- Un nuevo estudio revela que la falta de automatización y la lentitud judicial constituyen las principales barreras para el recupero de activos financieros en el país.
- La expansión de las carteras judicializadas (al crecer más rápido que la capacidad de gestión) presiona a las empresas, mientras la automatización emerge como una prioridad para mejorar los tiempos y tasas de recuperación.
La gestión de cobranza judicial en Chile experimenta una alta complejidad operativa derivada de la expansión de las carteras vencidas. Así lo revelan los resultados del estudio desarrollado por LemonTech junto con Grupo Altum Abogados, que indica que el 71% de las organizaciones nacionales registró un incremento en sus montos de deudas judicializadas durante el último año.
Esta alza de la morosidad señala el informe, ocurre en un mercado donde casi la mitad de los participantes administra montos que superan de forma individual los mil millones de pesos, consolidando una presión operativa sin precedentes sobre los equipos internos encargados de la recuperación.
Carteras millonarias bajo presión
El levantamiento de información del estudio se realizó entre junio y agosto de 2026, con una muestra de 62 organizaciones que gestionan cobranza judicial en Chile, incluyendo abogados, jefaturas de cobranza, analistas de cartera y gestores judiciales.
“El diagnóstico evidencia una contradicción profunda en el mercado nacional”, explica Juan Pablo Granda, director ejecutivo de LemonTech. Aunque las compañías administran volúmenes masivos de deuda, el 81% de las organizaciones gestiona estas carteras millonarias de cobro mediante procesos manuales o flujos de trabajo que combinan planillas de cálculo con correos electrónicos y carpetas físicas. “Esta dependencia de la gestión manual no logra acompañar la velocidad de la mora, incrementando el riesgo de incurrir en omisiones administrativas y mermando los resultados de recuperación en tribunales”, sostiene Granda.
El sector bancario financiero destaca como el principal generador de la deuda judicializada del país, siendo el origen del 55% de las carteras evaluadas. En este segmento, la concentración de grandes carteras vencidas es aún mayor, ya que el 75% de sus actores reporta que sus montos bajo gestión superan el umbral de los mil millones de pesos.
Lo anterior demanda una velocidad de respuesta que los métodos tradicionales ya no pueden sostener, indica el director del área de cobranza de Grupo Altum Abogados, Ignacio Valenzuela. “La lentitud que caracteriza la tramitación en los tribunales civiles se complementa de forma negativa con la persistencia de tareas manuales repetitivas en los equipos de cobranza. Esta acumulación de factores obstaculiza el recupero de activos, limitando la recuperación en la fase judicial a rangos intermedios para la mayoría de los actores. Resulta urgente incorporar sistemas que automaticen de manera sistemática las tareas de tramitación y el control procesal para recuperar la eficiencia operacional en las organizaciones", afirma Valenzuela.
La brecha digital
El estudio revela, además, un contraste significativo entre la convicción tecnológica de las jefaturas y la adopción real de herramientas avanzadas de automatización. El 53% de los ejecutivos expresa una alta confianza en el potencial de la tecnología para optimizar las tasas de recuperación de activos. Sin embargo, la persistencia de metodologías analógicas y herramientas tradicionales sin integración limita el recupero de las deudas en la fase judicial.
Esta brecha de automatización, indica Granda, “se traduce en bajas tasas de recupero efectivo cuando los procesos de cobro ingresan a la esfera de los tribunales civiles de justicia”. De acuerdo con los hallazgos, el 31% de las organizaciones alcanza un promedio de recuperación de entre el 51% y el 75% de sus activos en la etapa judicial. En el extremo opuesto, sólo un 3% de las empresas declara tasas de éxito superiores al 75% una vez que la causa ingresa a tramitación judicial, reflejando el desgaste que sufren los procesos de cobro.
En cuanto a los obstáculos, las organizaciones identifican la lentitud procesal del sistema de tribunales como el principal freno externo, con un 56% de las menciones. A esa demora se suma el impacto del trabajo administrativo manual a nivel interno, señalado por un 21% de las empresas como el segundo mayor problema para elevar la eficiencia. Ambas dificultades operativas explican por qué el 70% de las gerencias prioriza la automatización para acortar tiempos y aumentar los montos recuperados, enfocando su urgencia de digitalización en la producción automática de escritos judiciales y documentos legales.
"Las plataformas de automatización con analítica integrada permiten estructurar la información del portafolio civil de forma automatizada, ayudando a las corporaciones a transitar de una administración reactiva a un control preventivo sustentable", sostiene Granda, quien concluye que el 77% de las organizaciones mantiene bajo evaluación o ya decidió modificar su modelo operativo durante los próximos doce meses, abriendo una ventana de transformación digital para la industria de la cobranza judicial en el país.