La subsecretaria de la Segpres, Constanza Castillo, dio a conocer este lunes un nuevo informe del Comité de Auditoría y Revisión Fiscal que impulsa el Presidente José Antonio Kast, dando cuenta que se detectaron alertas que significan recursos públicos por US$9.200 millones, dejando en claro que estas no son las únicas que se descubrieron.
Dicha cifra significa que existe un riesgo fiscal, por lo que se instruyeron investigaciones en cuatro organismo públicos por “irregularidades”.
Sin embargo, aclaró que “esto no implica necesariamente existencia de fraude. Acá existen distintos tipos de situaciones: errores, incosistencias, mala gestión, debilidades estructurales de control, ineficiencias graves y en algunos casos específicos, antecedentes que eventualmente podrían configurar irregularidades o, incluso, hechos de relevancia penal”.
Castillo agregó que se han detectado “rendiciones bajas respecto de lo pagado, entidades receptoras de fondos públicos sin inscripción en el Registro Central de Colaboradores del Estado, compras ágiles repetidas al mismo proveedor el mismo día, hitos contractuales incumplidos, subejecución presupuestaria superior al 30%, licencias médicas sin recuperación del subsidio y concursos públicos desiertos”.
Ejemplos de alerta
La subsecretaria dijo que uno de los ejemplos se relaciona a la deuda traspasadda al nuevo gobierno, indicando que “los hallazgos corresponden a la postergación de pagos desde el 2025 al 2026, por aproximadamente US$3.200 millones, lo que equivale a casi un 1% del PIB”.
“Esta postergación corresponde al nivel más alto detectado en los últimos traspasos presidenciales. El monto casi triplica lo traspasado en el gobierno de Michelle Bachelet a Sebastián Piñera, y prácticamente duplica lo traspasado en el gobierno de Sebastián Piñera a Gabriel Boric”, señaló.
Precisó que “esta situación afecta las cuentas del Gobierno, por cierto, pero no es un número distante, afecta directamente a los chilenos por la postergación en el pago de proveedores en programas sociales, en servicios de salud, en temas de alimentación escolar, y a casi 10 mil Pymes que fueron proveedoras del Estado y a las cuales en el 2025 se decidió no pagarles”.
La segunda alerta fue por las “compras directas”, mencionando que “se identificaron US$3.170 millones en compras realizadas mediante trato directo o compra ágil en contexto donde podrían haberse utilizado mecanismos competitivos”.
“Se trata de mercados donde sí existía una oferta suficiente para poder hacer compras a través de licitaciones, donde donde se podría haber planificado dichas compras”, aclaró.
Otra alerta es por licencias médicas, precisando que el problema radica en que “hay cerca de US$150 millones pendientes de recuperación por deficiencias en la gestión de cobro por parte de la administración anterior”.
Investigaciones particulares
Otra decisión del Comité fue el de instruir investigaciones particulares y derivaciones de casos de hallazgo a los organismos competentes como la Contraloría, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) o el Ministerio Público.
Las entidades indagadas serán Junaeb por posibles irregularidades en licitaciones del Plan de Alimentación Escolar, Ministerio de la Mujer, específicamente el Servicio Nacional de la Mujer (SernamEG) y la fundación Prodemu, por ineficiencia y falta de control de recursos públicos; el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones donde se detectaron graves problemas de control financiero, rendiciones pendientes y no cobre de multas y garantías; y la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile (ANID) del Ministerio de Ciencia donde se detectó altos niveles de rendiciones rechazadas y recursos pendientes de rendición.