La Cámara de Diputados aprobó este miércoles, por 96 votos a favor, 20 en contra y 5 abstenciones, la extensión del estado de excepción constitucional de emergencia en la macrozona sur, el que rige desde el pasado 16 de mayo de este año, por lo que ahora pasa al Senado para su consideración.

La medida rige para la región de La Araucanía y las provincias de Arauco y del Biobío, de la región del Biobío y se fundamenta en la violencia que continúa afectando a los habitantes de la macrozona sur.

El Ejecutivo sostiene que esta situación afecta el orden público y la vida e integridad física de los habitantes y trabajadores/as de esas regiones. Asimismo, complica el normal desarrollo de la vida y de las actividades económicas del territorio.

Se resalta que el estado de excepción ha promovido la coordinación interinstitucional entre las policías, las FFAA y el Gobierno. Su consecuencia directa se expresa en efectos positivos en pro de disuadir la ocurrencia de eventos violentos y desórdenes.

Pese a lo anterior, se alerta que las circunstancias que motivaron la declaración de estado de excepción aún subsisten. En tal plano, se estima necesario su prórroga por otros quince días. Se espera con ello facilitar la adopción de medidas de protección, siempre en el marco del respeto a los DDHH.

Cabe recordar que tras la primera dictación del EECE (16 de mayo), el Gobierno realizó una primera prórroga a través del DS 199. Posteriormente, cumpliendo con el ordenamiento constitucional, solicitó el parecer del Congreso Nacional para concretar la extensión de la medida. Luego de su respectiva aprobación, la prórroga se materializó a través de otros once decretos supremos. El último vence el próximo 27 de noviembre y la presente extensión regirá seguidamente, de ratificarse también en el Senado.

Debate legislativo

Las opiniones fueron diversas durante el debate. Desde la izquierda hubo quien expresó su oposición a la medida, indicando que no les parece que la solución de los conflictos sea la presencia de militares en las calles. Además, observaron que es importante abordar las justas demandas de los pueblos mapuches.

Desde este sector también hubo apoyos, pero se criticó acciones específicas. En particular se llamó a aplicar la Ley de seguridad interior del Estado en torno al paro de transportistas.

Otros testimonios hicieron nuevos llamados al Gobierno a actuar con decisión en contra de la delincuencia y el terrorismo. En tal plano, se solicitó aplicar la Ley antiterrorismo y actuar más allá de la macrozona sur. Especialmente, se instó a actuar con un EECE en el norte y en regiones como Los Ríos y Ñuble o, al menos, crear mejores condiciones para el combate del narcoterrorismo.

Una mención reiterada tuvo el tema de la ocupación de parques nacionales. Allí se pidió aclarar los lineamientos del Gobierno y generar mejores condiciones de protección.

Por último, entre otras posturas, se requirió avanzar rápida y decididamente en una agenda de seguridad pública. En este marco se citaron leyes como la de usurpaciones, infraestructura crítica e inteligencia. También se instó a aumentar la dotación policial y a mejorar su equipamiento.