Por: Dra. Marisol Prado Villegas***
Hay visitas que, más allá de su carácter religioso o institucional, nos dejan temas sobre los cuales vale la pena detenerse. La presencia del papa León XIV en Uruguay, Argentina y Perú durante noviembre de 2026 es una de ellas. Sus encuentros con autoridades, jóvenes, trabajadores y representantes de la sociedad civil han puesto sobre la mesa asuntos que nos afectan mucho más de lo que a veces reconocemos: la desigualdad, la falta de oportunidades, la incertidumbre frente al futuro y el creciente sufrimiento emocional de las personas.
No escribo estas líneas desde una mirada religiosa, sino desde mi preocupación por lo que está ocurriendo en nuestras sociedades. Creo que hay reflexiones que merecen ser escuchadas y discutidas, independientemente de quién las plantee o de las creencias que cada uno tenga. La dignidad humana, la justicia social, el trabajo y la salud mental no son temas que pertenezcan a una religión o a un sector político. Son asuntos que nos involucran a todos.
Lo que me interesa de esta visita es que nos obliga a mirar una realidad que muchas veces preferimos dejar en segundo plano: mientras hablamos de crecimiento económico, modernización y desarrollo, hay personas que siguen viviendo con angustia, familias que no logran llegar tranquilas a fin de mes y ciudadanos que sienten que sus problemas no encuentran respuesta en las instituciones.
Y creo que ahí está una de las preguntas más importantes que deberíamos hacernos: ¿de qué sirve avanzar como sociedad si ese progreso no se refleja en una mejor vida para las personas?
Hay una reflexión de León XIV que considero especialmente importante y que, a mi juicio, merece mucha más atención: «La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía».
Esta idea, aunque pueda parecer sencilla, cuestiona profundamente la manera en que nuestras sociedades están organizadas. Nos obliga a preguntarnos qué estamos entendiendo por progreso y a quiénes está beneficiando realmente el desarrollo económico. Porque no podemos hablar de crecimiento mientras miles de personas viven con incertidumbre, precariedad laboral, dificultades para acceder a la salud y una sensación permanente de abandono.
Lo que encuentro significativo en este planteamiento del papa es que pone nuevamente en el centro algo que parece haberse perdido en buena parte del debate político: la dignidad humana. Las personas no pueden convertirse en cifras, estadísticas, costos presupuestarios o simples indicadores de productividad. Detrás de cada decisión económica hay vidas concretas, familias que enfrentan dificultades y personas cuyo bienestar depende, muchas veces, de las decisiones que toman quienes gobiernan.
Desde mi perspectiva, esta reflexión también tiene una dimensión psicológica que no deberíamos pasar por alto. Vivir bajo la presión constante de no llegar a fin de mes, temer perder el empleo, no tener acceso oportuno a la atención de salud o sentir que el futuro es cada vez más incierto genera consecuencias emocionales profundas. La angustia, la frustración, la desesperanza y el deterioro de los vínculos familiares no aparecen de manera aislada; muchas veces son el resultado de condiciones sociales que terminan afectando la salud mental de las personas.
Vivimos en sociedades donde casi todo parece medirse por los resultados económicos. Se habla de productividad, crecimiento, inversión y eficiencia, pero no siempre se habla con la misma preocupación de quienes no tienen trabajo, de quienes reciben salarios insuficientes o de las familias que deben hacer malabares para cubrir sus necesidades básicas.
No estoy cuestionando la importancia del desarrollo económico. Lo que cuestiono es que, en ocasiones, se termine poniendo por delante el resultado de las cifras y se deje de lado la realidad de las personas.
La transformación tecnológica y el avance de la inteligencia artificial también nos obligan a pensar en esto. Es evidente que estas herramientas pueden facilitar muchas tareas y abrir nuevas posibilidades, pero también generan incertidumbre. Hay trabajadores que temen perder sus empleos y personas que no cuentan con los conocimientos ni los recursos para adaptarse a los cambios. Y perder el trabajo no significa solamente dejar de recibir un sueldo. Para muchas personas significa perder estabilidad, sentirse menos útiles, depender económicamente de otros y comenzar a vivir con una preocupación permanente por el futuro. Esa situación termina afectando también a las familias, las relaciones personales y la salud emocional. Por eso, no creo que podamos dejar toda esta transformación en manos del mercado. El Estado tiene que proteger a los trabajadores, generar oportunidades de capacitación y preocuparse de que el progreso tecnológico no termine profundizando las diferencias entre quienes tienen oportunidades y quienes quedan rezagados.
