Este jueves la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, promulgó la Ley 20.958 de Aportes al Espacio Público, que establece nuevas responsabilidades y mecanismos para que los proyectos inmobiliarios efectúen mitigaciones directas y aportes al espacio público de las comunas en las cuales se emplazan.

La Mandataria destacó que “los espacios públicos son mucho más que un territorio común. Son los sitios preferenciales para las interacciones que se producen dentro de la ciudad. Determinan, por ejemplo, las condiciones de desplazamiento tanto para quienes caminan por las veredas, como para quienes transitan en automóvil, en transporte público o en bicicleta”.

Las medidas empezarán a operar 18 meses después que se publique el reglamento de la ley (plazo de 6 meses), es decir el año 2019.

Asimismo, añadió que esta normativa “establece la responsabilidad compartida que cabe a los distintos actores del desarrollo urbano para que los espacios públicos sean los adecuados, y la especifica de acuerdo a tres principios claramente establecidos”.

Esta ley está en el eje de equidad urbana, permite un desarrollo más equilibrado de la ciudad, beneficia tanto a la ciudad como a los proyectos en sí mismo, al permitir su instalación en condiciones más armónicas con el lugar en que se insertan. El proyecto busca que la instalación de nuevos desarrollos inmobiliarios resuelva de manera adecuada sus impactos en el entorno urbano, pero no busca resolver déficits preexistentes.

La jefa de Estado manifestó que “las ciudades son mucho más que la suma de edificios, de viviendas, de establecimiento comerciales; de iniciativas particulares y aisladas. Son un organismo complejo, vivo, que debe responder una diversidad de necesidades y a las múltiples actividades e intereses que comprende el desarrollo humano integral”.

Tanto las obras de mitigación directa como los aportes al espacio público deben respetar 3 principios fundamentales establecidos por la ley.

En primer lugar, de manera universal. Es decir, todos los proyectos inmobiliarios (tanto públicos como privados) deberán entregar su aporte a la ciudad que están moldeando y están haciendo crecer, justamente para que este crecimiento sea armónico y beneficie al conjunto de sus habitantes.

En segundo lugar, este aporte será proporcional, de tal manera que cada iniciativa contribuya con montos y acciones que respondan efectivamente a las dimensiones su propio impacto dentro de la ciudad, y no asuman costos o falencias que no han sido generados por ellas.

Y tercero, algo fundamental para garantizar las condiciones apropiadas para la actividad económica en el ámbito de la construcción y el desarrollo inmobiliario, es que esta ley establece y asegura el principio de predictibilidad. Es decir, las mitigaciones y aportes se calcularán con métodos objetivos y sobre la base de procedimientos y plazos predefinidos y estandarizados.
Estos principios se aplicarán a los dos propósitos que se busca lograr mediante esta norma como las Mitigaciones Directas, que son medidas relacionadas con la gestión e infraestructura del tránsito, incluyendo transporte público y privado y los modos no motorizados, y sus servicios conexos (incluye pistas exclusivas para buses, terminales, paraderos, semaforización, señalización, ciclovías, entre otros). El objetivo es que el área de influencia mantenga sus estándares en un nivel semejante al existente.

Y durante su discurso, la máxima autoridad del país se refirió a la aprobación en la Cámara de Senadores del proyecto de elección popular de los intendentes regionales.