La Corte Suprema declaró este lunes admisible el requerimiento presentado por las bancadas oficialistas para la remoción del fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, quien dirige la investigación penal contra la diputada Karol Cariola (PC) por presunto tráfico de influencias.
Dicha solicitud fue ingresada el pasado lunes de manera online por los parlamentarios y se basa en supuestas negligencias cometidas por el persecutor durante el desarrollo de la causa.
La ministra María Soledad Melo, vocera del máximo tribunal, dio a conocer que tras revisar los antecedentes, la Corte concluyó que «se cumplen con los requisitos formales establecidos en el artículo 53, inciso segundo, de la ley 19.640», por lo que la solicitud fue declarada admisible y ahora seguirá su curso procesal.
Informó luego que, «consecuentemente, y en atención a lo decidido, se remiten los antecedentes al señor presidente para que dicte las resoluciones que correspondan. Posteriormente, se deberá dar traslado de la solicitud y designar al ministro que tomará la audiencia de prueba ofrecida por las partes en la tramitación de la causa».
Denuncias contra Patricio Cooper
La solicitud de destitución presentada por los diputados oficialistas se sustenta en una serie de cuestionamientos hacia el actuar del fiscal Patricio Cooper, en particular por el allanamiento al departamento de la diputada Cariola mientras la parlamentaria daba a luz a su primer hijo.
El documento presentado ante la Corte Suprema por los legisladores oficialistas consta de tres capítulos. Los dos primeros abordan fundamentos constitucionales que justifican la acción parlamentaria, mientras que el tercero expone los hechos concretos que configurarían la causal de negligencia que, a juicio de los requirentes, justificaría la remoción del fiscal Cooper.
Próximos pasos
Con la admisibilidad del requerimiento, la Corte Suprema deberá ahora designar a un ministro instructor para llevar a cabo la audiencia de prueba, en la que las partes podrán presentar sus argumentos y evidencia para sustentar sus posiciones.
El proceso contempla que, una vez realizada esta etapa, el Pleno de la Corte Suprema tome una decisión definitiva respecto de la eventual remoción del fiscal Cooper.
