El Consejo de Defensa del Estado (CDE), a través de su Procuraduría Fiscal de Temuco, y en representación del Gobierno Regional de La Araucanía, interpuso una querella criminal en contra de cuatro funcionarios públicos por los delitos de fraude al fisco por el cuestionado Caso Convenios.

De esta forma, la acción judicial recae en jefes de distintas divisiones del Gobierno Regional de La Araucanía, como Iván Alejandro Soriano Tenorio, Luis German Loyola González, Ítalo Andrés Flores Toro, Susan Claudia Alarcón Rubilar.

En el caso de los particulares se les imputa el delito de lavado de activos, tipificado y sancionado por el artículo 27, de la Ley N° 19.913.

La querella además es dirigida en contra de todos los que resulten responsables, ya sea como autores, cómplices o encubridores de los mismos delitos referidos, o de cualquier otro que resulte acreditado durante el curso de la investigación que desarrolla el Ministerio Público, por los hechos relacionados con los convenios suscritos entre el GORE y las Fundaciones Folab y Educc.

La acción penal del CDE, presentada ante el Juzgado de Garantía de Temuco, se funda en antecedentes que dan cuenta de una serie de acciones ejecutadas de manera concertada, por los funcionarios públicos y los particulares, para defraudar el patrimonio del GORE, a través de la transferencia de la totalidad de los recursos comprometidos para el desarrollo de los programas “Formación de oficios para la autonomía económica de mujeres desocupadas” a ejecutarse en las comunas de Temuco y Padre Las Casas, sin que a la fecha del traspaso de los fondos se hubiera dictado una clase siquiera de las que se habían comprometido a realizar para capacitar a mujeres pertenecientes al 60% de la población más vulnerable de dichas comunas, clases que por lo demás abandonaron completamente a fines del mes de julio de 2023, causando con ello un perjuicio Fiscal ascendente, a lo menos, a la suma de $658.627.735.

En la acción judicial se explica que dichos funcionarios “defraudaron al Gobierno Regional de La Araucanía, conjuntamente con los querellados Rinett y Juvenal Ortiz Rivera, estos últimos actuando a través de las fundaciones Folab y Educc, que dirigen, al permitir los empleados públicos con sus acciones que al 27 de febrero de 2023, se les hubiera transferido a ambas fundaciones la totalidad de los recursos comprometidos, sin que a esa fecha se hubiera dictado una clase siquiera de las que se habían comprometido a realizar”, clases que fueron suspendidas indefinidamente a fines del mes de julio de 2023, que consistían en la capacitación de cuatro oficios ofrecidos y comprometidos en ambos convenios.

A esa época, julio de 2023, ambas fundaciones realizaron sólo rendiciones parciales, Folab por el monto total de $36.352.913, y Educc por el monto total de $40.459.352, por lo que a la actualidad se encuentran sin rendir y se desconoce aún el destino final de $332.367.087, entregados a Folab, y de $326.260.648, entregados a Educc.

Finalmente, en lo que se refiere al delito de lavado de activos, la querella del CDE indica que los querellados Rinett y Juvenal Ortiz Rivera “realizaron una serie de transferencias electrónicas una vez que tuvieron a su disposición los fondos transferidos desde el Gobierno Regional de La Araucanía con el objeto de ocultar el origen ilícito de los bienes que lograron obtener tras defraudar al servicio público aludido, y así lograr que ingresaran a distintas otras cuentas con el fin de ingresar dichos fondos o partes de los mismos al sistema financiero formal”.