El desarrollo no debería medirse solamente por lo que una economía es capaz de producir, sino también por la tranquilidad y las oportunidades que ofrece a quienes viven de su trabajo.
Otro planteamiento del Papa que me parece especialmente significativo es cuando señala que «La autoridad alcanza su sentido más alto cuando se ejerce como servicio». Creo que esta afirmación interpela directamente a quienes ejercen cargos públicos. Gobernar no debería significar solamente administrar recursos, cumplir metas económicas o mantener determinados niveles de aprobación. Significa, ante todo, asumir la responsabilidad de las decisiones y comprender cómo estas afectan la vida cotidiana de las personas.
La democracia necesita ciudadanos que no permanezcan indiferentes
Otro aspecto que me parece importante es el llamado a la responsabilidad de las autoridades y de la ciudadanía. En Uruguay, León XIV abordó la relación entre las instituciones y la sociedad, un asunto que adquiere especial importancia en países donde la desconfianza hacia la política parece haberse instalado con fuerza.
Creo que muchas personas están cansadas. Cansadas de escuchar promesas, de ver discusiones políticas que parecen no terminar nunca y de sentir que sus problemas cotidianos quedan relegados frente a los intereses de quienes ejercen el poder.
Pero también debemos preguntarnos qué estamos haciendo como ciudadanos. La democracia no consiste solamente en votar y esperar que otros resuelvan las cosas. Significa participar, informarse, preguntar y, cuando corresponde, manifestar nuestro desacuerdo.
Las decisiones de las autoridades tienen consecuencias concretas. Cuando se modifica una política de salud, se reducen recursos para determinados programas o se toman decisiones que afectan la protección social, no estamos hablando simplemente de cifras presupuestarias. Estamos hablando de personas que pueden quedarse sin atención, familias que pierden apoyo y ciudadanos que deben enfrentar situaciones difíciles sin contar con las herramientas necesarias.
A mi juicio, gobernar también significa hacerse responsable de esas consecuencias. No basta con anunciar medidas ni justificar decisiones desde criterios económicos o administrativos. Hay que mirar lo que ocurre después, escuchar a quienes resultan afectados y tener la disposición de corregir cuando las cosas no funcionan.
Tampoco podemos acostumbrarnos a que la indiferencia sea parte de nuestra convivencia. Cuando dejamos de preocuparnos por lo que le ocurre al otro, cuando pensamos que los problemas ajenos no tienen relación con nuestra propia vida, vamos debilitando los vínculos que sostienen a una sociedad.
Una democracia necesita instituciones que respondan, pero también personas que no renuncien a su derecho a cuestionar y exigir.
No basta con pedir esperanza cuando la realidad no ofrece oportunidades
Hay una palabra que aparece con frecuencia en los discursos públicos: esperanza. Se nos invita a mantenerla, a mirar el futuro con optimismo y a no perder la confianza frente a las dificultades. Sin embargo, creo que debemos ser cuidadosos con la manera en que hablamos de ella.
No es lo mismo pedir esperanza desde una situación de tranquilidad que hacerlo a una persona que lleva meses buscando trabajo, a una familia que no sabe cómo pagar sus deudas o a alguien que necesita ayuda psicológica y no consigue atención.
A veces pareciera que ponemos toda la responsabilidad en las personas, como si salir adelante dependiera únicamente de tener fuerza de voluntad o una actitud positiva. Pero la vida no funciona así. Hay situaciones en las que el esfuerzo individual no alcanza, porque las dificultades tienen causas económicas, sociales y familiares que no se pueden resolver simplemente con optimismo.
Desde mi punto de vista, la esperanza también necesita hechos. Necesita oportunidades laborales, acceso a la salud, educación, seguridad y condiciones que permitan a las personas proyectar su vida con un poco más de tranquilidad.
Cuando alguien siente que, por más que se esfuerce, nada cambia, puede comenzar a experimentar frustración y desesperanza. Y cuando esa sensación se prolonga, no solo afecta su situación económica, sino también su autoestima, sus relaciones y su manera de mirar el futuro. Por eso, la esperanza no puede convertirse en una invitación a soportar silenciosamente las dificultades. Debe ir acompañada de compromisos reales de quienes tienen responsabilidades políticas y sociales.
