Las diputadas de oposición, Karen Medina y Carla Morales, pidieron en una carta al Presidente Gabriel Boric tomar medidas urgentes y transparentes tras la revelación de graves irregularidades en la ejecución de los contratos de alimentación escolar en la región de O’Higgins.

La Contraloría General informó que la empresa encargada del servicio entregó solo 284 de las 796.043 raciones comprometidas, a pesar de haber recibido más de $3.554 millones por dicho servicio.

Las peticiones

El informe de Contraloría destaca serias fallas administrativas en la licitación pública de 2020, señalando la falta de márgenes de precios adecuados que permitieron distorsionar los costos. Aunque la actual administración de Junaeb ha implementado restricciones y bandas de precios en licitaciones posteriores, las irregularidades detectadas han generado gran preocupación entre las parlamentarias.

En su misiva, las diputadas exigen que el Gobierno adopte medidas inmediatas para garantizar la rendición de cuentas y prevenir nuevas irregularidades en el uso de los recursos públicos.

Entre las acciones solicitadas se destaca la necesidad de instar a la Fiscalía a investigar posibles responsabilidades penales, enfocándose en la malversación de fondos públicos.

Asimismo, piden que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) evalúe la interposición de querellas por esta falta de transparencia.

Mineduc y Junaeb

También exigen al Ministerio de Educación y a Junaeb la implementación de mecanismos de control más estrictos, como auditorías externas periódicas y un sistema de seguimiento efectivo de la entrega de raciones.

Las parlamentarias, además, promueven una reforma legislativa que asegure mayor transparencia y eficiencia en la adjudicación de contratos públicos y la renuncia inmediata de los responsables.

“La gravedad de este caso requiere una respuesta contundente del Estado. No podemos permitir que el abuso de recursos públicos siga perjudicando a los niños y jóvenes más vulnerables del país”, expresan las diputadas.

Las parlamentarias enfatizaron que la confianza en las instituciones se ve seriamente afectada cuando hechos de esta magnitud no son sancionados de manera ejemplar.

Por tal motivo, insistieron en la urgencia de tomar acciones concretas para evitar que situaciones similares se repitan y garantizar que los recursos destinados a la alimentación escolar cumplan su verdadero propósito.