Chile está en camino a ser el tercer país sudamericano con una ley referida al juego online, tras Colombia y Argentina. Este proceso, que lleva casi dos años, ha ido avanzando de gran manera en el último tiempo, y hay grandes expectativas para el 2024.
Una legislación de apuestas traerá múltiples beneficios para todas las partes involucradas: los jugadores tendrán mayor respaldo, seguridad y condiciones favorables para participar; desde el gobierno, podrán regular y controlar la actividad, al mismo tiempo que recibirán impuestos; los propios sitios operarán en un mercado competitivo y con las mismas posibilidades.
¿Cuáles han sido los últimos avances referidos a la Ley?
Las últimas novedades tienen que ver con las aprobaciones de varios aspectos de la Ley De Apuestas por parte de la Sala de la Cámara. Este fue un gran paso, pues permite que los procesos de la creación de la ley sigan en movimiento, hacia un final exitoso.
La votación a favor se dio por mayoría, y en palabras de la Subsecreatria Heidi Berner: “el texto está mucho más fortalecido respecto al original”. Uno de los puntos principales tras la sanción de la Cámara, son los cinco objetivos clave que tiene esta ley. Estos son:
- Crear un mercado competitivo, teniendo en cuenta a los establecimientos de juego físico, a la Lotería y a la Polla Chilena de Beneficencia
- Resguardar la fe pública
- La protección de la salud y la seguridad de cada uno de los jugadores
- Asegurar que tanto el origen como el destino de los recursos sea transparente
- Los aportes a la recaudación fiscal.
Otros puntos destacados tienen que ver con los nuevos y viejos organismos que formarán parte del proceso de regulación y control de la actividad online. Por ejemplo, se revalidó la confirmación de la Superintendencia de Casino de Juegos, o SCJ, que abarcara formatos físicos y digitales.
Sin embargo, no estará sola, sino que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el Servicio de Impuestos Internos (SII), y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) acompañarán en las actividades de estudio, análisis y control de las empresas que se instalen, o quieran instalarse, en el país.
Las aprobaciones de la Sala reforzaron descripciones sobre la persecución del juego ilegal. Por ejemplo, habrá un control estricto sobre los medios de comunicación, que solo podrán mostrar publicidades de plataformas autorizadas.
Todos los medios de pago serán controlados, y se bloquearán transacciones hacia destinatarios que estén por fuera de la lista autorizada. Asimismo, habrá una verificación sobre cada operación, para saber si es de origen nacional o traspasa las fronteras.
Una empresa que no tenga su licencia de juego oficial, no podrá tener una cuenta bancaria en Chile, y los proveedores de internet tienen la potestad para bloquear el acceso a sitios sin autorización.
Por último, hay que hablar de los delitos tipificados. Cometer una de estas acciones estará penado por la Ley, y tendrá su respectivo cargo:
- Explotar plataformas sin autorización
- Participar en la publicidad de plataformas sin autorización
- Crear una cuenta mediante datos falsos
- Usar cuentas ajenas
- Vulnerar mecanismos de seguridad
- Obstruir la fiscalización mediante información falsa.
Las principales aprobaciones durante el 2023
El proyecto de Ley lleva casi dos años. Fue en marzo del 2022 donde comenzaron las primeras discusiones y se empezó a crear el proyecto de ley. Desde ese entonces, hubo participación de diferentes entes gubernamentales, como las Comisiones de Hacienda, Economía y Deportes.
Durante el 2023, se establecieron puntos clave de la ley. En especial, hay tres secciones fundamentales.
Los impuestos de la Ley de Apuestas
Uno de los beneficios principales de la legislación es la posibilidad de recaudar mediante el cobro de impuestos. La actividad de apuestas online maneja sumas importantes de dinero, que en este momento, quedan fuera de Chile.
Por eso, se establecieron los niveles de fiscalización que se aplicarán sobre las empresas. Para empezar, estarán sujetas al pago de renta y de IVA. Luego, un impuesto específico correctivo del 20% sobre los ingresos brutos, más un gravamen del 2% ante la explotación de objetos de apuestas.
Un nuevo impuesto será creado, tanto para el juego físico como el juego online: se trata de un 1% para el Juego Responsable.
La seguridad y la salud de los jugadores
El objetivo principal del juego online es divertirse. Sin embargo, si no se hace con responsabilidad, ni hay cuidado por parte de una ley y de las propias casas, pueden aparecer distintos tipos de problemas, como la adicción.
Ante esta situación, se creará una Política Nacional de Apuestas Responsables, que se aplicará de manera obligatoria sobre todos los sitios. Esto permitirá brindar seguridad y cuidado.
Mediante un control y verificación de identidad de cada usuario, se luchará para que ningún niño ni adolescente pueda tener acceso a los sitios de juego. Lo mismo con los sectores vulnerables.
Al registrarse, los operadores deberán solicitar patrones básicos a los usuarios, y luego hacer un monitoreo constante sobre sus cuentas para identificar conductas de riesgo. Por último, habrá medidas específicas, como el caso de la autoexclusión. Esta herramienta permite que un jugador, de manera voluntaria, solicite el cierre temporal de su cuenta, por un periodo de al menos 6 meses.
La protección del deporte
La legalización del juego online en Chile también trajo cierta preocupación en el área de deportes, sobre un tema peligroso como el arreglo de partidos o eventos. Los intereses económicos y la posibilidad de generar dinero, son muy peligrosos en disciplinas profesionales.
Por eso, se estableció una prohibición para apostar a todas las personas que puedan tener injerencia sobre el resultado de una competencia deportiva. Esto incluye a los propios atletas, pero también a presidentes de federaciones u organizaciones, directorios, organizadores, entrenadores y representantes.
Indudablemente, la Ley de Apuestas en Chile continúa dando pasos positivos, y se mantiene en movimiento hacia el objetivo final. Por esa razón, hay expectativas altas de cara al 2024, que podría ser el año donde se concrete esta legislación de manera oficial.