Una sociedad solidaria no es aquella que solamente entrega palabras de aliento, sino aquella que está presente cuando alguien necesita ayuda.
Salud mental: detrás de cada cifra hay personas y familias
Si hay un tema que considero especialmente importante dentro de las reflexiones de esta visita, es la salud mental. Las referencias de León XIV al sufrimiento emocional, la soledad, los vínculos familiares y el suicidio nos recuerdan una realidad que no podemos seguir tratando como si fuera un asunto privado.
Durante mucho tiempo hemos tenido la costumbre de decirle a las personas que deben ser fuertes, que tienen que salir adelante y que deben aprender a enfrentar sus problemas. Pero pocas veces nos detenemos a preguntar qué está pasando realmente con ellas o qué condiciones están viviendo.
La salud mental no depende únicamente de la voluntad de cada persona. También está relacionada con el entorno en que vive, con sus posibilidades económicas, con sus relaciones familiares, con el acceso a la atención sanitaria y con el apoyo que recibe cuando atraviesa una situación difícil.
La pérdida del trabajo, las deudas, la violencia, la discriminación, la soledad y la falta de oportunidades pueden generar un desgaste emocional profundo. No todas las personas tienen las mismas herramientas para enfrentar estas situaciones y tampoco todas cuentan con alguien que las escuche o las acompañe.
Me preocupa que hablemos cada vez más de salud mental, pero que muchas personas sigan encontrando dificultades para recibir atención. Se organizan campañas, se realizan actividades de sensibilización y se insiste en la importancia de pedir ayuda, pero cuando alguien decide dar ese paso se encuentra, en ocasiones, con largas esperas, falta de profesionales o tratamientos que no puede costear.
Esa distancia entre el discurso y la realidad merece una discusión mucho más seria.
La prevención del suicidio, por ejemplo, no puede reducirse a una campaña o a un mensaje en redes sociales. Se necesita atención oportuna, profesionales preparados, seguimiento de los casos y redes de apoyo que funcionen de verdad. También es importante que los establecimientos educacionales y los espacios de trabajo puedan reconocer situaciones de sufrimiento y sepan cómo orientar a quienes necesitan ayuda. Hay algo más que no debemos olvidar: las familias también sufren. Cuando una persona atraviesa una crisis de salud mental, sus seres queridos muchas veces viven con miedo, angustia y una enorme sensación de impotencia. Quieren ayudar, buscan respuestas, acompañan como pueden, pero no siempre encuentran el apoyo que necesitan.
No podemos dejar que toda esa responsabilidad recaiga sobre ellos. El cariño de una familia puede ser fundamental, pero no reemplaza la atención profesional ni la obligación del Estado de garantizar servicios de salud accesibles y oportunos. Me parece que todavía nos falta comprender que la salud mental no es un privilegio ni un tema que pueda esperar a que existan otras prioridades. Es parte de la salud y del bienestar de cualquier persona.
La responsabilidad del Estado no puede quedarse en las buenas intenciones
Hay un punto sobre el que quisiera insistir: las autoridades deben hacerse cargo de los efectos que producen sus decisiones en la vida de las personas.
A veces, desde el ámbito político, se habla de ajustes, eficiencia, reducción de gastos o cambios administrativos sin detenerse lo suficiente en lo que esas medidas pueden significar para quienes dependen de los servicios públicos.
Pero detrás de cada decisión hay una realidad humana. Una persona que no consigue una hora médica, una familia que pierde un apoyo necesario o alguien que no encuentra respuesta ante una situación de vulnerabilidad no está viviendo un simple inconveniente administrativo. Está enfrentando una situación que puede afectar su tranquilidad, su seguridad y su bienestar emocional.
No se trata de afirmar que el Estado puede resolverlo todo. Se trata de exigir que cumpla con aquello que le corresponde y que no pierda de vista a las personas que más necesitan protección.
En materia de salud mental, esto es especialmente urgente. No basta con reconocer que existe un problema si no se destinan recursos, si la atención sigue siendo insuficiente o si las familias deben recorrer distintas instituciones sin encontrar una respuesta clara.
Creo que una política pública debe evaluarse también por sus consecuencias humanas. No solamente por cuánto cuesta, cuánto ahorra o qué resultados administrativos consigue, sino por la diferencia que hace en la vida de quienes necesitan ayuda.
