Este miércoles, y desde el Cerro Santa Lucía – Huelén, la Mesa Directiva y convencionales de escaños reservados de la Convención Constitucional finalmente dieron el vamos al proceso de Consulta Indígena de la Convención Constitucional, a través del que se busca garantizar la participación de los pueblos originarios en la redacción de la nueva constitución.

La presidenta del organismo constituyente, María Elisa Quinteros, comentó en la actividad que, «amparadas en estas voluntades, en los derechos humanos y en el derecho internacional de los pueblos, se inicia hoy un proceso histórico en que se consulta a todos los pueblos originarios qué debería estar escrito en la nueva Constitución. Sus acuerdos y propuestas serán considerados en la deliberación de la nueva carta magna».

Asimismo, destacó que «nosotros nos apegamos estrictamente a los cronogramas y tanto los de la secretaría de participación y consulta indígena como de la comisión de derechos de pueblo, están ajustados a este cronograma general, así es que estamos en los plazos y vamos a seguir cuidando todos los tiempos para cumplir nuestro cometido el 4 de julio».

Por su parte, el vicepresidente Gaspar Domínguez explicó que «hoy damos el puntapié inicial, de manera hermanada las personas que representan a los pueblos originarios y las personas que no pertenecemos a los pueblos originarios, para poder entre todas y todos construir las reglas del juego de manera plurinacional, reconociendo lo que de hecho somos: un Estado Plurinacional«.

En tanto, Margarita Vargas, coordinadora de la comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad, comentó en su intervención que «por años hemos estado esperando este momento para que nuestras demandas queden concluidas en nuestra carta magna de Chile. Queremos un país plurinacional, y hoy estamos viendo cómo nos estamos relacionando con este país plurinacional, que estamos a puertas ya de ingresar».

cabe recordar que el pasado lunes la comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad –encargada de velar por la adecuada implementación de este proceso– aprobó su cronograma de trabajo que establece las principales fechas de la Consulta Indígena.

Según lo aprobado, desde el 24 de enero hasta el 11 de febrero se desarrollará la primera etapa de este proceso, que principalmente consiste en la difusión de la consulta indígena; mientras que desde el 14 de febrero hasta el 4 de marzo se ejecutaría la consulta indígena en los territorios.

En ese sentido, Domínguez precisó que «la consulta está compuesta de varias fases. La primera es hasta el 14 de febrero donde se capacitará a mediadores, monitores y digitadores. En esta instancia tendremos el apoyo de universidades, gobiernos regionales y municipios. En la segunda etapa, después del 14 de febrero y hasta la segunda semana de marzo, será la de levantamiento de la información y diálogo con los pueblos originarios«.

Acotó finalmente que «en la segunda y tercera semana de marzo debemos sistematizar esta información recogida y es tarea principalmente de los escaños reservados transformar es estudio sistematizado en propuestas de artículos explícitamente. Todos estos plazos están calendarizados, la secretaría técnica está llevando el proceso y de alguna manera también supervigilando que se cumplan de acuerdo a los estándares internacionales, principalmente en la declaración 169 de la OIT y de la declaración internacional en materia de derechos indígenas«.

La consulta

En el Reglamento de Participación y Consulta Indígena de la Convención Constitucional, quedó normado el “derecho a la participación indígena durante el proceso constituyente”, en el cual se determina que el órgano redactor deberá iniciar un proceso de participación y consulta indígena “conforme a los estándares internacionales de los derechos humanos de los pueblos indígenas”.

Este tendrá por objeto propiciar la presentación de propuestas y recomendaciones respecto a los a los derechos de los pueblos indígenas y sus garantías, para lo que se buscará alcanzar acuerdos con comunidades, organizaciones y los pueblos originarios, y así salvaguardar e incorporar estos derechos en la nueva Constitución.

Con la finalidad de promover la participación de los pueblos, se establecieron diferentes mecanismos, entre ellos, audiencias públicas, encuentros autoconvocados e iniciativas constituyentes.