El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, descartó que se obligue a “reportar” o “denunciar” a migrantes irregulares por parte de funcionarios de establecimientos de salud o colegios.
En el programa Estado Nacional de TVN, explicó que la PDI ha expresado dificultad en poder materializar procedimientos de expulsión, debido a que a veces cuesta notificar al migrante y eso se logra con una denuncia, autodenuncia, algún trámite en Isapre o Fonasa donde se dejan los datos.
“Los procedimientos no son rápidos en el Estado en general, por eso que este proyecto es muy importante, queremos apurar las expulsiones”, afirmó.
Explicó que “una persona a usted le notifica que se ha iniciado contra ella un procedimiento de expulsión. Hay espacio para presentar descargo, y cuando yo voy a materializar, la persona no está. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto permite ejecutar una cosa evidente, que es notificar muchas veces las órdenes de expulsión”.
Sobre lo planteado por la ministra Chomalí, Pavez sostuvo que “esta indicación está en el contexto de un proyecto de ley que se aprobó en la Cámara de Diputados prácticamente por unanimidad. El proyecto se titula 'Mejorar procedimientos de expulsión'”.
“Entonces, la primera pregunta que tenemos que hacernos todos en el mundo político es si queremos o no queremos facilitar los trámites para expulsar a las personas. Eso es lo primero. Si queremos, tenemos que dotar de herramientas concretas”, precisó.
Aclaró que “es importante transmitirle al país que esta esta es una norma necesaria para materializar, no solamente un compromiso de campaña, algo que todos los candidatos dijeron que hay que ordenar nuestra casa en materia migratoria”.
“La ministra de Salud ha levantado una preocupación que es legítima, que nosotros compartimos y respecto de la cual adherimos”, afirmó.
Pavez explicó que “la copia, la transcripción textual de la entrevista a la ministra de la ministra Chomali, no se opone en nada a lo que está proponiendo el Gobierno en este proyecto, que es lo que dijo el Presidente en Atacama. Esta norma que estamos comentando acá no tiene otro efecto que hacer algo que, por ejemplo, la Fiscalía puede hacer en materia de persecución penal”.
Apuntó que no existe una obligación de reporte de migrantes: “jamás en la indicación ha habido una obligación distinta que, cuando la autoridad migratoria para materializar un proceso específico respecto a una persona requiere un dato de contacto, un teléfono, un correo, para entregarle una notificación, las personas pueden responder. Entonces, ¿qué es lo que dice la ministra? 'Nos preocupa que no se le va a negar la atención de salud a nadie', eso jamás ha estado en discusión”.
“Hay una convicción de que todas las materias sanitarias, educacionales, no se va a afectar por el mérito de esta indicación, su oferta y su despliegue, y en ningún caso, por favor, que quede muy claro, existe una obligación de reportar o denunciar. Aquí lo que nosotros queremos es tener un dato de contacto para una notificación”, precisó.