A días que empiece a regir la ley marco de Ciberseguridad, promulgada en abril del año pasado, el director de Ciberseguridad de PwC Chile, Claudio Ordoñez, sostuvo que esta ley “constituye un avance fundamental en la protección de los sistemas y datos críticos de empresas e instituciones y las instó a perfeccionar todos sus sistemas de seguridad”
Aseguró que la implementación de la norma constituye un enorme desafío, por lo tanto, “mientras antes las empresas inicien su proceso de adaptación mejor preparadas estarán respecto de otras que aún no actualizan sus políticas de seguridad y de mejor manera responderán ante eventuales ataques cibernéticos”.
ANCI
Así, la Ley crea la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI), un organismo encargado de regular, fiscalizar y sancionar a todos los organismos públicos y privados que presten servicios esenciales (SE), entendidos como aquellos que resultan fundamentales para el funcionamiento del país y la calidad de vida de la sociedad.
También se incluye en un segundo grupo a los Operadores de Importancia Vital (OIV), que son aquellas instituciones o empresas que, prestando un servicio esencial, dependen de la tecnología y que su eventual afectación podría tener un impacto significativo en la provisión continua y regular de los SE.
“Así, los SE y OIV deben estar bien preparados ante un eventual ataque cibernético. Para ello, al menos, deberían gestionar las actualizaciones de sus tecnologías, sean nube, móviles u otras; aislar las redes para evitar propagaciones de malwares; contar con agentes de protección y monitoreo, con una buena cobertura y actualizados; y mantener a los empleados sensibilizados de los riesgos de ciberseguridad”, explicó el director de Ciberseguridad de PwC Chile.
Indicó, además, que en caso de incumplir la norma, las empresas arriesgan multas que van de las 5 mil a las 20.000 UTM, que pueden llegar incluso, a las 40.000 UTM en el caso de los Operadores de Importancia Vital (OIV).
Con esto, “Chile se alinea a políticas de estándar internacional y como la ley empieza a regir en marzo de este año, ya no hablamos de una opción, sino una obligación”, finalizó Ordoñez.
