El diputado PS, Raúl Leiva, se refirió este jueves al dictamen de la Contraloría que confirmó que la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert, excedió sus atribuciones, afirmando que la secretaria de Estado actuó fuera del marco legal y vulneró el principio de abstención de una causa abierta y en investigación.
“La Contraloría ha sido categórica: la exministra Steinert actuó fuera del marco legal y vulneró el principio de abstención al involucrarse en una causa que ella misma dirigió como fiscal. Esto no es un tecnicismo, es una infracción grave al Estado de derecho”, dijo.
Agregó que “lo que hizo fue gravísimo: solicitó la individualización de funcionarios de la PDI que participan en una investigación sensible como el caso 'Clan Chen', poniendo en riesgo su identidad y afectando una investigación penal en curso. La propia Contraloría señala que estos requerimientos exceden las atribuciones de un ministro de Seguridad y que debió abstenerse por su evidente conflicto de interés”.
“No se trata de un error menor. Es una desviación de poder, una transgresión al principio de juridicidad y un uso indebido de sus funciones para fines personales. Quien debía proteger a las policías y conducir su accionar, terminó exponiendo a sus propios funcionarios”, precisó.
“Por eso, como bancada del Partido Socialista, vamos analizar los alcances de este dictamen y perseguiremos todas las responsabilidades políticas y administrativas que correspondan, sin descartar ninguna de las herramientas que la Constitución nos entrega”, señaló.
La acciones de Leiva
La Contraloría acogió de esta forma el requerimiento presentado por Leiva y emitió un pronunciamiento que confirma las “graves infracciones” cometidas por la exministra Steinert, en el marco del oficio reservado N° 28 enviado al director general de la PDI el pasado 13 de marzo.
El pasado 26 de marzo, Leiva ofició a la CGR para que controlara la legalidad del oficio reservado que Steinert envió a la PDI a menos de 48 horas de asumir el cargo.
En dicho documento, la entonces secretaria de Estado solicitaba información detallada sobre funcionarios de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (BRIANCO) de Tarapacá que participaron en la investigación del “Clan Chen”, incluyendo fundamentos de sus traslados y eventuales antecedentes disciplinarios.
En el dictamen se señala que “se debe tener presente que los requerimientos de información se refirieron a personal perteneciente a una dependencia policial que apoyaba la labor investigativa que encabezaba la propia ex Secretaria de Estado en su anterior desempeño, lo que se debe considerar al tenor del deber legal de abstención que, respecto de su cargo público previo, aquella debía observar. Sobre este punto, cabe recordar que esta Entidad Fiscalizadora ha sostenido de manera reiterada que los/las Ministros/as de Estado, aun cuando no se encuentran afectos al régimen disciplinario estatutario propio de los funcionarios públicos, están sujetos al señalado deber de abstención”.
Así, la CGR ha señalado que “la actuación de la ex Ministra Steinert excede la facultad general de requerir informes conferida por el artículo 6° letra l) de la aludida ley, en cuanto dichos informes planificación de sus funciones y atribuciones, debiendo observarse, además, que la propia norma establece que ni aun de manera reservada o secreta pueda usarse tal facultad, cuando afecte o pueda afectar el desarrollo de una investigación en curso”.
“En efecto, no se advierte de qué manera los requerimientos específicos aludidos en la especie, puedan enmarcarse en las hipótesis legales que habilitan a la autoridad ministerial para efectuar este tipo de solicitudes, las cuales, conforme a la normativa vigente, deben estar destinadas, entre otros aspectos, a planificar, diseñar, monitorear, coordinar, supervigilar y evaluar el cumplimiento de los objetivos establecidos en las políticas, planes y programas de seguridad que define dicho MSP”, menciona el dictamen.