La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) formuló cargos contra seis eléctricas que no respondieron llamados de electrodependientes durante el megacorte de 2024.
De esta forma, la SEC fue en contra de CHILQUINTA, ENEL COLINA, FRONTEL, LITORAL, LUZ LINARES y SAESA.
Tras una investigación se pudo determinar que al menos 57 clientes electrodependientes realizaron llamados, al estar sin suministro, los que no habrían sido atendidos por las empresas.
Es así que infringieron la Ley para este tipo de pacientes, la que establece que las compañías deben contar con canales preferentes de atención para ellos.
Detalle de pacientes
El detalle de los pacientes electrodependientes que no habrían podido contactarse con las empresas es el siguiente:
LITORAL y CHILQUINTA, 13 clientes cada una; ENEL COLINA, 10 clientes; SAESA, 8 clientes; FRONTEL, con 7 clientes; y LUZ LINARES, con 6 clientes.
Del mismo modo, se pudo establecer que estos 57 clientes, habrían intentado comunicarse con su empresa, en 238 ocasiones, en total, lo que demuestra la recurrencia de este problema.
Este hecho se suma a la reformulación de cargos, de marzo de este año, contra ENEL.
Se redefinieron tres cargos: primero, que no habría entregado los equipos de respaldo requeridos a los pacientes electrodependientes registrados.
Segundo, que las llamadas de los tutores y familiares de electrodependientes no habrían sido atendidas.
Tercero, que la empresa no habría priorizado el restablecimiento del servicio que la ley obliga para el domicilio declarado donde residen este tipo de pacientes.
Riesgo vital
La superintendenta Marta Cabeza, sostuvo que “el hecho de que las empresas no atienda los llamados de los tutores de pacientes electrodependientes es un hecho grave”.
Explicó que la gravedad radica en que “cuando se corta el suministro hay una situación de riesgo vital, que las empresas eléctricas deben prever”.
La titular del organismo fiscalizador añadió que se continuará fiscalizando y monitoreando las respuestas de las empresas en medio de cortes de suministro.
Las sanciones pueden llegar hasta las 10 mil UTA para cada empresa, aunque el monto final de cada multa, dependerá del mérito de la respectiva investigación.