La responsabilidad de las autoridades no puede terminar cuando se anuncia una medida. También deben responder por sus resultados y escuchar a quienes viven sus consecuencias.
Una mirada laica, pero profundamente humana
Quisiera detenerme en algo que considero importante. Reconocer que algunas reflexiones de León XIV pueden aportar al debate social no significa que debamos compartir su fe ni que las instituciones del Estado deban adoptar una visión religiosa.
La laicidad es una condición necesaria para que personas con distintas creencias y formas de entender la vida puedan convivir y ejercer sus derechos en igualdad de condiciones. Sin embargo, eso no significa que debamos cerrar la puerta a las reflexiones que vienen de otros espacios. Los representantes religiosos también forman parte de la sociedad y pueden participar en las conversaciones sobre pobreza, desigualdad, trabajo, educación y sufrimiento humano. Lo importante es que esos planteamientos puedan discutirse libremente, sin imposiciones y con sentido crítico.
La dignidad, la solidaridad y la preocupación por quienes atraviesan momentos difíciles son valores que podemos compartir desde distintas convicciones. No necesitamos pensar igual para reconocer que hay problemas que nos afectan a todos. Por eso, más que quedarnos en el carácter religioso de esta visita, creo que vale la pena preguntarnos qué hacemos nosotros frente a las situaciones de injusticia, abandono y sufrimiento que vemos a nuestro alrededor.
Necesitamos una sociedad que no se acostumbre al sufrimiento de los demás
La visita de León XIV a América Latina nos deja varios temas sobre los cuales vale la pena seguir conversando. La desigualdad, el trabajo, la responsabilidad política, la esperanza y la salud mental son asuntos que forman parte de nuestra realidad y que no pueden quedar reducidos a declaraciones ocasionales. Personalmente, creo que uno de nuestros mayores problemas es que nos estamos acostumbrando a situaciones que nunca deberían parecernos normales. Nos acostumbramos a que haya personas esperando meses por atención, familias que viven con angustia económica, trabajadores que sienten incertidumbre frente a su futuro y personas que sufren en silencio porque no encuentran a quién acudir.
Y eso debería preocuparnos.
No podemos hablar de una sociedad desarrollada si dejamos a tantas personas atrás. Tampoco podemos pedirles que tengan esperanza cuando no les ofrecemos oportunidades, ni hablar de solidaridad mientras las instituciones no responden a necesidades básicas.
La salud mental merece un lugar mucho más importante en las decisiones públicas. Detrás de cada persona que atraviesa una crisis hay una historia, una familia y muchas veces un entorno que también necesita apoyo. Escuchar, acompañar y facilitar el acceso a una atención digna no debería depender de la suerte o de la capacidad económica de cada uno.
También creo que debemos recuperar algo que parece haberse ido perdiendo: la preocupación genuina por los demás. No mirar hacia otro lado cuando alguien sufre, no juzgar a quien pide ayuda y no pensar que los problemas sociales son responsabilidad exclusiva de quienes los padecen. Pero esa solidaridad entre las personas debe ir acompañada de instituciones que cumplan con su deber. No podemos reemplazar con buena voluntad aquello que debe garantizarse como un derecho.
Me parece que la esperanza de la que tanto hablamos debería traducirse en algo concreto: mejores oportunidades, más protección, una atención de salud mental que llegue a tiempo y autoridades dispuestas a escuchar y responder.
Al final, el verdadero progreso no está solamente en cuánto crece la economía o en cuánta tecnología somos capaces de desarrollar. También está en cómo tratamos a las personas, en las oportunidades que les ofrecemos y en la respuesta que damos cuando alguien necesita ayuda.
Porque ninguna sociedad puede considerarse verdaderamente justa mientras haya personas que sientan que su sufrimiento no le importa a nadie.
Por eso, considero que el planteamiento de León XIV no debería quedarse en una reflexión moral ni en un discurso de carácter religioso. También debería interpelar directamente a los gobiernos, a los sectores económicos y a quienes toman decisiones públicas. Si realmente creemos que la persona debe estar en el centro, entonces esa convicción tiene que reflejarse en políticas concretas, en protección social, en oportunidades laborales y en un sistema de salud que garantice atención digna y oportuna.
Porque una sociedad no demuestra su desarrollo solamente por lo que produce o por cuánto crece económicamente, sino también por la manera en que trata a quienes tienen menos oportunidades y por su capacidad de proteger a quienes más lo necesitan.
médica especialista en salud pública