave en la gesta independentista.

También sorprende profundamente la respuesta de la alcaldesa a través de comunicado de prensa. Dice que los denunciantes son “adversarios políticos”, y que actuarían por “mezquinos intereses políticos”. ¿Qué sean “adversarios políticos” de la actual gestión edilicia, descalifica por ese solo hecho la veracidad o pertinencia de su denuncia? ¿Acaso ello podría minimizar la importancia de la materia?

Que los denunciantes tuvieran mezquinos intereses políticos, lo que en este caso no es verdad, no significa necesariamente que su denuncia sea falsa y que no remita a un asunto de enorme interés público y, en particular, de gran preocupación para la comunidad de Maipú.

Ello, además tomando en cuenta que la primera autoridad comunal ostenta un cargo político, al que accedió luego de ser presentada como candidata en los pasados comicios municipales por un pacto entre los políticos de la derecha. Por consiguiente, es propio e inherente a la democracia que en el desarrollo de su actividad encuentre oposición y “adversarios”.

En ese contexto, lo que importa es colocar en el centro lo fundamental en esta polémica: la necesidad de la preservación del patrimonio histórico y el patrimonio de todos. Todas las autoridades, al margen de su posición política, tienen la misión ineludible de asumir esta tarea. Y la sociedad civil tiene el derecho y el deber de hacer que la totalidad de las autoridades cumplan con esa responsabilidad.