La Contraloría de Tarapacá detectó deficiencias operativas, de infraestructura y sistemas tecnológicos destinados al control de personas, mercancías, divisas y sustancias ilícitas inoperativas en el Paso Fronterizo de Colchane.
La contralora Dorothy Pérez junto a la contralora Regional de Tarapacá, Paula Vera; fiscalizaron el puesto fronterizo.
El propósito fue revisar el funcionamiento del Plan Frontera Segura, el Programa de Despliegue de las Fuerzas Armadas en la zona.
Además, de verificar la administración de los complejos fronterizos para revisar las condiciones operativas y de infraestructura del Paso Fronterizo, entre otras materias.
Debilidades detectadas
El informe identificó numerosas debilidades que implican riesgo para la seguridad y control de la zona.
Advirtió la ausencia de unidades especializadas, ya que ni la PDI ni el Servicio Nacional de Aduanas cuentan con equipos técnicos para enfrentar delitos vinculados al tráfico ilícito de drogas.
También se detectó dotación de personal insuficiente, ya que el complejo opera con menos funcionarios de la PDI en Policía Internacional de los requeridos y con presencia limitada de Carabineros.
Adicionalmente, se verificó el paso irregular de personas por el denominado “Paso Ancestral” entre Pisiga (Bolivia) y Colchane (Chile).
Además, se constató que la malla que delimita la frontera presenta deterioro.
Equipos fuera de servicio
La inspección de la CGR también observó que el Body Scan de la PDI, una máquina de rayos X y el incinerador del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) están inoperativos, sin gestiones para su reposición, lo que debilita los controles.
Asimismo, el único camión scanner de Aduanas revisa un promedio de 16 camiones diarios, sin un registro que respalde los criterios de selección.
Acciones instruidas
La Contraloría ordenó a la PDI acreditar la operatividad del Body Scan y asegurar presencia permanente de la Brigada Antinarcóticos.
Igualmente, Aduanas deberá aumentar la frecuencia de fiscalización, junto fortalecer y optimizar el uso del camión scanner.
Otras de las acciones implican que el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) deberá garantizar el funcionamiento del incinerador y mejorar procesos.
Finalmente, la Delegación Presidencial deberá coordinar la reposición de equipos y reforzar infraestructura crítica.
