La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, reconoció la crisis que atraviesa el Poder Judicial, afirmando sentir “vergüenza” por lo ocurrido en los últimos años, llamando a los jueces a subordinar sus intereses particulares al bien común de todos los ciudadanos.
“Hemos atravesado una crisis, eso es indudable. Los acontecimientos ampliamente conocidos son de una gravedad sin precedentes. Nos avergüenza, nos genera conmoción y dolor”, indicó.
Admitió que esta situación resiente el ánimo de miles de funcionarios del Poder Judicial “frente a una sociedad cuya confianza ha sido defraudada”.
“Así como nadie puede dudar de la enorme gravedad de los hechos conocidos, cuyo impacto aún se encuentra en desarrollo, tampoco se puede desconocer que han operado los mecanismos institucionales para ponerles fin y excluir de la función jurisdiccional a quienes han traicionado los principios básicos de la probidad”, sostuvo.
Señaló que en el Poder Judicial reaccionó con la ejecución de procesos que han contribuido al esclarecimiento y sanciones que han culminado con la “desvinculación de algunos integrantes de la judicatura”.
“En otros casos, fue el Congreso el que, conociendo de los mismos, adoptó los procedimientos y decisiones propias previstas por la Constitución”, afirmó la presidenta de la Suprema.
Chevesich hizo especial hincapié en el tema de la oportunidad de la respuesta jurisdiccional, que será otro de los ejes de su gestión, por lo que está en desarrollo un plan de trabajo.
Revisión de formación de abogados y abogadas
La magistrada anunció que el Pleno de la Suprema convocará a una instancia de trabajo para analizar la formación y requisitos para la entrega de título de nuevos abogados y abogadas como parte de una visión ética más amplia.
“Advierto con optimismo que la conmoción que ha generado la crisis abre una ventana de oportunidad para abordar la ética profesional con una visión amplia, en que puedan participar otros actores vinculados con la formación y ejercicio de la profesión jurídica”, apuntó.
“El Pleno de este tribunal acordó convocar a una instancia de trabajo interinstitucional para elaborar un diagnóstico y presentar propuestas, a la que invitaremos a instituciones académicas, al Colegio de Abogados, a la Academia Judicial y al Ejecutivo”, anunció.
Colaboración con otros poderes
Reconoció que el mejoramiento de la confianza ciudadana en la labor de los tribunales es deseable, pero que debe ser acompañada por otros poderes del Estado.
“Por una parte, resulta difícil soslayar la creciente tendencia a judicializar conflictos de naturaleza predominantemente social o política. No se trata, en modo alguno, de propiciar espacios exentos de control jurisdiccional, pues todo conflicto que revista relevancia jurídica debe poder ser sometido al conocimiento de los tribunales en un Estado de Derecho”, mencionó.
Apuntó que “el fenómeno inverso —esto es, la activación temprana o primaria de la jurisdicción respecto de estas controversias que no han agotado instancias deliberativas, administrativas o regulatorias previas— tensiona indebidamente el sistema judicial, cuyo diseño institucional está orientado a resolver en forma definitiva disputas de este tipo que suponen el agotamiento de etapas previas”.
“El sistema de justicia involucra a múltiples actores. Si alguno de estos eslabones falla o funciona de manera deficiente, la promesa del acceso a la justicia se convierte en una declaración retórica y las personas perciben, con razón, que no se las protege”, sostuvo.
