Por: Angélica Muñoz Anguita, Mg. Psicóloga Infanto-Juvenil UC
En Chile, el título profesional de psicólogo habilita legalmente para ejercer atención clínica, sin que sea obligatorio contar con una especialización en psicología clínica ni, menos aún, con formación específica en infancia y adolescencia para atender a niños, niñas y adolescentes.
Tampoco existe, desde el punto de vista normativo, una distinción formal entre el título de psicólogo y el de psicoterapeuta, como sí ocurre en diversos países donde el ejercicio clínico requiere acreditaciones adicionales, formación específica y supervisión continua.
Aunque muchas instituciones solicitan antecedentes de experiencia y formación, estos requisitos dependen de criterios internos y no de una regulación nacional que garantice estándares mínimos de acreditación para ejercer en la clínica infantojuvenil.
La urgencia de esta discusión se hace evidente al observar la grave situación actual de la salud mental infantojuvenil.
El Informe Anual 2025 de la Defensoría de la Niñez y el Diagnóstico 2025 sobre la situación de derechos de niños, niñas y adolescentes advierten un deterioro sostenido en el bienestar emocional de la infancia y adolescencia en Chile.
Asimismo, los hechos que hemos observado recientemente en establecimientos educacionales reflejan la urgencia no sólo de priorizar la salud mental de niños, niñas y adolescentes, sino también de asegurar que quienes ejercen esta labor en los espacios clínicos cuenten con la formación y las competencias necesarias.
En este contexto, miles de familias depositan en el terapeuta una enorme cuota de confianza en el espacio terapéutico, asumiendo que su título profesional garantiza una formación especializada y las competencias necesarias para el trabajo clínico infantil, aunque esto no sea así.
En la práctica, aunque algunas instituciones cuentan con lineamientos internos que consideran la experiencia o la formación de los postulantes, estos criterios no son uniformes ni se encuentran regulados a nivel nacional.
En el ejercicio particular, la situación es aún más compleja ya que cualquier persona que posea el título de psicólogo puede ofrecer atención clínica y psicoterapia a niños, niñas y adolescentes sin necesidad de acreditar formación específica en psicología clínica o en salud mental infantojuvenil.
La elección del profesional queda entonces entregada, en gran medida, a la confianza de las familias, quienes no siempre disponen de toda la información para distinguir entre distintas trayectorias formativas y niveles de especialización.
En países como Estados Unidos, Reino Unido, Australia y otras naciones, el ejercicio de la psicoterapia clínica cuenta con sistemas de acreditación y regulación que exigen formación especializada, experiencia supervisada y desarrollo profesional continuo, especialmente cuando se trabaja con niños, niñas y adolescentes.
En Chile, existen mecanismos de certificación de especialidades clínicas, sin embargo, estas certificaciones son voluntarias, no constituyen un requisito legal para ejercer y, en la práctica, no se han consolidado como un estándar ampliamente reconocido ni exigido por las instituciones ni el Estado.
Más que crear necesariamente un sistema nuevo, el desafío podría consistir en fortalecer y formalizar las herramientas ya existentes, ya sea mediante un mecanismo de acreditación regulado por el Estado y respaldado por ley, o bien otorgando mayores atribuciones y reconocimiento institucional a organismos técnicos y gremiales, como el propio Colegio de Psicólogas y Psicólogos, para que sus procesos de certificación cuenten con estándares transparentes, periódicos y fiscalizables.
La formación académica, sin embargo, no es el único aspecto relevante.
El trabajo clínico con niños y adolescentes moviliza y afecta al terapeuta y exige supervisión constante, especialmente en los primeros años de ejercicio.
Por ello, diversos modelos de formación en psicoterapia consideran como elementos centrales la terapia personal, la supervisión clínica y la evaluación continua de la idoneidad profesional. No se trata de estigmatizar a quienes ejercen, sino de reconocer que la salud mental del terapeuta constituye también una condición esencial para brindar una atención segura y de calidad. Una responsabilidad de esta magnitud no puede quedar entregada únicamente a la ética individual, a la buena voluntad de cada profesional o a los estándares internos de algunas instituciones. Se requiere de contar con un marco institucional a nivel nacional y regulado que establezca criterios objetivos y verificables.
Así como existen certificaciones y controles en otras áreas de la salud, resulta razonable que el trabajo psicoterapéutico con niños y adolescentes cuente con estándares mínimos de formación especializada, supervisión clínica y resguardos de idoneidad profesional.
Avanzar hacia una regulación del ejercicio clínico con niños, niñas y adolescentes no implica desconfianza hacia los psicólogos, sino un compromiso con la protección de quienes más dependen del criterio y la preparación de los adultos. Porque cuando se trata de la salud mental de un niño, no basta con tener un título profesional.
Garantizar que quienes los atienden cuenten con formación especializada en psicoterapia, supervisión clínica y respaldo institucional ya no es sólo una aspiración gremial, sino una exigencia ética y una responsabilidad como país.