La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) formuló cargos contra la Municipalidad de Cerro Navia luego de la investigación realizada tras el accidente fatal de origen eléctrico ocurrido el pasado 16 de julio en dicha comuna.
En la investigación se detectaron diversas deficiencias en una instalación de alumbrado público que representaban un grave riesgo para la seguridad de las personas.
La indagación se inició luego del fallecimiento de una persona que sufrió una descarga eléctrica al tomar contacto con una estructura metálica ubicada junto a un paradero del transporte público emplazado en Avenida La Estrella, hecho que motivó una fiscalización técnica de la SEC al lugar.
Producto de dicha inspección, los profesionales del organismo detectaron que la instalación presentaba diversas transgresiones a la normativa vigente, entre ellas la ausencia de protección diferencial, la inexistencia de puesta a tierra, la falta de la correspondiente declaración eléctrica TE-2 y, además, una conexión directa e irregular a la red de baja tensión de la empresa distribuidora, condición que permitió la energización de elementos metálicos accesibles al público.
Tras estos estos antecedentes, la SEC formuló cargos a la Municipalidad de Cerro Navia por no mantener la instalación eléctrica en condiciones de seguridad, incumpliendo las obligaciones establecidas en la legislación y normativa técnica vigente.
Asimismo, el organismo ordenó la normalización de las deficiencias detectadas e inició el correspondiente procedimiento administrativo sancionatorio.
La superintendenta de la SEC, Marta Cabeza, señaló que “la seguridad de las personas debe ser siempre la principal prioridad de quienes son responsables de instalaciones eléctricas. Cuando una instalación no recibe la mantención adecuada o presenta condiciones inseguras, pueden generarse situaciones de alto riesgo que, eventualmente, podrían derivar en consecuencias irreparables. Precisamente por ello, la normativa establece exigencias estrictas que deben cumplirse en todo momento”.
Agregó que “la normativa eléctrica establece obligaciones permanentes de inspección, mantención y conservación de estas instalaciones. Nuestro deber es fiscalizar su cumplimiento y, cuando detectamos incumplimientos que puedan representar un riesgo para las personas, ejercer todas las facultades que la ley nos entrega para exigir su corrección y establecer las responsabilidades administrativas que correspondan”.